Opinión
No se requiere ser extremadamente suspicaz para advertir que la tarea más larga se dirige contra la educación pública para descapitalizar intelectual y culturalmente la democracia, para vaciarla de sentido y hacerla perder su memoria social de valores y significados.
La ya instalada “mercadización” de la educación en Chile, que no es más que la privatización sin reglas, más alguna dosis de delirio ideológico, ha dado lugar a un sistema educacional carente de ciertas virtudes fundamentales, altamente productivo en segregación social y de cuestionable o mala calidad para la mayoría. A la vez, nadie podría negar que ha llegado a ser una atractiva actividad lucrativa, aunque no exenta de transacciones espurias.
Además de todo ello habría que agregar que buena parte de los recursos o “botín de los vencedores” no proviene, como es claro, de la filantropía, sino del erario público o del sacrificio o endeudamiento privado de miles de familias trabajadoras que pagan lo que no tienen para que sus hijos tengan un título profesional. Esto se ha construido en los últimos cuarenta años de hegemonía económica y política neoliberal, tras la estrategia de dejar atrás al Estado docente y pasar definitivamente, no a la sociedad docente como se ha dicho oficialmente, sino al “mercado docente”.
Hoy, de cara a los escándalos que protagonizan unos y graves perjuicios que sufren muchos más, nadie quiere reconocer autoría ni participación en la institucionalidad vigente. Lo cierto es que las ideas y los intereses que promueve dicha institucionalidad no descendieron del cielo ni brotaron naturalmente, tienen unos portadores que existieron realmente en 1981 cuando se impuso la municipalización y la privatización general, o en marzo de 1990 cuando se publicó la Ley Orgánica de Enseñanza, auténtico testamento del gobierno militar, y en 2005 cuando se crea el Crédito con Aval del Estado y se aprueba la ley que da lugar al actual sistema de acreditación en educación superior. Es decir, más allá de quienes formalmente sancionaron tales leyes, lo que interesa es dejar claro que ellas obedecen a unas ideas y fundamentos que necesitamos discutir en profundidad. El debate que debemos hacer, en consecuencia, es acerca de ese sistema de ideas para analizar los cambios sustantivos que se requieren.
[cita]Un sistema educacional que da malos ejemplos, en que se puede enseñar literatura o matemática a distinto precio, que eleva al lucro como principal incentivo para ofrecer el servicio educacional, que induce a que altas autoridades se vean involucradas en bochornosos conflictos de interés, requiere sin duda de modificaciones estructurales, es decir, en las ideas y directrices que lo han inspirado y justificado por todo este tiempo.[/cita]
También es claro que a los que promovieron la privatización y desregulación como la panacea de las políticas públicas en educación no les interesa ni les conviene que se haga esa discusión. En todo caso, la evidencia es tan contundente que ya nadie intenta defender públicamente lo mismo que sostuvieron ayer, ni asumir responsabilidades. Por honestidad intelectual y prudencia política lo que corresponde a aquellos es admitir el fracaso de ese conjunto de ideas que sirvió de base a la precarización del sistema escolar, así como al lamentable espectáculo que presentan hoy varias universidades privadas.
Lo que está en juego, como se sabe, no es sólo una disputa política más, sino la posibilidad de que el país desarrolle o no sus potencialidades productivas, de innovación y de mejora de sus instituciones. Por esta misma razón, el futuro debate presidencial no podrá evitar tener como uno de sus ejes principales a la educación y en especial el rol que le corresponde al Estado. Para el proyecto democrático, sin duda, esta debe ser la línea que ordene el conjunto de sus energías, pues en ella se jugará gran parte de su convocatoria social y credibilidad. A su vez, de la consecuencia e integridad de su compromiso con la educación, entendida como una función pública y no del mercado, dependerá en buena medida la mayor o menor gobernabilidad que el país logre o pierda en el corto plazo. He hablado de consecuencia del proyecto democrático, porque así como Todorov escribe sobre los enemigos íntimos de la democracia, en Chile podemos hablar de los enemigos íntimos de la educación pública, para designar a aquellos que no declaran ni revelan su enemistad con ésta, o que incluso han integrado gobiernos democráticos, pero han estado mejor dispuestos para apoyar la privatización sin mesura, hasta el punto de tolerar que el Estado abandone la educación pública dejándola a su suerte.
Para no ir más lejos, las universidades del Estado han tenido que vivir en esta relación de indiferencia y hasta de hostilidad de parte de su mismo propietario. Pues bien en ese debate, que sin duda habrá, uno de los objetivos debe ser el encuentro de los auténticos amigos de la educación pública para terminar con tanta ambigüedad transversal.
No se requiere ser extremadamente suspicaz para advertir que la tarea más larga se dirige contra la educación pública para descapitalizar intelectual y culturalmente la democracia, para vaciarla de sentido y hacerla perder su memoria social de valores y significados. La educación, como se sabe, es una herramienta de las más idóneas para universalizar ciertas creencias o deslegitimar otras y por esto se ha convertido en un campo de disputa ideológica que se escamotea bajo el lenguaje de una supuesta racionalidad económica, sin importar los efectos que la búsqueda de esa hegemonía ideológica puede tener sobre la calidad de la educación, la construcción e integración simbólica de la sociedad democrática y las necesidades de formación profesional y técnica del país, tampoco importa mucho lo que ocurra con el desarrollo de la investigación, de las humanidades y las artes.
A mi juicio, no toda la elite política del país ha advertido los propósitos y los efectos que este antagonismo puede tener para el futuro de las instituciones. Jon Elster, un teórico social que ha sido profesor en Chicago y Columbia ha escrito que “Las instituciones impiden que la sociedad se desmorone siempre que haya algo que impida que se desmoronen las instituciones”, pues bien aquello que puede sostener a éstas últimas es precisamente la educación que forma en ciertas virtudes cívicas o públicas.
Pero un sistema educacional que da malos ejemplos, en que se puede enseñar literatura o matemática a distinto precio, que eleva al lucro como principal incentivo para ofrecer el servicio educacional, que induce a que altas autoridades se vean involucradas en bochornosos conflictos de interés, requiere sin duda de modificaciones estructurales, es decir, en las ideas y directrices que lo han inspirado y justificado por todo este tiempo. Este es el debate que se quiere evitar, pero es también el único del que no podemos prescindir.
