Dentro de este panorama asolador para la filosofía y la forma de pensar y entender el mundo en el que vivimos nos hemos acostumbrado a aceptar los designios de una razón (eurocéntrica) dominante que actúa por medio de los legados de la religión y del capitalismo y sus reglas económicas.
Las formas postmodernas de entender la razón están en crisis. Ellas no han sido útiles para facilitar la emancipación del pensamiento sino que se han convertido en el camino de la dominación. Queda poco espacio para la heterogeneidad y la aceptación de otras formas de ver el mundo. El progreso, como predijo Walter Benjamin por medio de la figura del ángel aterrorizado, es la fuente de legitimación de cualquier exceso. Millones de seres humanos se han convertido en las “florecillas” pisoteadas de la metáfora de Hegel para justificar los daños colaterales del avance de la civilización industrial moderna. La humanidad avanza sin cuestionarse ¿hacia adónde? Y ¿a costa de quiénes? y se vale del derecho para mantener determinadas estructuras y dinámicas de poder.
Todavía hoy nuestras sociedades aceptan los discursos hegemónicos coloniales (sus “dispositivos de blancura”) sin cuestionarse ¿Quiénes somos nosotros hoy? Nos hemos olvidado de problematizar, de criticar -no para decir lo que hay que hacer o para hablar en “nombre de otros”- sino para marcar los límites. Dentro de este panorama asolador para la filosofía y la forma de pensar y entender el mundo en el que vivimos nos hemos acostumbrado a aceptar los designios de una razón (eurocéntrica) dominante que actúa por medio de los legados de la religión y del capitalismo y sus reglas económicas. Y ningún gobierno puede modificar esto porque la economía no se interesa por “derechas” o “izquierdas”, sino por las seguridades necesarias para imponer leyes propias de oferta y demanda y valores sociales basados en la ponderación de quien más tiene o acumula. ¿Cuál es la solución posible a este conflicto que nos plantea la modernidad? ¿Qué puede aportar el derecho (crítico) a esta solución? En primer lugar, exigir el respeto absoluto de los derechos humanos, sin excluidos ni exclusiones decretadas por los poderes centrales, que hacen uso de una razón de dominación carente de ulterior argumentación y justificación para quienes son “ajusticiados”.
Rescatar y exigir la dignidad y la virtud de cada acto humano como un imperativo social o como máximas de comportamiento (también a quienes ejercen el poder y el monopolio de la fuerza). En segundo lugar, ofrecer espacios para el encuentro de las distintas “clases sociales”, culturas, razas, formas de ver el mundo, argumentos. Se debe apostar a las relaciones sociales emancipadoras y acabar con los discursos de dominación, cuya herramienta más básica y barata es el derecho penal autoritario y excluyente. Un camino es apostar a una “razón comunicativa”, la construcción de áreas de diálogo, de comunicación, de mediación, de entendimiento, de resolución participativa de los conflictos. La reconsideración de las relaciones sociales que permita la (re) dignificación de los individuos, rescatando, por una parte, su capacidad de pensar y el derecho de actuar libremente y, por la otra, su obligación de asumir (voluntariamente) la responsabilidad por sus actos. Estos objetivos, desde un punto de vista social, solo se pueden lograr rescatando determinados valores sociales (comunitarios) que cada día pierden vigencia, porque son sustituidos por el “éxito fácil y rápido”, un éxito medido por un parámetro económico y vacío de contenido ético, cuyo paradigma es el “sicariato” o el “crimen organizado”.
[cita]Dentro de este panorama asolador para la filosofía y la forma de pensar y entender el mundo en el que vivimos nos hemos acostumbrado a aceptar los designios de una razón (eurocéntrica) dominante que actúa por medio de los legados de la religión y del capitalismo, y sus reglas económicas.[/cita]
Desde un punto de vista normativo, en un régimen democrático y de derecho la tarea principal está en manos del legislador y los aplicadores del Derecho. En mi opinión, sin embargo, también está en los miembros de la comunidad y su capacidad de comunicarse en pos de lograr entendimientos. La intolerancia individual y los deseos ciegos de venganza solo alimentan las razones de dominación y las políticas de “mano dura”. Uruguay y Chile son dos países similares en muchos aspectos relacionados con determinados valores sociales y políticos. Los altos índices de democracia y los bajos índices de corrupción explican estas similitudes. Ambos países también se caracterizan por la exclusión de parte de su población, aunque en este aspecto la exclusión de los mapuches y el difícil acceso a la educación universitaria de una parte de la población parece ser más fuerte en Chile que la exclusión de afrodescendientes en Uruguay.
En ambos países es muy importante la imagen exterior, el “Uruguay natural” y el “Chile es diferente” parecen ser los eslóganes y cartas de presentación. La preocupación es grande hacia el exterior, pero desde hace mucho tiempo ambas sociedades viven una crisis de “razón de ser”, y la asunción de los valores derivados de la “razón de dominación” y las “leyes del mercado”. Nuestras sociedades tienen que rescatar su espíritu democrático, el diálogo, la comunicación, el entendimiento por medio de la palabra, la “razón” del lenguaje y de los mejores argumentos o mejor dicho, la necesidad de pensar y elegir las consecuencias también para los malos actos.
