Opinión
Estructurar un modelo de libre mercado para promover el acceso masivo a la educación superior atendiendo exclusivamente a los “retornos privados” asociados, y promover eso como indicador de desarrollo a la vez que como motor de movilidad social, es construir otra de las tantas promesas rotas de la modernidad, esta vez encarnada en el derecho a educarse.
Los actores políticos institucionales defienden el actual sistema de educación superior chileno refiriéndose a la capacidad de expansión en la cobertura que ha tenido; es decir, la capacidad para aumentar la cantidad de personas que acceden a sus beneficios. Sobre este hecho se han construido buena parte de los argumentos que sostienen que la educación es principalmente un beneficio privado.
Efectivamente, existen beneficios privados cuando alguien se titula en algún programa de educación superior universitaria. Los datos indican que, en promedio, quien accede a estudios superiores probablemente tendrá mejor salario que quien no, cuestión que justificaría la situación win-win en la que una empresa puede enriquecerse a costa del interés de un joven que aspira a ascender socialmente.
Pueden citarse al menos tres cuestionamientos a este relato:
1. El ingreso a la educación superior en Chile se ha vuelto en la práctica “obligatorio”, por cuanto marca la diferencia a la hora de una buena inserción en el mercado laboral (según los datos de la encuesta CASEN, la diferencia entre tener o no un título es de casi 600 mil pesos). En otras palabras, no tener acceso a un título aumenta enormemente la probabilidad de pertenecer a los deciles más pobres del país. Esto ha propiciado un aumento a destajo de los precios de las credenciales universitarias ante una demanda que no decrece, demostrando la imposibilidad por parte de los ciudadanos de incidir en los precios debido a la alta necesidad de conseguir credenciales en el “mercado” de instituciones superiores.
[cita]expansión del sistema educativo se explica principalmente por el crecimiento que han tenido instituciones privadas no selectivas (aquellas en las que el puntaje PSU de corte es igual o inferior a los 550 puntos), cuestión que les permite —mediante importantes inversiones en publicidad— justificar la creación de nuevas sedes.[/cita]
2. El mercado de la educación chilena posee una marcada diferenciación, que a nivel de las instituciones, se expresa en variables como selectividad, prestigio, precio o régimen de propiedad. A su vez, para los estudiantes esta diferenciación produce verdaderos ghettos perfectamente diferenciados según la capacidad individual (dada por la condición económica de origen —he ahí la trampa—) de sortear barreras de entrada a las universidades. Esto echa por tierra la igualdad de oportunidades que ofrecería la cobertura de la educación superior, que más bien aseguraría el derecho a endeudarse.
En general, esta situación nos habla de una gran cantidad de instituciones que no realizan la promesa de una mejor inserción laboral. En primer lugar, existen altas tasas de deserción (40%, dentro de lo cual más de la mitad corresponde a este tipo de instituciones), se imparten programas educativos con nula posibilidad de desarrollo laboral y todo esto en el marco de un endeudamiento que acompaña a los estudiantes alrededor de diez años.
La noticia es vieja: esta trampa se concentra en los sectores de más bajos recursos que acceden a la educación superior. Efectivamente, la expansión del sistema educativo se explica principalmente por el crecimiento que han tenido instituciones privadas no selectivas (aquellas en las que el puntaje PSU de corte es igual o inferior a los 550 puntos), cuestión que les permite —mediante importantes inversiones en publicidad— justificar la creación de nuevas sedes.
Según cifras entregadas por el Centro de Estudios de la Fech (Cefech), un conjunto de diez instituciones no tradicionales y no selectivas (que en su mayoría son Universidades de gran tamaño y con grupos económicos en sus directorios) acumulan el 51% (168.334 estudiantes) de la matrícula total de las instituciones no tradicionales para el año 2011, captando casi un 44% de los ingresos (770 millones de dólares). Coincidentemente, cinco de esas instituciones son mencionadas por el informe emanado de la cámara de diputados sobre el lucro en instituciones de educación superior.
Un último elemento que grafica la alta segmentación del modelo universitario dice relación con las barreras económicas de entrada a los distintos mundos en la educación superior. Si observamos los precios, el costo promedio por estudiar en universidades no tradicionales selectivas es de $4.290.000, en tanto que para las no selectivas es de $2.487.000. Se observa, además del filtro académico, uno de carácter monetario que genera cierres estamentales o de clase por medio de sus precios, reduciendo sus planteles a sectores acotados. Esto constituye un flaco favor a la integración social tanto de las capas superiores que componen las instituciones caras, como de los nuevos grupos que han tenido acceso a las instituciones de gran expansión (relativamente más baratas), cuestión magistralmente retratada por los dichos que le costaron el puesto al ex decano Boza.
3. Por último, es posible enarbolar un cuestionamiento de carácter más general. La educación, excede con inconmensurables creces el ámbito del retorno privado (mejores salarios), principal justificación del actual modelo. En efecto ella es, entre otras cosas, uno de los elementos constitutivos de las democracias modernas. Sin el desarrollo de las universidades, como sucedió en el Siglo XIX bajo el alero de los estados europeos o el Siglo XX en Latinoamérica, no se puede comprender el desarrollo de las naciones, tanto a nivel de los sectores productivos y económicos que condujeron los diversos procesos de desarrollo y a nivel de las élites políticas que diseñaron y promovieron la secularización y modernización de la organización Estado como ente representativo del bien común. En este sentido, la educación en general y la especializada o terciaria en particular, es producto y productora del desarrollo de un país en su conjunto. Por esta razón, estructurar un modelo de libre mercado para promover el acceso masivo a la educación superior atendiendo exclusivamente a los “retornos privados” asociados, y promover eso como indicador de desarrollo a la vez que como motor de movilidad social, es construir otra de las tantas promesas rotas de la modernidad, esta vez encarnada en el derecho a educarse.
