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Por qué gratuidad en la Educación Pública

por 3 julio, 2012

Por qué gratuidad en la Educación Pública
De todo el ingreso que genera el país en un año, sólo un 0,3% es para educación superior, lo que está muy por debajo de lo que gastan los países de alto desarrollo. Por ejemplo, en esos países, se gasta 5 veces más en educación superior de lo que se gasta en Chile. El Estado de Chile es el que menos invierte en educación en el mundo, dejando esta responsabilidad en la familia, a merced del mercado y de empresas-universidades que lucran con el gasto de las familias.
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Uno de los pilares de la propuesta Para una gran reforma al sistema educacional chileno es que la educación sea estructurada en base a un nuevo sistema nacional de educación pública gratuita.

La razón es porque el cobro a las familias es incompatible con el derecho a la educación (Valenzuela, 2012). El Estado paga a sus ciudadanos educación porque de este modo se logra que, en lo que se refiere a educación, cada uno contribuya de acuerdo a sus capacidades y reciba de acuerdo a sus necesidades. Se trata de que la diferente cantidad de dinero que cada uno tiene no sea la medida en la que cada uno recibe educación. Al pagar el Estado (lo que quiere decir: todos, porque los recursos del Estado son recursos de todos), se rompe el vínculo entre lo que cada uno puede pagar y lo que cada uno puede recibir. De este modo se asegura que la educación que cada uno recibe sea aquella al que, como ciudadano, tiene derecho (Atria, 2012). Por lo tanto se evita la posibilidad de que algún ciudadano no tenga acceso a estudiar debido a la imposibilidad de pagar.

Por eso la necesidad de que sea gratuito, pues al ser un derecho, todos pueden/deben recibir educación pública, independiente de cuánto pueda pagar. Esto no implica el fin de la educación privada y su reemplazo por la provisión puramente estatal como se tiende a pensar. La cuestión no es quien educa, sino cuál es el criterio conforme al cual se determina qué educación recibe cada uno. No hay alguna exclusión en principio de la educación privada.

El Estado, en tanto representante de la sociedad, habiendo suscrito el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas, y habiendo consagrado en su Constitución el derecho a la educación, se convierte por ello en garante de este derecho. Sin embargo, en los hechos, este se encuentra gravemente vulnerado.

En Chile, la educación superior es la más cara del mundo. En comparación a los países de alto desarrollo (OCDE), el costo de la educación universitaria chilena es una porción muy mayor del ingreso disponible por persona, y a nivel de los países latinoamericanos no tiene comparación, dado que los Estados de estos países aseguran la educación gratuita (Claude, 2011). En Chile, el 84% de los gastos en educación superior son asumidos por la familia y sólo un 16% por el Estado.

En Chile, la educación superior es la más cara del mundo. En comparación a los países de alto desarrollo (OCDE), el costo de la educación universitaria chilena es una porción muy mayor del ingreso disponible por persona, y a nivel de los países latinoamericanos no tiene comparación, dado que los Estados de estos países aseguran la educación gratuita (Claude, 2011). En Chile, el 84% de los gastos en educación superior son asumidos por la familia y sólo un 16% por el Estado. Esto tiene como consecuencia un sobre endeudamiento de la población estudiantil y sus familias.

Actualmente, el Estado de Chile gasta, según la información oficial de la Dirección de Presupuesto, aproximadamente 10 mil millones de dólares en educación, lo que representa un 3,3% del PIB. En cuanto a la educación superior, de todo el ingreso que genera el país en un año, sólo un 0,3% es para educación superior, lo que está muy por debajo de lo que gastan los países de alto desarrollo. Por ejemplo, en esos países, se gasta 5 veces más en educación superior de lo que se gasta en Chile. El Estado de Chile es el que menos invierte en educación en el mundo, dejando esta responsabilidad en la familia, a merced del mercado y de empresas-universidades que lucran con el gasto de las familias.

Existen varias vías para financiar una educación superior pública gratuita, basta sólo de voluntad política para implementarlo. La primera vía es mediante una reforma tributaria, en la cual se podría abogar por traspasar recursos provenientes de los recursos naturales, por ejemplo con un aumento del royalty al cobre. Sólo basta señalar que en el año 2011, las empresas mineras privadas estimaron obtener de ganancias por sobre los 35 mil millones de dólares, es decir, 3 veces más la inversión del Estado en educación.

La segunda vía es bajo la eliminación del FUT (el cual ya no tiene fundamentación para su existencia hoy en día), lo cual generaría un ingreso presupuestario enorme, del cual se podría derivar recursos para financiar una eventual educación superior pública gratuita.

Una tercera vía es mediante un impuesto específico a la educación superior, así como existen los impuestos específicos al combustible para quienes consumen este bien, o impuesto al cigarrillo para quienes fuman, podría existir un impuesto específico a la educación superior para financiarlo. Con esto, aquellos egresados que retornan un ingreso superior pagan un impuesto (por tantos años) superior a quienes reciben un ingreso inferior. Lo anterior es progresivo, y no regresivo como tiende a enjuiciarse a la idea de gratuidad en la educación superior.

La educación superior pública gratuita es posible, tiene fundamentos teóricos, es factible de instaurar y permite que nuestro país desarrolle mejores estrategias de desarrollo para lograr alcanzar un país sin sus principales problemas actuales: la pobreza y desigualdad en distribución de ingresos.

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