Ellos tienen el poder y lo van a perder pareciera ser el slogan que se ha levantado –al estilo de una armada devota de Bersuit- desde los puños de una serie de candidatos/as surgidos de un movimiento estudiantil que desde el 2011 han dado discurso y colores a las calles del país. No es casual que CamilaVallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Francisco Figueroa, Camilo Ballesteros, Karol Cariola, Daniela López, Nataly Espinoza, entre otros, sean nombres que se están erigiendo como una alternativa ante el duopolio que ha protagonizado la política chilena desde 1990.
Nacieron de la conciencia del sentido común que había sido adormecida por los “grandes consensos” de la Alianza y la Concertación hace siete años atrás. Se tomaron todas las escuelas –las públicas, las privadas subvencionadas y las privadas 100%- y extendieron el conflicto a enfrentamientos temerarios en las calles, sobrepasando los intentos de contención y represión policial. La Presidenta Michelle Bachelet reaccionó disponiendo un Consejo Asesor con participación del llamado mundo social (apoderados, estudiantes universitarios, escolares de enseñanza media, profesores, trabajadores) para debatir junto a los expertos, empresarios e iglesias, los ejes para transformar la educación de Chile. Luego de la caída de dos ministros de educación vino la debacle: la pérdida de la reforma constitucional a favor del derecho a la educación en el Congreso, el silencio en torno al lucro y finalmente el acuerdo entre la derecha y la autodenominada centro-izquierda para decir que el problema del sistema educacional era la calidad y la regulación.
La Ley General de Educación (LGE, 2007) concretó la traición final a los estudiantes secundarios de Chile y las esperanzas de millones de chilenos/as que vieron en los pingüinos una oportunidad de remover al fin las herencias más profundas de la dictadura.
Pudo ser una derrota para deprimir toda nueva tentativa de transformación social. La aplanadora de las élites políticas había sacrificado la energía de un pueblo conducido por sus niños/as y adolescentes, para defender sus propios privilegios de clase asociados a la educación-mercancía. En julio de 2007 el Congreso Nacional sospechosamente aprobó la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Juvenil, lo cual claramente incidió en la disminución de la masividad de las movilizaciones estudiantiles posteriores al 2006. El mundo político oficial apostó nuevamente por el peso del olvido, la somnolencia y el debilitamiento del movimiento estudiantil. Alabaron los logros de consensos en materias educativas, convertida nuevamente en un eje programático reformista. Probablemente no reconocieron lo que alguien podría denominar “resiliencia política” de la generación de estudiantes frustrados por la acción de la aplanadora de los acuerdos de las élites.
La popular Presidenta Bachelet se despidió en 2010 dejando no sólo un país recién afectado por un terremoto, sino también una educación pública fragilizada, ya no en los términos del abandono expreso de la dictadura, sino que por el empecinamiento de defender la “igualdad” de trato entre las escuelas públicas y privadas, lo que terminó privilegiando la apertura de nuevas escuelas privadas con subvención del Estado, con lo cual hoy dos tercios del gasto total para la educación financian se van directamente a la educación privada. Con Michelle Bachelet se cerró el ciclo de los gobiernos de la Concertación dejando un saldo desastroso. Durante los veinte años de gobiernos de la centro-izquierda chilena se cerraron 560 escuelas públicas –de ellas 245 escuelas durante el gobierno de Bachelet-, mientras se abrieron 2980 escuelas privadas con subvención estatal –de ellas 777 escuelas con Bachelet-. La matrícula en las escuelas públicas bajó de 57,8% en las escuelas municipales en 1990 hasta 40,3% en 2010, mientras la matrícula de las escuelas particulares con subvención del Estado subió de 32,4% en hasta un 51,8% para el mismo período.
Lógicamente la realidad no cambió con el nuevo gobierno. En el Informe estadístico del Mineduc de 2011 es posible observar que sólo en el primer año del gobierno de Sebastián Piñera se cerraron 146 escuelas públicas, mientras se abrieron 82 escuelas particulares con subvención del Estado.
