Opinión
No es nuevo descalificar la demanda de cambio; es siempre el primer argumento de los conservadores. Lo nuevo es la renuncia de Escalona a siquiera defender la idea del cambio.
Las declaraciones del presidente del Senado señalando que deliberar en torno a la convocatoria de una asamblea constituyente es ponerse a “fumar opio” causaron estupor.
Primero por ser una descalificación a priori de una iniciativa demandada por una parte sustantiva de la ciudadanía, el movimiento estudiantil y dirigentes de su antigua coalición política. La descalificación no está acompañada de argumentos serios que contradigan a los especialistas que afirman su viabilidad. En efecto, en una situación de agravamiento del actual entrampamiento político no es descartable la aprobación de una reforma constitucional que introduzca la constituyente. Tampoco lo es el “momento constitucional” que nos recuerda Alfredo Joignant en una columna reciente. Pero como ha señalado Fernando Atria (y que Escalona se niega siquiera a pensar) es que la fórmula general de la solución del problema constitucional es el impulso de un movimiento político que alcance una magnitud tal que lo haga incontrarrestable “antes de ser percibido por el derecho”.
Segundo, porque constituye un paso adicional (¿definitivo?) hacia el abandono de la vocación transformadora del partido de Salvador Allende. Hasta ahora, la mantención de las herencias constitucionales se justificaba como una imposición de la derecha y los amarres institucionales. El 26 de agosto el editorialista de El Mercurio descalificaba la iniciativa señalando que ella era propia “de países que atraviesan una profunda crisis institucional, lo que obliga a un ejercicio de refundación del Estado” (El Mercurio, p. A3). El 1 de septiembre, Escalona reitera esta argumentación señalando que “es una solución para resolver cuando los Estados están en el suelo, los beligerantes llegan a un acuerdo y nombran una Constituyente para buscar una solución… No veo una crisis institucional ni veo una situación política que propicie o valide una asamblea constituyente”. En suma, no se necesita un cambio. Lo que la ciudanía valora es la “capacidad de resolver los problemas”, en particular “el del orden y la seguridad” (La Tercera, 1.9.2012, p R 8). No es nuevo descalificar la demanda de cambio; es siempre el primer argumento de los conservadores. Lo nuevo es la renuncia de Escalona a siquiera defender la idea del cambio.
[cita]Escalona no percibe una crisis política ni una crisis institucional. Tampoco ve que una Constitución impuesta no es nuestra y por tanto no es Constitución. Frente a todo esto el líder de la Nueva Izquierda llama a crear una mayoría para enfrentar los problemas y demostrar su capacidad de resolverlos. Cuáles son los problemas de la gente sino los que hemos descrito. La pregunta política obvia ¿Comparte Michelle Bachelet la visión de quien aparece como el principal impulsor de su candidatura?[/cita]
¿Tiene razón Escalona y se equivocan los movimientos sociales y buena parte de la oposición en que no asistimos ni a una crisis política ni institucional, sino sólo un “desencanto”?
Si se observa el campo social, las movilizaciones en el último año y medio han dejado en evidencia que los estudiantes y las familias sienten una profunda insatisfacción con un sistema educacional desigual, de mala calidad asociada a la institución “educación municipalizada” y a la educación privada subvencionada organizada como un negocio. ¿Quién puede negar la crisis de las universidades centradas en la docencia y donde la investigación ocupa un lugar menor que es causa coadyuvante de una economía poco intensiva en conocimiento? Profunda insatisfacción genera también el sistema público de salud que, pese a sus avances, no logra asegurar un flujo de recursos para hacer posible un sistema universal de calidad. El descontento se observa con mayor fuerza en el sector dirigido por las Isapres, donde los costos son crecientes y no se logra superar la sensación generalizada de vulnerabilidad frente a las llamadas enfermedades catastróficas. En previsión el gran avance logrado a partir de la creación del pilar solidario contrasta con las bajísimas pensiones que está generando el sistema privado. Las promesas que la dictadura hizo al crear el sistema de AFP hace 30 años han quedado sólo en eso, en promesas.
