Si el Gobierno tiene información fidedigna respecto del grave peligro que Berkhoff representa para la seguridad nacional, ¿por qué el ministro, sin ningún sentido de lo que es la seguridad interna en términos de mesura y confidencialidad, lo desclasifica a los cuatro vientos? ¿No podría una vocería de esta naturaleza poner en peligro todo el plan de inteligencia que supuestamente habrían trazado los servicios expertos?
*Chile es un país sorprendente. Es el país donde los servicios de inteligencia se citan a reunión por los diarios, donde el Gobierno dictamina culpables antes que la justicia, donde los informes de los servicios de información reservada son filtrados y compartidos públicamente y donde las pruebas suceden a las acusaciones, no les preceden. Un modus operandi digno de la doctrina “Control”, esa fascinante agencia que luchaba contra “Kaos” y cuya mayor estrella era el Súper Agente 86. Sólo así se comprende que aquello que debería permanecer en el “cono del silencio”, de ser cierto, sea absurdamente amplificado.
Es curioso que la necesidad de publicitar las acciones de inteligencia policial sea tan febril que atente contra el éxito mismo del supuesto operativo. Nunca habíamos visto en Chile que fueran las mismas autoridades políticas las que soplonean cuáles son los próximos pasos en las redadas y de qué modo se está buscando a los culpables de acciones delictuales.
Intentemos, en esta marea de acusaciones hechas por el Gobierno a Emilio Berkhoff, separar la paja del grano.
Tenemos un ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, que asegura que “se trata de uno de los operadores más importantes en las organizaciones violentistas y terroristas de La Araucanía y Malleco”. Nada se ha informado sobre hechos concretos. Cuando se le consulta de qué habla, dice que, según informes de inteligencia policial, él está vinculado a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pero no explica nada más. Luego, abunda: “él portaba un revólver calibre 38 con su serie borrada, lo cual hace presumir para qué se iba a utilizar esa arma”.
Hasta ahora, y según ha dicho la propia Fiscal, a Berhoff se le imputa maltrato de obra a Carabineros. Esto es, pegarle una patada a un funcionario de las fuerzas policiales, durante una marcha. Por este delito estuvo en prisión preventiva y, una vez recapturado, vuelve a estarlo. Se nos dice también que portaba un revólver y municiones para el mismo, en un banano. Este hecho, porte ilegal de armas, constituye también un delito. Sin embargo, no es infrecuente que un delincuente común porte un arma de modo ilegal. Tampoco es infrecuente que un manifestante golpee a un carabinero. Sin ánimo de minimizar ninguno de estos delitos, uno puede preguntarse, sin embargo, si cualquiera de ellos, o ellos sumados, constituyen prueba alguna de que se trata de uno de los principales líderes de la Coordinadora Arauco Malleco y, lo que es más importante, si está vinculado con los graves crímenes que parecen imputársele.
Y si el Gobierno tiene información fidedigna respecto del grave peligro que Berkhoff representa para la seguridad nacional, ¿por qué el ministro, sin ningún sentido de lo que es la seguridad interna en términos de mesura y confidencialidad, lo desclasifica a los cuatro vientos? ¿No podría una vocería de esta naturaleza poner en peligro todo el plan de inteligencia que supuestamente habrían trazado los servicios expertos? ¿No podría alertar una acción de esta naturaleza a los otros implicados en los crímenes de los que se le acusa? ¿Por qué, si hay pruebas contundentes contra Berkhoff, el Gobierno se contenta con “presumir” el uso que haría él del arma que portaba y con permitir que únicamente se le procese por una patada a un carabinero?
Una pregunta al margen es de qué modo llega Carabineros a dar con el revólver de Berhoff en un “control policial”, como se nos dice. Si él viajaba a dedo junto a su pareja y sus dos hijos en una camioneta, y el vehículo fue controlado de manera rutinaria, ¿por qué se pidió documentación a quienes viajaban a dedo en el vehículo? Hablamos de un viaje entre Puerto Choque hacia Cañete, un viaje que hice al menos una decena de veces hasta hace una semana, pues fui a veranear a la zona. Nunca detuvieron el vehículo en el que viajaba, ni vi carabineros cumpliendo esta función. Hablamos de una zona de veraneo, no de un lugar sitiado por el conflicto, en llamas, como los medios parecen querer que creamos. ¿Por qué Carabineros sospechó de un hombre que viajaba con su mujer y sus hijos, entonces? ¿O Carabineros había recibido un “dato” fiable y el chofer, la pareja e incluso los dos hijos pequeños serían parte de una coartada?
Sea como sea, parece que el Gobierno tiene todo controlado. Que los informes de inteligencia son tan infalibles como para permitirse interferir con la labor de la justicia, a través de declaraciones que inculpan a un detenido (a la punta del cerro la presunción de inocencia) y que el desclasificar un plan secreto para desbaratar una red supuesta red ya no de resistencia, sino derechamente terrorista en la zona no compromete la naturaleza misma de una estrategia reservada. ¿O será que los “terroristas” no se enterarán, pues no leen la prensa oficial?