Habían pasado 5 años desde la Revolución de los Pingüinos, y esa generación se encontró con la descarnada realidad de la educación superior chilena. Las deudas eran el motor que permitía mover la intrincada relación entre las instituciones de educación superior y la banca privada –y el mundo político-. Los estudiantes más pobres difícilmente alcanzan los puntajes necesarios para las universidades tradicionales, por lo tanto no pueden optar fácilmente a las ayudas económicas, que son asignadas sólo a los estudiantes “meritorios”. Curiosamente el sistema de educación se invierte en la educación superior, los más pobres que no pagaban por su educación en las escuelas municipales, ahora debían pagar (endeudarse) para acceder a centros de educación superior en su mayoría privados, o luchar por las esquivas becas.
Si bien los estudiantes de la enseñanza media lo plantearon ya en el 2006, la necesidad de discutir y transformar los pilares del sistema político-económico apareció transversalmente en el 2011. El aprendizaje de esta generación de estudiantes de la experiencia del 2006 se concretó en varios puntos, algunos de estos fueron:
a) Conciencia del problema: se apuntó a los cambios en el “modelo” de país, y por lo tanto resurge con fuerza la demanda por reformas o transformaciones estructurales –Asamblea Constituyente para una Nueva Constitución, Nacionalización de los Recursos Naturales-.
b) Liderazgo horizontal: si bien hubo líderes identificables, la dinámica interna del movimiento siguió la estructura de una democracia directa, con líderes eventuales revocables.
c) Estrategia de lucha: desconfiar en las ofertas del mundo político oficial, exigiendo garantías de avance y compromisos reales para poder negociar. Por otra parte, resaltaron la relevancia de dejar fuera a los partidos políticos, incluso en el caso de quienes tenían militancia.
La actuación de los estudiantes fue profundamente política, desorientando a quienes desde el gobierno y la oposición habían sostenido un modelo que marginaba a las grandes mayorías de la población, condenándoles a vivir sin sus derechos básicos protegidos. La toma de las escuelas y centros de estudios superiores, se sumó a las ocupaciones estratégicas de la UNESCO y del Ex Congreso Nacional.
El debate entre el vicepresidente de la FECH en 2011 Francisco Figueroa y el ex Ministro de Educación de la Concertación, Sergio Bitar sintetizó el desencuentro final entre el oficialismo y esta generación, ahora libre de los partidos políticos esta generación “llegaba a la política para quedarse”.
Han pasado dos años –han caído tres nuevos ministros de educación- y las candidaturas de los ex estudiantes del 2011 a diversas diputaciones son una apuesta osada y compleja. La deslegitimación del poder de los políticos oficiales es una bandera sostenida por el movimiento estudiantil hasta nuestros días, lo cual coloca a estas figuras en una contradicción con su propia base. Sin embargo, estas candidaturas no nacen de acuerdos políticos de cúpulas alienadas, sino desde la identificación simbólica de una nueva versión de “El baile de los que sobran”, que logró estructurarse como el movimiento social más importante de las últimas décadas en Chile. Probablemente, al igual que los candidatos del 15-M español que presentan sus candidaturas este año, ellos y ellas están apostando por una inversión en el concepto de representación, rescatando los aprendizajes que obtuvieron como dirigentes de base. No se es elegido para representar a un movimiento, sino que para sentirse representado con ese movimiento social en acción.
La lucha ideológica está desatada. Hace unos días Rolf Lüders -ex alumno de Milton Friedman en Chicago y ex ministro de Hacienda de Pinochet- ilustraba su irrestricta defensa al lucro, como un motor de creación, innovación y eficiencia descentraliza –léase privatizada-. Lüders culminaba advirtiendo que hoy unos pocos –donde con seguridad están los candidatos que inspiran este artículo- pretenden cambiar este modelo, e invitaba a su vez a defender la restauración del “correcto” sentido del lucro. Y es que el lucro –o el “justo beneficio”- de quienes se han beneficiado de la protección constitucional a la libertad de empresa en los ex derechos sociales de Chile será uno de los ejes más relevantes desde los cuáles juzgar las propuestas programáticas de las candidaturas.
Estos ex estudiantes se unen a las candidaturas de otros ciudadanos/as destacados en el mundo social –y que están presentando a la Presidencia, Senaturías y Diputaciones-. Es una apuesta arriesgada, sin los millonarios recursos con que cuentan los partidos políticos para el marketing deberán levantar sus candidaturas desde el trabajo que mejor saben hacer: compenetrarse con el sentido del dolor y la alegría de las calles de la ciudadanía nacional… y en ello probablemente serán intransigentes.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
