El acuerdo del Senado, aprobando la nueva Ley de Pesca, que otorga concesiones por casi medio siglo a siete poderosas familias económicas del país (20 años renovables automáticamente), nos deja con una sensación amarga. Esperábamos de la oposición una postura congruente con la defensa de nuestras riquezas marinas. La mayoría de los partidos de centro-izquierda sostuvo una postura coherente, pero un sector opositor (Senadores DC, además, con alguna forma de relación o intereses en el área) acordó votar a favor del cuerpo legal, entusiastamente promovido por el Gobierno conservador y con ello, se ha dejado a la oposición en un delicado escenario.
Con pocas horas de diferencia, y a propósito de la cena anual de la Asociación de compañías mineras de Chile, un poderoso bastión empresarial, el vocero de las mineras, Joaquín Villarino, confrontó al Presidente de la República, conminándolo a “acelerar” los procesos administrativos tendientes a “resolver” lo que ellos denominan como entrampamiento de los permisos necesarios para el desarrollo de megaproyectos que, en particular, tendrían que llevarse a cabo en tierras indígenas. La frase para el bronce fue muy clara: “Los derechos de estos pueblos no pueden estar por sobre la legislación vigente que rige a todos los chilenos”. Para Villarino y las mineras el crecimiento es imperativo.
Estamos ante una intensa ofensiva de poderosos consorcios empresariales, que están empujando al Gobierno, luego de que se confirma desde la elección municipal pasada que la derecha está perdiendo la hegemonía del Gobierno. El empresariado duro sabe, por tanto, que debe instalar ahora todas las medidas necesarias para garantizar su poder e influencia.
Esta abre una lucha política con efectos muy profundos. El país debiera poder confiar en la oposición, pero si un sector es incongruente, la confianza ciudadana seguirá fracturándose. No por nada millones de chilenos se abstuvieron de votar el 28 de octubre y eso parece no ser suficientemente comprendido. Por otra parte, el empresariado minero resucita o restablece un argumento decimonónico cuando apela al “interés nacional” o el “bien común” de todos los chilenos al argumentar que derechos de orden menor, como supuestamente lo serían los derechos indígenas, tienen un valor distinto y vulnerable cuando se trata de escoger entre crecimiento económico (entiéndase permisos para ejecutar megaproyectos en tierras indígenas) y las trabas que, por ejemplo, impone el Convenio 169 de la OIT y que —paradojalmente— es Ley de la República.
Si el ritmo de estos acuerdos espurios entre Gobierno y sectores de la oposición, destinados a consolidar la hegemonía empresarial por sobre los derechos de los chilenos y de los pueblos indígenas a gozar del bien común de sus riquezas naturales continúa de manera tan escandalosa, será inevitable levantar con mucha fuerza el imperio de la nacionalización como único medio político para recuperar parte de nuestro patrimonio como país. Esto no está considerado en los debates programáticos de la oposición como camino, pero tampoco hay que descartarlo.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
