Opinión
Establece diferencias con la política social de Piñera que asignaba a la política social una tarea importante en la reducción de la pobreza, señalando que el actual gobierno ha sido “poco persistente en el mensaje pro crecimiento, pro emprendimiento, pro innovación y ha tendido a zigzaguear, poniendo énfasis en otros instrumentos y objetivos” y no ha entendido que “la desigualdad no es una falla del mercado sino del Estado”, pues son las excesivas regulaciones del mercado de trabajo las que dificultan el acceso a un buen empleo principal mecanismo de combate a la desigualdad.
El ex ministro de Economía de la actual administración, Juan Andrés Fontaine, ha asumido la conducción del equipo económico de Andrés Allamand. Fontaine ha dado a conocer su ideario dejando en evidencia un quiebre del precandidato presidencial respecto de los tímidos intentos de la actual administración de modernizar el pensamiento económico de la derecha expresado en algunas iniciativas del actual gobierno, retomando las líneas principales de lo que fue el modelo pinochetista en su versión más radical. Será necesario observar con atención la futura trayectoria política de Allamand para determinar si este cambio de política corresponde sólo a una maniobra para mejorar su posicionamiento frente a Golborne, o si por el contrario, representa una derechización más estructural del candidato de Renovación Nacional.
Como en sus mejores tiempos, Fontaine repone una visión que parecía superada. Desde su punto de vista, en la próxima elección presidencial se enfrentarán aquellos que ponen el acento en el crecimiento económico o por el contrario enfatizan el crecimiento del Estado protector, que redistribuye ingresos, pero corroe los incentivos para estimular el crecimiento económico, lo que afecta la creación de empleo y las remuneraciones reales. Mientras el primer tipo de política, sostiene Fontaine, crea alta movilidad social y avanza hacia una sociedad meritocrática; la igualitarista crea una visión más dependiente del Estado. Al mismo tiempo, establece diferencias con la política social de Piñera que asignaba a la política social una tarea importante en la reducción de la pobreza, señalando que el actual gobierno ha sido “poco persistente en el mensaje procrecimiento, proemprendimiento, proinnovación y ha tendido a zigzaguear, poniendo énfasis en otros instrumentos y objetivos” y no ha entendido que “la desigualdad no es una falla del mercado sino del Estado”, pues son las excesivas regulaciones del mercado de trabajo las que dificultan el acceso a un buen empleo principal mecanismo de combate a la desigualdad. Es por eso, que para mejorar la condición de los más pobres y clases medias no es necesario más Estado y más carga tributaria sino que lo fundamental es crear una economía dinámica, con más empleo y mejores oportunidades de emprendimiento y para combatir las fallas del mercado se deben eliminar las barreras de entrada.
[cita] La apuesta de Fontaine-Allamand de revitalizar el crecimiento económico a partir de una mayor flexibilización del mercado de trabajo no sólo precariza aún más el mercado laboral sino que además es una fórmula que en 30 años no muestra resultados positivos, comparables a los países asiáticos que nunca renunciaron a un fuerte rol del Estado. La Concertación, en particular, sus sectores más conservadores han tenido una postura ambigua respecto de este dilema.[/cita]
Las proposiciones de Fontaine permiten hacer un análisis de la naturaleza que tendrá el debate presidencial. En relación con el trade off entre crecimiento y redistribución, el asesor económico principal de Allamand se aleja de lo que fue la propuesta principal de la Concertación, pero además, de los énfasis del actual gobierno en cuanto a privilegiar una serie de beneficios sociales para los sectores más pobres y en menor medida para los grupos medios. Tanto Piñera como Bachelet, así como lo venían haciendo los gobiernos concertacionistas anteriores, le dieron una gran importancia a la reducción de la pobreza. No obstante, el límite permanente a esa política fue que no perturbara las altas rentabilidades de las grandes empresas con el argumento que ello podría afectar el crecimiento económico. Es esta política lo que explica que la desigualdad ha persistido a lo largo de los últimos años. Pero la propuesta de Fontaine y de Allamand va más allá y propone “hacer gobierno con las convicciones de nuestro sector”, lo que no es sino otra forma de volver a las versiones más extremas de la política del chorreo. En efecto, de lo que se trata es privilegiar aún más las ganancias empresariales pues de esa forma se acelerará el crecimiento económico aumentarán el empleo y las remuneraciones con lo que se reducirán las desigualdades. No queda claro porque lo que nunca funcionó, pueda hacerlo en el futuro.
Coincide en esta política Andrés Velasco que incluso tituló su libro: “Contra la desigualdad el empleo es la clave”. Naturalmente, es fundamental el aumento del empleo y de su calidad; no obstante, ello si bien puede variar el ingreso de los hogares más pobres no genera una reducción de las desigualdades entre los diferentes agentes económicos. Son además coherentes con estas posturas, las sostenidas por Velasco, cuando criticó desde la derecha las políticas de universalización del posnatal y la eliminación del 7 % de la salud a una parte importante de los jubilados impulsadas por la actual administración.
Nuestra mirada se distancia tanto de Fontaine como de las políticas impulsadas por la Concertación. En primer lugar, pues el combate a la desigualdad se debe dar tanto a en la economía como desde la política pública. En la economía, sostenemos que para mejorar la distribución primaria del ingreso es clave equilibrar la cancha entre trabajadores y empresarios mediante la sindicalización automática y el fortalecimiento de la negociación colectiva. Al mismo tiempo, es indispensable contribuir desde la política tributaria a reducir la desigualdad haciendo progresivo el actual sistema tributario. Esta política ha mostrado sus éxitos en la mayoría de los países desarrollados.
Sin embargo, también en el campo del crecimiento económico discrepamos profundamente de Fontaine; en primer lugar, porque como ocurre con las economías más dinámicas del mundo, corresponde al Estado un rol crucial en la definición de una estrategia de desarrollo que oriente las decisiones de inversión del sector privado. Ello es clave para el desarrollo de la competitividad. Crucial es también el rol del Estado en la definición de una matriz energética consistente con las demandas medioambientales de la ciudadanía y que ponga énfasis en reducir los altos costos energéticos. Es crucial también desde nuestro punto de vista, el rol del Estado en el impulso de una política de investigación y desarrollo que privilegie una economía intensiva en conocimiento, elemento clave para competir en las grandes ligas de la economía internacional. La apuesta de Fontaine-Allamand de revitalizar el crecimiento económico a partir de una mayor flexibilización del mercado de trabajo no sólo precariza aún más el mercado laboral sino que además es una fórmula que en 30 años no muestra resultados positivos, comparables a los países asiáticos que nunca renunciaron a un fuerte rol del Estado.
La Concertación, en particular, sus sectores más conservadores han tenido una postura ambigua respecto de este dilema. En los 20 años, las distintas administraciones se resistieron a consensuar una estrategia de desarrollo. Predominó siempre el rechazo a una política industrial que permitiera avanzar en la construcción de una economía intensiva en conocimiento y que apostara a incorporar mayor valor a nuestras exportaciones. Es por ello, que el cobre y otros pocos productos siguen jugando el mismo rol que hace 20 y 40 años. Es por ello, que no ha sido posible avanzar en la mayor diversificación de la economía y en la generación de nuevas ventajas competitivas. Es por ello, que seguimos con temor las informaciones sobre China pues la desaceleración de su economía, digamos a tasas de 5 %, tendrían efectos muy complicados sobre el precio del cobre y por esa vía sobre los niveles de actividad, empleo y finanzas públicas.
