Opinión
Lo obvio y sensato hubiera sido lo más simple. Detener a los soldados y expulsarlos sin más, tal vez enviando una nota de protesta, algo que ya hubiera sido exagerado. En cuanto al armamento que ellos portaban, confiscar el fusil era suficiente. Con ello se hubiera ahorrado tiempo, dinero y buenas relaciones (dentro de lo malas que están). El guión que se ha seguido, con el Ministerio Público en la conducción de los tiempos, resulta absurdo y remarca que el sentido común no es lo más común en el actual gobierno.
En cuáles circunstancias tres conscriptos aparentemente extraviados en una frontera inhóspita, sin áreas estratégicas y en un entorno pedregoso a cuatro mil metros de altura se transforman en un incidente diplomático sobre soberanía; es una anécdota digna de la enciclopedia universal de los hechos absurdos. Más incomprensible es que los gobiernos de Chile y Bolivia, con sus presidentes a la cabeza, se enfrasquen en dimes y diretes sobre el hecho, transformándolo en un símbolo de la disputa por mar o la defensa irrestricta de la soberanía.
Lo obvio y sensato hubiera sido lo más simple. Detener a los soldados y expulsarlos sin más, tal vez enviando una nota de protesta, algo que ya hubiera sido exagerado. En cuanto al armamento que ellos portaban, confiscar el fusil era suficiente. Con ello se hubiera ahorrado tiempo, dinero y buenas relaciones (dentro de lo malas que están).
El guión que se ha seguido, con el Ministerio Público en la conducción de los tiempos, resulta absurdo y remarca que el sentido común no es lo más común en el actual gobierno.
Desde la perspectiva de la soberanía, que tanto interesa a nuestros gobernantes, los hechos tampoco se ven mejores. Principalmente, porque el incidente crea obstáculos para una cooperación de seguridad entre ambos países, que se hace crecientemente necesaria en relación a un área que se torna crítica en materia de crimen organizado. Y respecto de la cual, es preciso decirlo, tanto autoridades como sectores privados hablan de la necesidad de un control binacional.
[cita]El control territorial por parte de mafias, de cualquier naturaleza que sea, contamina todo el entorno, incluidas las fuerzas armadas, particularmente en delitos transnacionales y de alta rentabilidad, como es el caso de narcotráfico que ronda el de los vehículos. La existencia de más de 80 pasos fronterizos en la zona y un solo control, el de Colchane, debiera obligarnos a ver como están las medidas de control en casa.[/cita]
Challapata ha sido definida por las propias autoridades bolivianas y la prensa de ese país como un “terreno de nadie”, y en los últimos meses del año pasado, vivió despliegues militares para controlar el contrabando de vehículos, generalmente robados en Chile y comercializados en esa ciudad, conocidos como chutos, y que es la industria que mueve la economía local.
Lo curioso es que el gobierno boliviano para hacerlo, ha debido desplegar un ejercicio militar en forma, camuflado de desfile por fiestas cívicas para poder ingresar el contingente militar a la zona, sin que la población se percatara o se opusiera con tomas de caminos y otras acciones. Aún así, el denominado Plan ‘Pichay’, (limpieza) de principios de octubre de 2012, terminó con víctimas fatales, detenidos y el pueblo movilizado contra los militares.
Se utilizaron tanquetas, carros de asalto y transporte militar grueso bajo la consigna de que «Tenemos que cortar las redes de la organización del crimen en Bolivia, vinculado al contrabando, al narcotráfico, a la falsificación de dinero», según declararon las autoridades.
El contingente utilizado fue traído de otras localidades, y los efectivos del Regimiento Ranger Méndez Arcos sito en Challapata, fue sacado de la ciudad para evitar el roce de parentesco durante las acciones.
Tales hechos denotan que para el gobierno boliviano el problema es bastante serio, independientemente de lo que declara su presidente. Si, como se sabe, en los departamentos de Oruro y Potosí existen poblaciones involucradas y cómplices del contrabando, cuyo centro es la población de Challapata (Oruro), con una industria dedicada a transformar los vehículos indocumentados, falsificar documentos, clonar placas y hasta proporcionar conductores para el traslado del automóvil a otras ciudades del país con una apariencia legal, todo a pocos kilómetros de la frontera con Chile, no parece sensato jugar a la soberanía con tres conscriptos perdidos, y menos crear un incidente diplomático.
Durante el operativo militar descrito, la resistencia de los contrabandistas fue menor, pero dada la envergadura del negocio nadie puede asegurar que no mejorarán sus respuestas en el futuro. Sin embargo, es evidente que al menos en Bolivia, ya superó a la fuerza policial.
Para Chile debiera ser una señal importante que el tema esté radicado en una Comisión Interinstitucional integrada por las FF.AA, la Policía boliviana, la Aduana Nacional, el Control Operativo Aduanero (COA), la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf). Al menos, lo suficientemente importante para terminar de una vez con el tema de los tres conscriptos.
El control territorial por parte de mafias, de cualquier naturaleza que sea, contamina todo el entorno, incluidas las fuerzas armadas, particularmente en delitos transnacionales y de alta rentabilidad, como es el caso de narcotráfico que ronda el de los vehículos. La existencia de más de 80 pasos fronterizos en la zona y un solo control, el de Colchane, debiera obligarnos a ver cómo están las medidas de control en casa.
Un punto aparte es que el robo de vehículos es una industria como cualquier otra, que puede caer incluso por razones de mercado. Lo importante son las estructuras mafiosas que se crean en torno al delito, ya que dependiendo de su madurez como mafia, pueden cambiar rápidamente a otros rubros, mejorar su logísticas y ampliar y tecnificar sus redes. La impunidad territorial es un paso clave en todo el proceso. Si no, pregúntenle a los mexicanos.
