Señor Director:
En el Salar de Atacama yace un tesoro
La mayoría de los países ha dejado de atribuir un carácter estratégico militar al litio, debido a su abundancia relativa en distintos lugares del planeta, y debido al aparentemente lento avance científico-tecnológico en el intento de utilizarlo para la producción de energía sobre la base de la fusión nuclear. Asimismo, de ser viable económicamente, la fusión nuclear sería altamente eficiente, requiriendo pequeñas cantidades de litio para producir inmensas cantidades de energía.
Sin embargo, esto no ha impedido un importante aumento en la demanda y precios del litio en los últimos años —y proyecciones de un sólido incremento futuro—, bajo el impulso, especialmente, de su utilización en la producción de baterías. Así, por ejemplo, entre 2002 y 2011, el precio promedio anual del carbonato de litio aumentó desde alrededor de 2.300 a cerca de 6.000 dólares la tonelada.
Ante estas tendencias, grupos económicos asociados a la explotación del litio vienen, desde hace algunos años, instando a la adopción de políticas públicas que liberalicen y privaticen su explotación y exportación, actualmente entregada al Estado por su definición como mineral estratégico. Destaca en ese intento SOQUIMICH, la principal productora mundial del mineral, cuya producción se basa en la extracción del mineral del Salar de Atacama, en el marco de un contrato de arrendamiento con la estatal CORFO. Sin embargo, dicho contrato vence en 2030 y permite a SOQUIMICH sólo la extracción total de 181.000 toneladas del mineral, muy por debajo de la cuota de extracción óptima para la empresa en el contexto alcista del mercado, tal como lo demuestra la solicitud que presentó en 2008, para expandir la extracción, modificando el contrato con CORFO (la expansión solicitada entonces no fue acordada). Otro contrato de arrendamiento para extraer litio del Salar de Atacama posee la Sociedad Chilena del Litio (SCL), para un total de 200.000 toneladas de litio y con un período de vencimiento prorrogable hasta completar dicha cuota.
El Salar de Atacama es el yacimiento globalmente más atractivo detectado para la explotación del litio. No sólo posee las mayores reservas mundiales conocidas del litio, sino que además, su explotación se puede realizar a costos sustancialmente inferiores que en otros lugares del planeta, debido a ventajas tales como altas concentraciones, altas tasas de evaporación, baja presencia de magnesio y fácil acceso a puertos.
La extracción de litio desde el Salar de Atacama contractualmente autorizada a SOQUIMICH y SCL, está muy por debajo de las reservas del salar (menos del 10 %). Por consiguiente, la política nacional del litio debe, en primer lugar, definir las modalidades y ritmos para la plena explotación sustentable del recurso minero en el Salar de Atacama.
La renta del litio
Asimismo, para la definición de una adecuada política nacional del litio, es clave considerar la renta económica presente en su producción en Chile. En efecto, la particular calidad natural de los yacimientos de litio en el Salar de Atacama —y, eventualmente, de otros yacimientos chilenos de calidad que puedan incorporarse a la producción— permiten que su explotación y venta reditúe no sólo una rentabilidad normal sobre la inversión extractiva, sino además, pingües ingresos asociados a sus bondades naturales antes mencionadas. Esos ingresos que resultan de la calidad del recurso minero constituyen la denominada renta económica del recurso natural, o renta ricardiana, concepto desarrollado por los economistas clásicos hace más de 200 años y que es aceptado y validado por los economistas contemporáneos de todas las escuelas y paradigmas.
En una economía de mercado, el dueño del yacimiento no tendrá dificultades en capturar la totalidad de su renta, ya sea explotando directamente el recurso, o contratando a un tercero que gestione la explotación (y cobre por sus servicios de gestión), o arrendando el yacimiento y exigiendo el pago de un arriendo o royalty, equivalente a la renta del recurso.
En el caso del litio, el Estado actúa como representante de la comunidad entera, propietaria de los yacimientos, y su primera obligación al diseñar una política del litio es capturar dicha renta en su totalidad, evitando toda cesión parcial o total de ese patrimonio nacional, a intereses comerciales particulares.
La Empresa Nacional del Litio
La política nacional del litio, debe también pronunciarse sobre la exploración y la explotación de yacimientos que no están ubicados en el Salar de Atacama. La existencia de algunos yacimientos ya se conoce, por ejemplo en el Salar de Maricunga y el Salar de Pedernales, pero éstos no han sido explorados en detalle y, en general, sólo una pequeña porción del territorio nacional ha sido explorada en búsqueda de litio.
Es sobre este aspecto que el actual gobierno se ha pronunciado, a través del fallido intento reciente de licitación, anulada por incumplimiento de las bases por parte de la empresa adjudicataria, SOQUIMICH. En ese intento, el gobierno buscaba entregar al mejor postor privado (la minera estatal CODELCO no se presentó), la explotación de yacimientos para la extracción de 100.000 toneladas de litio, bajo la figura jurídica de Contratos Especiales de Operación de Litio.
