En un contexto de falta de liderazgo del jefe de Estado, de quiebre de la coalición, de exasperación y desconfianza social, la palabra “traición” comienza a pronunciarse entre quienes hasta hace poco vieron en Humala la esperanza de un genuino proyecto transformador.
Tras la renuncia de Oscar Valdés a la Presidencia del Consejo de Ministros, y a poco de cumplirse el primer año de su mandato, el presidente peruano Ollanta Humala acaba de realizar su tercer ajuste ministerial. La esperada dimisión de Valdés, cuya gestión venía siendo fuertemente cuestionada a causa de su estilo errático y autoritario en el manejo de los conflictos sociales desatados con motivo de la implementación de grandes proyectos mineros, gatilló además la salida de los ministros de Defensa, Interior, Salud, Justicia y Agricultura.
El ex premier Valdés, un ex militar que en su momento reemplazo a Salomón Lerner, un nacionalista de izquierda y antiguo aliado político y amigo personal de Humala sorpresivamente defenestrado a poco andar, ha sido a su vez reemplazado por Juan Jiménez, ex titular de Justicia, hombre con prestigio de pragmático, dialogante y negociador nato, de quien se espera logre contribuir a oxigenar y fortalecer un gabinete prematuramente desgastado y evidentemente mermado de poder efectivo, prestigio e influencia.
Sin embargo, lo políticamente más significativo del ajuste no se relaciona con los ministros que fueron reemplazados, sino que más precisamente con quienes se mantuvieron en sus cargos. Singularmente, con los confirmados y empoderados ministros Luis Castilla, de Economía y Rafael Roncagiolo, de Relaciones Exteriores.
[cita]En un contexto de falta de liderazgo del jefe de Estado, de quiebre de la coalición, de exasperación y desconfianza social, la palabra “traición” comienza a pronunciarse entre quienes hasta hace poco vieron en Humala la esperanza de un genuino proyecto transformador.[/cita]
Como se recordará, con ocasión de la conformación del primer gabinete del presidente Humala, la designación de Castilla a cargo de Economía suscitó todo tipo de controversias y sospechas sobre las verdaderas intenciones presidenciales en materia económica. Las reservas y resistencias provinieron de parte del segmento más doctrinariamente nacionalista y, especialmente, desde el sector izquierdista y progresista de la coalición Gana Perú. Castilla, un hombre de conocidas convicciones neoliberales y de amplias y profundas relaciones entre el gran empresariado peruano, ha debido navegar todo este tiempo en aguas procelosas y en medio de un proceso político enredado y tironeado por derecha e izquierda. En cuyo crispado contexto las permanentes controversias sobre opciones económicas han venido suscitando serios conflictos políticos al interior de la propia base de apoyo político y social presidencial.
La confirmación de Castilla al mando de la economía peruana ha venido a despejar dudas y a desalentar por completo a todos quienes seguían creyendo que todavía era posible que Humala, en cumplimiento de sus promesas electorales, adoptara una política económica que se hiciera cargo de las profundas desigualdades y desequilibrios de la sociedad peruana.
Muy recientemente, los responsables económicos peruanos han corregido al alza las previsiones de crecimiento del PIB peruano para el año en curso, colocándolas en 6%. Con lo cual Perú se convertiría en el país latinoamericano que habrá crecido de modo más vigoroso en el año 2012. Los expertos estiman, por otra parte, que la inflación alcanzara un razonable 2 o 3%, mientras que la tasa de interés se augura, se mantendrá inamovible en un 4,25%, mismo valor que exhibe desde junio del 2011.
Por todos estos guarismos envidiables y auspiciosos, y pese a que la desigualdad y la pobreza siguen siendo constantes abrumadoras, Perú es hoy considerado como un país modélico por su capacidad para sobrellevar exitosamente la crisis económica internacional, expandir y diversificar su comercio y gestionar adecuadamente sus variables macroeconómicas fundamentales. Los índices señalan que Perú ha logrado disminuir la pobreza, bajar el desempleo y, en paralelo, avanzar en la construcción de obras de infraestructura largamente postergadas.
Adicionalmente, Perú ha logrado convertirse en destino preferente de inversión extranjera, recursos que la administración peruana trata de orientar hacia sus proyectos más emblemáticos y estratégicos, como el desarrollo de grandes proyectos mineros. Actividad que representa mas de la mitad de los 52 mil millones de dólares de inversión extranjera autorizada hasta el 2015, y cuyo desarrollo, precisamente hoy, es fuente de agudos conflictos sociales, a causa de las agresivas intervenciones medioambientales que los mismos implican, entre las cuales sobresalen las amenazas de privar de agua a las comunidades indígenas y campesinas.
