Estado moderno y Educación Pública, más allá de la contingencia

Las imágenes que este Estado moderno llamado Chile irradian al mundo, no nos pueden dejar satisfechos. Una vez más, miles de jóvenes recorriendo las calles exigiendo educación de calidad; dos ministros acusados constitucionalmente en 5 años, rectores de universidades procesados, autoridades del sector dando explicaciones, corrupción en el órgano asegurador de la calidad, grandes diferencias en los resultados de las pruebas SIMCE y PSU entre establecimientos municipales y particulares por mencionar algunas. Leyes en el Congreso que esperan discusión, otras dictadas hace 4 años que esperan su aplicación (giro único sostenedor), entre tantos otros signos que nos agobian como sociedad. Bien vale la pena preguntarse si ¿lo que vemos es todo que hay o solamente la punta del iceberg?

Chile, como país independiente, necesitó un siglo y medio para levantar un sistema de educación que llegó a ser referente en Latinoamérica. A esa construcción concurrieron diversas formas de pensamiento, pero ahora la evidencia nos demuestra lo mucho que nos hemos desviado de los valores sociales de la educación que propiciaron los grandes gobiernos republicanos de la historia. Curiosamente, valores propios de lo que es hoy un Estado Moderno. “Deberá formar ciudadanos y no súbditos”, nos dice en la reapertura del Instituto Nacional Bernardo O’Higgins en 1820; “Soy de los que miran la instrucción general como uno de los objetos más importantes y privilegiados a que pueda dirigir su atención el gobierno”, destaca Andrés Bello en el discurso de instalación de la Universidad de Chile en 1843; “Si bien la iniciativa privada ha establecido a veces algunas fundaciones notables, ha sido cuando renunciando a todo propósito de lucro, ha hecho de la enseñanza una tarea de abnegación, desinterés y sacrificio”, Valentín Letelier, 1892.

[cita]El descuido por la calidad de la educación pública se hizo crónico y los distintos gobiernos, explícita o implícitamente, se hicieron avales de ello. Es cierto que se corrigieron aspectos instrumentales del sistema, tales como infraestructura, subsidios a la demanda, algunas mejoras salariales a profesores y becas de estudio; pero no se modificó en un ápice la ideología que la inspira. [/cita]

En una época pasada, no lejana como para olvidarla, nuestro país tenía claros rasgos de bipolaridad que nos llevaron a discutir como sociedad desde una Escuela Nacional Unificada (ENU), a aquellos que imaginaron un Estado subsidiario en materia educacional. Expresado en los extremos: todo exclusivamente público o todo privado. Asistimos al parecer, al fin de una etapa liberalizadora que tuvo como punto de inicio un Decreto Ley accesorio al tema educacional, el DL 3063 de 1979, que estableció normas sobre Rentas Municipales. Éste señala que las municipalidades pueden tomar a su cargo servicios que estaban siendo atendidos por organismos del sector público o privado, para lo cual se dicta el DFL 1-3063. De ahí en adelante, se van dictando diferentes preceptos de efecto privatizador; el DL 3476, 1980 (Normas establecimientos de enseñanza particular subvencionados); el DL 3.541 (reorganización de universidades); la Ley 18.768, 1988, a través de art.46, agregó al DL 3476, la «subvención a establecimientos educacionales de Financiamiento compartido».

Es, en mi opinión un hecho imperceptible para la mayoría, el que coronó la ideología de cambio en la que nos encontramos: El 8 de marzo de 1990, tres días antes del cambio de gobierno, se publicó en el Diario Oficial la Ley 18. 956, que reestructura el «Ministerio de Educación Pública», pasando a ser denominado en su Artículo 1° simplemente como «Ministerio de Educación».

En lo que respecta a la educación pública, lo que hoy vemos es el progresivo debilitamiento de escuelas, liceos y universidades que pertenecen al Estado. Mientras en 1980 las universidades públicas captaban el 42 % de la matrícula de la educación superior, esa cifra apenas bordeó el 18 % en 2012. La educación municipal por su parte, redujo su matrícula de 57,7 % en 1990, a un 39,3 % al 2011, por lo que su significación sigue descendiendo.

El descuido por la calidad de la educación pública se hizo  crónico y los distintos gobiernos, explícita o implícitamente, se hicieron avales de ello. Es cierto que se corrigieron aspectos instrumentales del sistema, tales como infraestructura, subsidios a la demanda, algunas mejoras salariales a profesores y becas de estudio; pero no se modificó en un ápice la ideología que la inspira.

El mundo ha cambiado, la sociedad ahora es distinta, pero pueden coincidir conmigo en que el fin de la Educación Pública no le es indiferente al Chile del mañana, al de nuestros hijos y nietos. Pero junto con ello, debemos señalar enfáticamente que el abandono de la calidad es el principal enemigo. En momentos en que el tema vuelve a dominar la agenda, un buen ejercicio sería revisar con objetividad la ruta del deterioro de la educación pública, porque a las familias las inspira el mismo principio que sustenta hoy al Estado moderno; desean también la libertad y dignidad de sus hijos y en ese contexto toman sus decisiones.