El actual V Gobierno de la Concertación, que es tal porque ha abrazado sus ideas, ahora se encuentra con las consecuencias de una de las peores, su política indígena. Sebastián Piñera anunció hace dos años que iba a empeorarla todavía más y propició un verdadero Estado mapuche dentro del Estado chileno, pero después no ha insistido en ello, por suerte. Probablemente leyó este blog, que por supuesto fulminó su idea suicida de terminar con la unidad nacional. O bien alguien de su entorno le preguntó si se había vuelto loco. El hecho es que se olvidó del asunto y siguió aplicando la política mapuche de la Concertación, lo cual ya era por sí suficientemente malo.
Pues el «conflicto mapuche» no es tal, sino que ha sido generado artificialmente, a partir de políticas demagógicas completamente irracionales. Lo son porque instituyeron un incentivo para los mapuches a enriquecerse reclamando tierras ajenas, con el agravante de que se premió incluso a los que las usurpaban mediante la violencia. De ahí a que esa fórmula suicida se extendiera había un paso, y eso es lo que ha sucedido últimamente
Un conocedor del tema indígena, Julio Bazán, publicó un libro en que prueba que no hay fundamento alguno para que exista un conflicto («¿Es Mapuche el Conflicto?», Editorial Maye, Santiago, 2011). Desde luego, no existe «derecho a la tierra» de los mapuches. Ningún fallo judicial jamás se ha dictado reconociendo tal «derecho.» El conflicto se generó bajo la Concertación, cuando se legisló para que la Conadi pudiera comprar tierras y asignarlas a personas de esa etnia. Pero nadie quería vender a la Conadi, de modo que no había tierras para entregar. Entonces los mapuches se dieron cuenta de que ejercitando la violencia amedrentaban a los propietarios y éstos, entonces, se allanaban a venderle a la Conadi. A veces se hacía una gigantesca trampa al Estado, como en el caso del fundo «El Notro», en que el dueño lo vendió en excelente precio a la Conadi y después se lo arrendó a los asignatarios mapuches y lo siguió trabajando tal como antes. Todos contentos, salvo el Estado chileno, el «paganini», «pasado por el aro». Total, «paga Moya». ¿Y quién pierde? Chile, porque además de derrocharse plata del erario, muchas tierras antes bien trabajadas han pasado a manos de personas que no las saben trabajar. Una segunda Reforma Agraria ruinosa
Los famosos «derechos ancestrales» de los mapuches tampoco existen. Nadie ha podido nunca precisar de dónde nacerían. Algunos dicen que hubo un tratado de España con el pueblo mapuche que los establecería, pero Julio Bazán buscó en el listado de tratados suscritos por España a lo largo de la historia, listado confeccionado por la Cancillería española, y no aparece el referido tratado reconociéndoles tierras a los mapuches.
El problema que se está viviendo, pues, deriva exclusivamente de las políticas de la Concertación, que incentivan la violencia para obtener tierras gratuitamente y cuyos gobiernos, incluido el actual, carecen de firmeza y autoridad para hacer respetar la ley.
¿Cuál es la solución? Primero que nada, restablecer la legalidad y la autoridad. Que los que delinquen sean sancionados de acuerdo a la legislación vigente. Y si los tribunales, controlados por la izquierda, persisten en no aplicarla, ahí estaríamos ya ante una crisis institucional. Sabemos en qué desembocan las crisis institucionales derivadas de que un poder del Estado se sale de la Constitución.
La segunda parte de la solución es la derogación de las normas que les dan un carácter de civilmente incapaces a los indígenas: ellos deben tener plena libertad para vender sus tierras y subdividirlas a su mayor conveniencia. Si este principio, que rige para todos los chilenos, hubiera sido establecido antes, la población mapuche ya no existiría como tal y se habría integrado rápidamente al resto de la nacionalidad. Desde luego, no permanecería una parte de ella, como sucede actualmente, en calidad de «siervos de la gleba», adscritos a pequeñas propiedades que no pueden vender ni logran trabajar rentablemente.
Esas dos políticas: ejercicio de la autoridad y derogación de todas las normas que limitan la libertad de contratación de los indígenas, harían desparecer rápidamente el artifical «conflicto mapuche», terminaría con toda la violencia estimulada por el afán de lucro (a través de obtener tierra gratuitamente) y permitiría la total y plena integración de la etnia con el resto de la chilenidad. Es decir, todo lo contrario de la peregrina idea de un ministerio actual de «mapuchelizar» al resto de los chilenos, propiciando la enseñanza del mapudungún. Ese disparate queda en evidencia como tal con sólo considerar, como lo ha comprobado el especialista Julio Bazán, que 522 palabras necesarias para la vida diaria de los chilenos ni siquiera tienen expresión en mapudungún.
Ninguno de los cinco gobiernos de la Concertación ha sido capaz de solucionar el conflicto que ellos mismos han generado. Lo que se necesita es algo que parece muy lejano: un gobierno con autoridad, con el coraje político suficiente para renunciar a la demagogia y cortar el derroche de recursos, y que sea capaz de decirles la verdad a todos los chilenos, comenzando por comunicársela claramente a los propio mapuches. Pues éstos valoran la mano firme. Por algo espontáneamente le dieron el título honorífico de «Ullmen F’ta Lonko» al Presidente Pinochet, en reconocimiento de que supo restablecer y mantener el orden, les dio títulos de propiedad e hizo respetar la legalidad.