El Uruguay se caracterizó por una dinámica política de participación pública en los temas centrales, que ha puesto en aprietos a las visiones liberal-autoritarias y a cualquier intento de dictadura (militar o proletaria), pero también a los activistas por los derechos humanos. Allí el ejercicio de la soberanía directa ocupa un lugar de privilegio en la vida nacional, tanto para cuestionar a la dictadura (Plebiscito de 1980), defender la propiedad comunitaria de los recursos naturales (Plebiscito por el agua) como para la elaboración del pasado por medio del olvido (Referendum y Plebiscito por la Ley de Caducidad). En Chile el ejercicio de democracia directa no está quizás tan incorporado como en Uruguay, y cuando el pueblo fue consultado durante la sangrienta dictadura de Pinochet aprobó el modelo propuesto por la “razón de Estado de facto”. En Chile parecería que hay una mayor obediencia a la autoridad por miedo y respeto que por convencimiento, como parece ser el caso uruguayo. No en vano en las escuelas se aprende que las cosas deben ser comprendidas por “la razón o por la fuerza”.
Por las razones que sean que nuestros conciudadanos interpretan, asumen y cumplen con las normas: ¿Por qué abandonar entonces el derecho penal a los discursos de dominación y a las visiones unilaterales del mundo social? Ambos países tienen que revalorizar la dignidad individual y los espacios colectivos, públicos, los lugares de encuentro y entendimiento. Las dictaduras rompieron con los lazos sociales y, en el caso uruguayo, legó un código del procedimiento penal que no se ha querido modificar por una imposibilidad de pensar de modo emancipado de los discursos de dominación. Chile, sin embargo, modificó un procedimiento penal tan nefasto como el que continúa vigente en Uruguay, pero tuvo que “renovar” parte del poder judicial para que el mismo pudiera ser llevado a la práctica. Lo que a la distancia no puedo discernir es si el cambio normativo ha significado un cambio de pensamiento. Lo que aquí interesa es que ambas sociedades no pueden aceptar una “normalización de la indiferencia social”.
Véase que la propia dictadura uruguaya resaltaba (quizás inconscientemente) las palabras de Artigas: “sean los orientales tan ilustrados como valientes”. Educación y coraje, entonces, no “razón y fuerza” son los ingredientes para cambiar el rumbo y pensar lo que hoy tenemos y lo que queremos (quienes somos hoy). El sistema “ordenamiento jurídico” tiene que apostar a la convivencia social por medio de la “paz duradera”, y ello solo se puede lograr ofreciendo “equivalentes funcionales” a la pena de cárcel, la segregación, el olvido. Por supuesto que los violentos tienen que ser controlados y vigilados, eso lo hemos tenido siempre presente y lo haremos mejor gracias a la tecnología bien aplicada, pero en un estado de derecho la pena y la vigilancia tienen que tener una duración limitada, y luego: ¿Qué? El camino viene dado por la creación de espacios de mediación, conciliación y reparación al momento de solucionar los conflictos sociales, incluso los más violentos, por medio de la participación procesal o procedimental de los involucrados en los conflictos (autor, víctima, familiares de ambos, vecinos, mediadores, asistentes sociales, psicólogos, etc), alternativas al encierro, la segregación y el olvido. Podemos hacer frente y evitar que la indiferencia social se “normalice” y “normativice”.
La reparación a la víctima del delito tiene que tener un lugar preponderante en el catálogo de consecuencias jurídicas al delito, durante el procedimiento (suspensión condicional a cambio de reparación) y durante la ejecución de la condena (formas de probation). Se tienen que permitir formas de mediación o conciliación para delitos de poca gravedad que tienen un trasfondo social.
Algún día, aceptaremos formas de justicia restaurativa que permitan una resolución colectiva de los conflictos sociales. Se deben ofrecer espacios para que los involucrados solucionen responsablemente los conflictos. Desconocer esta máxima y responder al delito agitando el miedo, la inseguridad, la intolerancia, la indiferencia, la desidia, significa pensar con el poder dominante, sentirse inmune-ajeno-indiferente a ese sistema (“porque yo nunca ingresaré al sistema penal”) y a favor de la exclusión social (las florecillas de Hegel). Los estados de Chile y Uruguay (instituciones y ciudadanos) con presidentes tan “lejanos” ideológicamente parecen congeniar con las “leyes del mercado” que proponen una política criminal más severa, como si el “nunca más” (finalidad preventiva del castigo) se consiguiera por medio de “más derecho penal”: construir cárceles privadas (que luego tendrán que tener los reclusos necesarios para satisfacer la inversión privada, como si la pena fuera una cuestión meramente económica), crear más delitos y aumentar las penas (coherente con la necesidad de tener más reclusos), disminuir la edad de la inimputabilidad (propuesta popular que se decidirá en Uruguay en los próximos meses). Tenemos que pensar en el día después de la pena y poner un freno a este avance y reforzamiento de los discursos dominantes y de exclusión para admitir instancias de diálogo y reparación.
El sistema jurídico tiene que brindar esperanzas de “paz social” e integración, para acabar con los daños colaterales aceptados por Hegel y modificar el rostro horrorizado del ángel de la metáfora de Benjamin, para que lo esté por venir no sea “más de lo mismo” o, incluso, algo peor sobre lo que ya no estemos a tiempo de pensar.
