En el mismo orden, la omisión de ciertos derechos en sociedades en el extranjero en la declaración de patrimonio de uno de los candidatos de la coalición oficialista puede ser tomada como una minucia. En cualquier caso, ha generado hoy un impacto ético tanto más fuerte que cuando estas reformas se llevaron a cabo.
Chile es uno de los países de América Latina más respetados por la buena salud de sus instituciones. El cumplimiento efectivo de la ley y la imparcialidad de los reguladores está vinculado fuertemente a esas buenas estadísticas. Existe entonces un cierto convencimiento interno y externo en que este es un país donde la cultura de la ventaja (la coima o el tráfico de influencias) no es aceptada, al menos de manera pública, como una vía alternativa y más eficiente de conseguir derechos. Los años de gobernabilidad democrática, de “la política de los acuerdos”, la “pax boeningeriana” que refirió alguna vez Francisco Vega, trajeron dentro de sus productos un dogma sobre la salud macroeconómica y ciertas características no transables del Estado chileno: un Estado centrado en la regulación de la actividad económica, con orientación al cliente, donde la probidad y la transparencia en el poder público era fundamental. Y cada tanto, ese dogma vuelve a ser digno de recordación. Más vale recordar que el actual Presidente consideró dentro de sus ejes, el fin de los “pitutos”, la llegada de una nueva forma de gobernar y en general “el fin de la corrupción de la Concertación”.
Aún con el valor de la grandilocuencia de los discursos, el fondo de todo es asumir que no existen los países sin personas dispuestas a desviarse del mandato político de promover el bien común (eso sería ingenuo) y que basta con tener un acuerdo básico y dinámico sobre cuál es el margen tolerable de desviación que el país y sus instituciones están dispuestos a soportar.
Pues bien, esas barreras se han corrido nuevamente, estos días.
[cita]En el mismo orden, la omisión de ciertos derechos en sociedades en el extranjero en la declaración de patrimonio de uno de los candidatos de la coalición oficialista puede ser tomada como una minucia. En cualquier caso, ha generado hoy un impacto ético tanto más fuerte que cuando estas reformas se llevaron a cabo.[/cita]
Cada tanto, escándalos de corrupción generaron agendas coyunturales de reforma del Estado. La actuación de Juan Pablo Dávila generó la Comisión Bates y sus medidas, luego el acuerdo Lagos-Longueira denominado pro-crecimiento juntó en un momento de crisis económica ciertas políticas para aumentar la confianza en un empresariado que no precisamente festejaba la marcha del gobierno. Finalmente, a raíz de irregularidades en Chile Deportes, la Presidenta Bachelet dictaminó la creación de una Comisión de Expertos que finalmente propuso urgencias a la ley de acceso a la información pública, la reforma de calidad de la política y varias otras medidas.
Desde ese lejano 2006 el giro de los actos de corrupción ha cambiado dramáticamente. Si antes el acento se encontraba en los actos de corrupción o desvío de fondos del erario fiscal, la pregunta pasa hoy —y es parte de la sofisticación del país— por la idoneidad del sujeto que toma las decisiones públicas.
Los conflictos de intereses, por ejemplo, han hecho mella en las autoridades nacionales de esta administración, algunas de investidura históricamente impoluta: instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, el Instituto Nacional de Estadísticas o Mideplan nunca habían estado antes en entredicho, ni siquiera en la dictadura militar. Es posible que la ciudadanía, menos informada y más receptiva a la comunicación oficial, tampoco lo hubiera advertido.
En el mismo orden, la omisión de ciertos derechos en sociedades en el extranjero en la declaración de patrimonio de uno de los candidatos de la coalición oficialista puede ser tomada como una minucia. En cualquier caso, ha generado hoy un impacto ético tanto más fuerte que cuando estas reformas se llevaron a cabo. La pregunta moral sobre la independencia y la idoneidad de las autoridades se respondía en ese entonces mal o insuficientemente. Es un avance en el pensamiento ciudadano en Chile, más crítico y desafiante, por cierto. El establecimiento de cuerpos autónomos en la mayoría de los órganos estatales donde puedan existir intereses divergentes entre el gobierno de turno y el Estado, el perfeccionamiento de la alta dirección pública, una ley de lobby fuerte, una regulación integral de la puerta giratoria y una total transparencia sobre el mapa de intereses de los reguladores debieran ser campo abierto para una nueva agenda. En una sociedad pequeña y con una elite endogámica, como la chilena, este es un escenario que no puede perderse de vista.