El presidente Humala, a instancias de los grupos empresariales del sector exportador y minero, se ha implicado personalmente para atraer inversión extranjera que hagan posible los nuevos emprendimientos. Ha visitado la UE con el objeto de incentivar la firma de un Tratado de Libre Comercio, viajado a Japón, para gestionar inversión y visitado Corea del Sur, para tratar sobre transferencia tecnológica y estimular negocios conjuntos.
Todo este despliegue, de obvias connotaciones económicas y comerciales, hace parte de una estrategia de posicionamiento exterior de carácter más general, cuya conducción está a cargo del también confirmado canciller Roncagliolo. Por demás, el único personero de perfil izquierdista que ha logrado sobrevivir al actual ajuste ministerial y los precedentes.
Roncagliolo, contra todo lo que pudo suponerse a priori, ha logrado mantener relaciones activas y armoniosas con los Estados Unidos, tanto en la esfera comercial como en los ámbitos de la Defensa y Seguridad y como resultado, EE.UU. ha incrementado ostensiblemente los recursos de cooperación bilateral con Perú en la lucha contra el narcotráfico, entre otras esferas sensibles.
Con Ecuador, la relación bilateral sigue el curso de robustecimiento que ya acumula casi una década y se traduce en mayores niveles de integración fronteriza y cooperación recíprocas. Con Brasil, mientras tanto, y pese a una serie de contratiempos políticos, entre los que cabe mencionar la adhesión peruana a la Alianza del Pacífico, pese a que previamente había sido descartada, están intactos y activos los proyectos de infraestructura integrada previamente acordados, con énfasis en las cuestiones energéticas.
Sin embargo, y como demostración de que es perfectamente factible que la economía marche por un sendero y la política y el consentimiento social por otro distinto y divergente, y hasta contradictorio, es que Perú ha estado y seguirá probablemente seguirá enfrascado en duras disputas internas sobre la conducción de sus asuntos.
Lo que hoy está a la orden del día son los conflictos sociales y el modo de resolverlos. Con las revueltas ciudadanas se relaciona en último termino el ajuste ministerial, tras el cual se supone que Ollanta Humala intentará una estrategia más moderada y dialogante que la precedente, marcada por la negación y represión de los manifestantes. Respecto al caso de la Mina Conga, Humala ha dicho “primero el agua y después el oro”, y en ambos casos, llamando a no criminalizar las protestas haciendo un reconocimiento a las comunidades campesinas e indígenas en sus identidades y derechos. Sin embargo, y en paralelo, ha amenazado con destituir a los gobernadores electos popularmente que se involucren en conflictos sociales y conminado a los directores de medios de comunicación para que “no sobredimensionen a los opositores”. Mientras emplea a fondo a policías y personal militar en la represión social como una forma de imponer su cuestionada autoridad.
Los gremios empresariales peruanos, a través de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales del Perú, apoyan explícita y entusiastamente a Ollanta Humala, a quien califican de “persona responsable y respetuosa de la democracia”, agregando en referencia a las protestas sociales, que están seguros que no permitirá que “una minoría con pretextos ponga contra la pared el estado de derecho y a todos los peruanos”.
En los últimos meses, el apoyo del presidente Humala experimenta un proceso de deterioro progresivo. Humala comenzó su mandato con un 60% de apoyo, para llegar a un 40% hacia fines de junio pasado. En esta caída, es muy significativo que las encuestas muestren que la pérdida de apoyo más relevante se esté dando entre los sectores más pobres, los mismos que habían constituido la base de apoyo social y político fundamental del presidente y de su esposa Nadine Heredia, a quien se le atribuye una influencia y poder muy significativo, y que las encuestas colocan con un 10% de popularidad por encima de Humala.
