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Acreditaciones, daño moral e imagen país

por 30 noviembre, 2012

Acreditaciones, daño moral e imagen país
Si Chile tenía ya la imagen internacional de ser un país fenicio, que vende todo y al que le va bien en los negocios, ahora deberá agregar el matiz de estar entontecido por el lucro, hasta el punto de comerse a su propia gente y a sus propias instituciones.
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No existen cifras para dar cuenta del daño de imagen que experimenta  el país por la crisis política, ética e institucional que afecta a la educación. Que altos directivos del Consejo Nacional de Acreditación estén imputados del delito de cobrar para acreditar universidades, o que estas recurran a prácticas de cohecho para existir, y estafen a sus alumnos con la mala calidad de su educación o los abandonen a mitad de camino, es un clímax de corrupción que compromete directamente la responsabilidad política del Estado.

Nada de esto es posible en un Estado que se preocupa de sus ciudadanos, que tiene como objetivo sus derechos y que reacciona de manera efectiva cuando ellos se lesionan. Sobre todo cuando su elite se empeña en hacer la apología de la eficiencia y calidad del modelo que administra.

La lenta y débil reacción de las autoridades del Ministerio de Educación constituye una lápida para el Estado de Chile. Las vagas referencias del ministro a las competencias legales dejan en claro que se trata de un técnico que no entiende de política, y que no percibe la dimensión del tema ya que debe tomar medidas y no ser un comentarista de lo que ocurre.

Ha sido el sistema penal el que ha activado el control de la corrupción extendida que vive el sector y no el ministerio respectivo. El Congreso Nacional, a su vez, ensaya comisiones investigadoras e iniciativas de ley, cuando hay mérito suficiente para acusación constitucional o juicio político por notable abandono de funciones.

No es el momento de poner paños fríos a una situación más que grave, desde el punto de vista que se quiera analizar. Es difícil imaginarse lo que en la OCDE u otros países están pensando de los títulos universitarios chilenos, o lo que el propio mercado le va a hacer a los titulados de la Universidad del Mar, la Pedro de Valdivia o muchas otras.

No es el momento de poner paños fríos a una situación más que grave, desde el punto de vista que se quiera analizar. Es difícil imaginarse lo que en la OCDE u otros países están pensando de los títulos universitarios chilenos, o lo que el propio mercado le va a hacer a los titulados de la Universidad del Mar, la Pedro de Valdivia o muchas otras.

Nadie sabe cómo se explica a más de 20 mil estudiantes, que la Universidad del Mar no era viable y que la certificación de funcionamiento entregada por el Estado de Chile posiblemente es trucha. Y que no pueden siquiera recurrir a la ley del consumidor por mala calidad del producto que compraron, porque el Estado de Chile dejó la calidad educativa afuera de la competencia de esta ley. Es decir, la educación es de mercado, pero el consumidor no puede discutir la calidad del producto que le dan.

A este punto se ha llegado por inacción política, y porque una red transversal de intereses políticos que enlaza su poder con el tecnocrático y económico, montó un negocio tan lucrativo a costa del dinero de todos los contribuyentes, la fe pública y los derechos ciudadanos hasta que finalmente se le fue de las manos.

El abuso no puede ser eterno. Los estudiantes en cualquier nivel han sido hasta ahora una unidad económica de compra venta en un mercado genérico que es la educación, desregulado y corrupto, con un Estado ausente, al que finalmente le cayó, casi por azar, la justicia criminal encima.

Si Chile tenía ya la imagen internacional de ser un país fenicio, que vende todo y al que le va bien en los negocios, ahora deberá agregar el matiz de estar entontecido por el lucro, hasta el punto de comerse a su propia gente y a sus propias instituciones.

La pérdida en imagen y daños objetivos a la población es enorme. Y la única manera de detener el aumento es que el Gobierno y el Parlamento tomen el control de la situación.

Ello tal vez implique medidas extraordinarias como estatizar, acotar responsabilidades, viabilizar la continuidad de estudio de los estudiantes y demostrar que no ha habido negligencia inexcusable de parte del Ministerio de Educación y su división de Educación Superior. Receta no muy apetecible para fanáticos del mercado. De lo contrario, todo se judicializará al infinito, y más de un juicio llegará incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque la gente entra a una universidad para aprender una profesión, tener un título y tener un futuro y no para ganarle un juicio al Estado.

Hasta ahora, lo único cierto es que el problema dejó de ser un debate sobre la viabilidad de tal o cual universidad, o la comisión de tal o cual delito, y se instaló como una crisis terminal del mercado de la educación desregulada, que contaminará fuertemente la elección presidencial el año 2013.

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