Subyacente en esta crisis de lo social aparece la gran asimetría en la capacidad de negociación que existe entre los trabajadores y el empresariado. La legislación laboral es corresponsable de la baja sindicalización y negociación colectiva que caracteriza al país. Este complejo problema se traduce en una desigualdad que en 20 años apenas se ha movido y en una movilidad social en declive. La crisis institucional que no ve Escalona es justamente que la ciudadanía observa que, pese a su insatisfacción, el sistema político no da cuenta de estas variadas demandas.
En el campo económico la situación es igualmente crítica. Es cierto que en los últimos dos años la economía ha crecido en torno al 6% anual. No obstante, en ese comportamiento han jugado un papel central el rebote respecto de la crisis del 2009 y la gran vitalidad de la economía China que mantuvo alta la demanda por exportaciones. No obstante, en el presente año el crecimiento del PIB no alcanzará el 5% y el 2013 con suerte se superará el 4%. Pese a ello, hasta ahí todo bien. ¿Pero qué ocurre tras las bambalinas de los indicadores que tiende a destacar la prensa interesada? De persistir la crisis europea y de desacelerarse un poco más el crecimiento chino, es plausible esperar que el precio del cobre caiga bajo los 3 dólares la libra. Dependiendo de la magnitud de la baja el país podría enfrentar un aumento significativo del déficit en cuenta corriente y una situación difícil en las finanzas públicas. No obstante, los problemas que hacen necesario un cambio fundamental radican en otros ámbitos. Luego de 22 años desde la transición a la democracia, el país sigue siendo un productor de materias primas, con una estructura tributaria que desalienta la economía verde y la economía intensiva en conocimiento.
El país está llegando a un callejón sin salida en el campo energético y medioambiental. Mientras la industria y, por defecto, el gobierno insisten en las alternativas tradicionales, la movilización social y el Poder Judicial están dejando en evidencia que ese es un camino lleno de obstáculos. Al mismo tiempo, se suceden los escándalos asociados a un modelo empresarial sustentado en el abuso de la población y el medio ambiente (la crisis del salmón, la colusión de las farmacias; el caso de los cerdos, el fraude de La Polar, el “pequeño” cambio que transformó a la Central Castilla de “contaminante” a “molesta”). Todo contribuye a un modelo económico que ha potenciado la concentración económica, donde la pequeña y mediana empresa no encuentran terrenos de desarrollo y donde como país hemos renunciado a concordar una estrategia de desarrollo que priorice el bienestar, la armonía con el medioambiente y una economía dinámica.
La falta de atención a los problemas indicados es producto de la crisis del sistema político impuesto por la Constitución del 80 y que, pese a los cientos de cambios, no ha resuelto su problema principal: la dictadura de la minoría por sobre las aspiraciones de la mayoría. La confluencia de un mapa electoral amañado, el sistema binominal, los requerimientos de quórums, la escasa capacidad de iniciativa del Congreso y el hiperpresidencialismo configuran un entrampamiento político que está obstaculizando el esfuerzo por una sociedad más justa, por una economía intensiva en conocimiento y sustentable y por una abierta defensa del medioambiente.
El entrampamiento refuerza la crisis del sistema político. Es conocida la baja valoración de los partidos políticos, del Congreso y del Presidente de la República. El profundo distanciamiento del presidente del Senado respecto de la ciudadanía de izquierda que viene debatiendo en torno al modelo económico y en torno a la falta de legitimidad del sistema político, y la creciente coincidencia de sus posturas con la de los grupos más conservadores del país es también prueba de la crisis política.
Pese a todo esto, Escalona no percibe una crisis política ni una crisis institucional. Tampoco ve que una Constitución impuesta no es nuestra y por tanto no es Constitución. Frente a todo esto el líder de la Nueva Izquierda llama a crear una mayoría para enfrentar los problemas y demostrar su capacidad de resolverlos. Cuáles son los problemas de la gente sino los que hemos descrito. La pregunta política obvia ¿Comparte Michelle Bachelet la visión de quien aparece como el principal impulsor de su candidatura?