El propietario de un recurso puede, en principio, capturar la totalidad de su renta licitando competitivamente el derecho de explotarlo, siempre que se disponga de una acabada evaluación de la renta. En este caso no se dispone de tal conocimiento ya que se trata de yacimientos aún no descubiertos o en etapa inicial de evaluación, lo que explica el escaso número de postulantes (sólo 3) a pesar de un activo roadshow en Chile y el extranjero, así como los extremadamente dispares valores ofrecido por los contendores (pago inicial ofrecido por los 3 contendores: $2,8; $8,3 y $19,3 miles de millones) y el hecho que el valor ofertado por la adjudicataria SOQUIMICH, haya resultado 8 veces superior al mínimo establecido por el gobierno para el pago inicial. Más aún, el carácter competitivo y transparente de la licitación queda en entredicho por su anulación luego de conocerse el incumplimiento de las bases por parte de la adjudicataria: en general, en cualquier licitación competitiva, la descalificación de uno o más de los postulantes por incumplimiento de las bases, es un hecho habitual que no conlleva la anulación de la licitación entera.
Intentar vender derechos de explotación de promisorios yacimientos sin realizar previamente una acabada investigación de su valor, y hacerlo además a través de una licitación que no garantiza competitividad, viene a sumarse al pésimo récord de los poderes Ejecutivo y Legislativo —durante la república post-dictadura—, en la defensa de los intereses nacionales respecto de la explotación de nuestros recursos naturales por privados. El caso emblemático es el cobre, donde varias decenas de miles de millones de dólares de renta del cobre han ido a parar a manos de grandes inversionistas privados, especialmente a partir del año 2005 y hasta el presente (la dimensión del mercado y la renta en el litio es, sin embargo, al menos por ahora, muy inferior que en el cobre). Este decepcionante desempeño de nuestra institucionalidad se debe, fundamentalmente, a la exitosa defensa de sus intereses comerciales por parte de poderosos grupos económicos mineros, nacionales y multinacionales, que ejercen un implacable y proactivo cabildeo sobre la clase política, tras densas cortinas de humo ideológicas generadas a través de los medios de comunicación.
Por consiguiente —dada la debilidad de nuestras instituciones republicanas frente a intereses económicos poderosos—, la vía más eficaz disponible para resguardar en manos fiscales la renta del litio, consiste en la creación de una Empresa Nacional del Litio, responsable de la totalidad de las reservas nacionales del mineral. Dicha empresa explorará, evaluará y explotará yacimientos. Asimismo, buscará contribuir al desarrollo de un cluster de innovación y desarrollo industrial que incorpore al litio como uno de sus insumos, y deberá aplicar una adecuada política de protección ambiental de los salares y lagunas salinas, donde se encuentran los principales yacimientos de litio en Chile. Con estos propósitos, provista de la experiencia y las capacidades técnicas y comerciales adecuadas, podrá asociarse y realizar diversas transacciones con otros actores y empresas, pero siempre resguardando dentro del patrimonio nacional, la totalidad de la renta del litio.
A la propuesta de una Empresa Nacional del Litio, se objeta que el Estado no dispondría de los recursos necesarios para desarrollar sus operaciones, debiendo destinar aquéllos a su disposición, a usos más urgentes en el ámbito de la educación, la salud, etc. Sin embargo, esa objeción es falaz: proyectos mineros de alta rentabilidad y bajo riesgo encuentran financiamiento bancario, básicamente, con el sólo respaldo de sus ingresos futuros. En el digital mundo moderno, el financiamiento bancario siempre está disponible para recorrer rápidamente el planeta y acceder a un proyecto minero rentable, operado por quien posee la capacidad de gestión requerida para el éxito del proyecto. La constitución de una Empresa Nacional del Litio, no competiría por recursos con otras actividades del Estado, pero sí requeriría de la disponibilidad, en el Estado, de las capacidades de gestión adecuadas.
Se objeta entonces que el Estado no posee las capacidades empresariales requeridas, que el Estado es mal empresario.
CODELCO, la Corporación Nacional del Cobre, constituye la mejor prueba concreta de la debilidad de ese argumento. En esa empresa, el Estado chileno ha demostrado ser capaz de gestionar una empresa minera de gran envergadura, no sin fallas o debilidades, pero sin desmerecer respecto de proyectos privados similares, y cumpliendo con buena prácticas internacionales. Mucho puede aún mejorarse en CODELCO, pero una Empresa Nacional del Litio, gestionada según los estándares actuales de CODELCO, ya sería una exitosa empresa minera.
La política nacional del litio, como muchas otras políticas públicas que el país requiere, nos convoca a un perfeccionamiento sustancial de nuestra democracia, que fue diseñada por una dictadura, y a dejar atrás la ideología del estado acomplejado y subsidiario. Esto último, a través de una profunda reforma de la institucionalidad y la administración del Estado, para reconstruirlo más capaz y dispuesto a asumir los grandes desafíos que dicta el bien común; más la expresión realizadora y fecunda, democrática y solidaria, de la comunidad nacional entera, que el facilitador de buenos negocios para poderosos grupos económicos, y el garante de la estabilidad social, por el asistencialismo o por la fuerza.
Eduardo Titelman
Economista