La llegada de Ollanta Humala al poder suscitó un cúmulo de expectativas de cambio social. De modo que los pobres del campo y la ciudad, los campesinos e indígenas, los postergados habitantes de las regiones y otros segmentos sociales desvalidos, percibieron el ascenso de Humala al Palacio Pizarro, como la victoria de uno de los suyos. Apelando a la “Gran Transformación” y a la cabeza de Gana Perú, una heterogenia y variopinta alianza táctica, a la que por motivaciones diversas confluyó un abigarrado conjunto de izquierdistas ortodoxos y renovados, socialdemócratas, nacionalistas, políticos por cuenta propia, activistas medioambientalistas, caudillos indigenistas y hasta liberales libremercadistas partidarios de corregir el modelo, el presidente Humala prometió hacerse cargo de las profundas desigualdades sociales y conflictos de todo orden que atenazan al Perú. Para conseguir apoyo popular, Humala candidato fustigó enérgicamente el modelo de economía de mercado, anunció el fin de los privilegios y prometió justicia económica y social proponiendo “crecimiento con inclusión social”. Por razones electorales y a poco andar, a la promesa grandilocuente y radical agregó la expresión “sin sobresaltos”, para pasar de inmediato a lo que se llamó “La hoja de ruta”, propuesta en donde buena parte de las ofertas políticas originales aparecían deslavadas, cuando no enteramente tachadas.
Tal parece que los sectores sociales que hicieron fe en las promesas transformadoras de Humala, al igual que antes lo hicieron con Alan García, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, están nuevamente llegando a la conclusión de que han vuelto a ser manipulados y engañados. No por otra razón es que crece el descontento y la indignación social de quienes vuelven a constatar como el sistema político peruano y el modelo económico, se las ingenia para cooptar a quienes se hacen elegir con la promesa de cambiarlo.
Los conflictos sociales y medio ambientales, la actividad intermitente del Sendero Luminoso, el imparable narcotráfico, la delincuencia y la inseguridad, la minería ilegal, las deficiencias del Estado, la rigidez de sus instituciones, la inexperiencia e impericia de muchos de los funcionarios gubernamentales clave, la corrupción, el incumplimiento de promesas electorales, la “ausencia de Humala”, la represión que ha causado muertos y heridos, constituyen los problemas principales de la actual administración peruana. Los mismos que explican el predominio del malestar y la frustración.
Hoy la población peruana, tal como lo muestras las encuestas, estima que el crecimiento económico no solo sigue beneficiando a unos pocos, sino que además, tiende a construirse sobre la base de la expoliación y la apropiación abusiva de los derechos de los muchos. Tal y como de modo emblemático está ocurriendo a propósito de los proyectos mineros.
En cuanto al manejo de la economía, los peruanos comienzan a percibir al gobierno de Humala como una administración que sirve preferentemente a los intereses empresariales nacionales y foráneos. Y que al igual que los gobiernos precedentes, tiende a mantenerse ajeno e indiferente a la realidad de los ciudadanos más modestos.
Verónica Mendoza, congresista de El Cuzco y fundadora del Partido Nacionalista, quien acaba de renunciar a Gana Perú, ha fundamentado su abandono apelando a su “profunda decepción por la orientación y comportamiento del gobierno, que ha seguido una senda que lo ha alejado progresivamente de los objetivos de la Gran Transformación, y en muchos aspectos de la Hoja de Ruta”. Mendoza argumentó lo que muchos piensan y pocos dicen, que Humala ha optado por abandonar sus promesas de cambio y preferido dar continuidad al modelo neoliberal que antes criticaba con fervor y aparente convicción.
Junto con Mendoza, abandonaron la coalición el congresista socialista Javier Diez Canceco, una figura política y moral de gran ascendencia y respetabilidad personal en la política peruana, la congresista Rosa Mavila y el diputado Rubén Roa. Todas estas deserciones configuran un cuadro de gran incertidumbre en el propio Congreso a los efectos de la conformación de mayorías, y son la expresión de un descontento que se venía acumulando desde el momento en que Humala diseñó su primer gabinete y designó a los principales funcionarios, marginando a la izquierda y a otros sectores independientes y progresistas que le estaban brindando apoyo y fueron decisivos en su elección.
En un contexto de falta de liderazgo del jefe de Estado, de quiebre de la coalición, de exasperación y desconfianza social, la palabra “traición” comienza a pronunciarse entre quienes hasta hace poco vieron en Humala la esperanza de un genuino proyecto transformador.
Hay quienes opinan que Humala se irá quedando solo y aislado dentro del Palacio Pizarro, y que la partida de sus apoyos desde la izquierda y desde del propio nacionalismo solo presagia una fuga mayor y generalizada de sus aliados originales. Si aquello llega a ocurrir, veremos asentado el proyecto humalista sobre bases políticas y sociales muy distintas y hasta contradictorias de las que originalmente le dieron sustento.
En cuanto a Chile, vale recordar que en Perú la relación bilateral casi siempre se constituye en variable de ajuste de las que hacen uso y abuso los gobiernos cada vez que confrontan fases turbulentas. Aquello, sin mencionar el proceso judicial de La Haya, pero eso es harina más gruesa y de otro costal.
