Una lápida para nuestras instituciones representa el acuerdo político suscrito el año 2010 entre RN, la UDI e independientes que colocará el 3 de abril al ex alcalde de Coquimbo y actual diputado independiente Pedro Velásquez como vicepresidente de nuestra honorable Cámara de Diputados. Esta negociación, una más de las muchas realizadas entre cuatro paredes y a espaldas de la ciudadanía, no sólo consolidará el desprestigio de nuestro Congreso Nacional -afectando las testeras de ambas cámaras- sino que dinamitará la exigua confianza que existe en nuestras instituciones, lo que puede ser extremadamente peligroso en un año electoral.
La designación del diputado Pedro Velásquez como vicepresidente de la Cámara Baja simboliza el mercado de negociaciones que existe en nuestra clase política, llegando incluso a hacer vista gorda de la comisión de delitos. El honorable representante del distrito Nº 8 -Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado- fue condenado por fraude al Fisco por el Tribunal Oral de La Serena, la Corte de Apelaciones regional y la segunda Sala de la Corte Suprema. El procesamiento fue por la compra de un predio para viviendas a sobreprecio, situación por la cual el ex alcalde fue destituido en 2007. Además de una condena de 300 días de pena remitida y la inhabilitación perpetua para ejercer el cargo de alcalde, los tribunales ordenaron a Velásquez a pagar $ 165 millones, como indemnización al daño fiscal causado al municipio. Hoy ese monto asciende a $ 284.241.700 según estimaciones de la propia Municipalidad de Coquimbo, producto de intereses, multas y de un juicio de cuentas pendiente por otras situaciones administrativas durante su administración municipal.
Por otra parte, de antología resulta la entrevista que le hizo el periodista Daniel Matamala en CNN Chile al parlamentario. Ahí, el diputado no sólo reconoce haber sido condenado por fraude al Fisco, sino que señala que su situación económica no le ha permitido pagar la deuda. Alega en su defensa que la pena principal ya fue cumplida, quedando pendiente solo el cumplimiento de la pena accesoria, correspondiente a la indemnización por el perjuicio causado. ¿$ 165 millones (que ahora son $ 284) a cambio de 300 días remitidos? No es mal negocio. Se queja además de que ni el Consejo del Estado ni la Municipalidad de Coquimbo aceptaron un convenio en que a cambio de la condonación de intereses el honorable ofrecía ir pagando de $ 1 millón mensual. ¿Durante 165 meses? ¿Habrá alegado el honorable contra la condonación del Servicio de Impuestos Internos a Johnson’s o habrá guardado un discreto silencio? Ya se quisieran esos beneficios los contribuyentes -que no han cometido ningún delito- para pagar sus deudas con el Estado. Demás está decir que ahora no existen bienes a nombre del condenado, por lo que la deuda no ha podido ser cobrada.
Por supuesto, todos sabemos que poderoso señor es Don Dinero – especialmente en años electorales- y el político impedido legalmente de ser alcalde, siempre puede postular como diputado. Y en ese cargo fue electo por su zona con el 36% de los votos. De la cantidad defraudada, ¿cuánto habrá ido a parar a su campaña electoral? No lo sabemos, pero estaríamos entrando a un círculo macabro: que el Estado se convierta en financista de campañas políticas vía fraude al Fisco para que éstos puedan seguir defraudándolo.
Pero además esto no es sólo un problema del diputado Velásquez. Es toda nuestra clase política la que está involucrada. “Estamos molestos porque él (Velásquez) no nos contó el problema, sabiendo que estallaría”, declaró la diputada Alejandra Sepúlveda. No resulta creíble que ella -y el resto de la bancada independiente- no hayan sabido el 2010 del juicio que destituyó al ex alcalde de Coquimbo y que lo condenó a pagar la deuda referida. Todos sabían, pero ante la necesidad de un voto clave para el nombramiento de las testeras parlamentarias, bajaron la vista y siguieron adelante. Por eso, las actuales gárgaras que hacen ciertos diputados independientes sobre el desconocimiento de la situación judicial de su par procesado y condenado, sólo confirman su oportunismo político.
Aún más, este acuerdo refleja una triste realidad: si la Cámara es incapaz de fiscalizarse a sí misma, ¿qué credibilidad tendrá para fiscalizar al Ejecutivo? El feroz desprestigio que tienen las comisiones investigadoras de nuestros honorables diputados sólo es superado por su inoperancia. Hoy día la ciudadanía sabe que estas comisiones investigadoras son instrumentos usados en beneficio propio en la reyerta política para mantener o recuperar las cuotas de poder.
Y estando ante un momento clave como es la acusación constitucional contra el ministro Beyer -promocionada activamente por la diputada Sepúlveda- todo voto resulta importante. Más todavía, cuando se trata de diputados independientes -pivotes de la Cámara Baja- aunque sean de tan dudosa reputación como alguien procesado y condenado por fraude al Fisco. Y esto tiene un precio: las tibias declaraciones de La Moneda -como las de la ministra Matthei quién interpuso la querella por fraude al Fisco en su oportunidad-y el silencio ominoso de las bancadas UDI y RN.
Hace unos pocos meses atrás (Noviembre 2012), una serie de veneradas instituciones -PNUD, CEP, Cieplan, Libertad y Desarrollo, ProyectAmérica, Instituto Libertad, Fundación Jaime Guzmán y Chile 21- decidieron hacer una Auditoría a la Democracia Chilena, en que se midió la confianza que la ciudadanía tiene en nuestras instituciones. Por supuesto que los resultados demostraron una dramática pérdida de confianza en nuestras instituciones, siendo las peores evaluadas -como era previsible- los partidos políticos (9%) y el Congreso (15%), pero colocando a Carabineros como la mejor evaluada… con un también bajo 57%.
Es sólo durante un año electoral en que el poder ciudadano se revaloriza. Es ahora -ante tanta promesa de gobierno ciudadano en que se embarcarán todos los candidatos presidenciales-cuando podemos exigir, premiar y castigar a nuestra política. No cabe duda que la asunción de Pedro Velásquez como vicepresidente de la Cámara de Diputados sería oficializar la opacidad en nuestro país y abrirle la puerta a la corrupción institucionalizada, aniquilando de una vez el escaso respeto que tiene la ciudadanía por sus instituciones.
Si compartes mi indignación, te invito a firmar esta carta, diciendo #NoAVelásquez en las redes.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
