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Asamblea Constituyente vs. vieja Concertación

por 15 mayo, 2013

La Asamblea Constituyente en el momento actual requiere conformarse como “poder electoral constituyente”, y ello pasa por contar con los votos y los votantes de un conglomerado que está en fase de mutación (la vieja Concertación). Ya sabemos que parte de esos votos, los de los autocomplacientes, no se sumarán a esta iniciativa. Incluso se opondrán frontalmente a ella según lo muestra Escalona, que desoye las decisiones de su partido al respecto.
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Para quienes llevamos más de una década impulsando la promulgación de una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente (Movimiento por la Asamblea Constituyente —2002, 2003—, movimiento Chile a la Carta —2004, 2011— y Movimiento Nueva Democracia —2012) la situación actual indica que la propuesta está pasando de pura utopía a proyecto político realizable. Fue un ejercicio puramente testimonial y de resguardo de principios Demandar el año 2002 nueva constitución vía asamblea constituyente. Hoy día en cambio, constituye una idea fuerza con capacidad de aglutinar voluntades para la realización de un nuevo proyecto político.

Eso implica transformar la idea fuerza en “poder electoral constituyente”, es decir, darle viabilidad política como proyecto sustentado por una fuerza legítima: la que resulta de ganar una presidencia de la república y un parlamento que se identificó con la demanda y la sostuvo como posible.

Este “poder electoral constituyente” requiere de alianzas y de una alta dosis de realismo político.

La Asamblea Constituyente en el momento actual requiere conformarse como “poder electoral constituyente”, y ello pasa por contar con los votos y los votantes de un conglomerado que está en fase de mutación (la vieja Concertación). Ya sabemos que parte de esos votos, los de los autocomplacientes, no se sumarán a esta iniciativa. Incluso se opondrán frontalmente a ella según lo muestra Escalona, que desoye las decisiones de su partido al respecto.

La Concertación de Partidos por la Democracia nunca abandonó la idea de reformar la Carta de Pinochet. Expresión de ello son las grandes reformas del año 1989 y 2005, y las numerosas reformas más acotadas que se han verificado en estos 33 años. Con estas acciones un sector del conglomerado creyó dar satisfacción a las demandas por un nuevo orden constitucional.  Los cambios impulsados aspiraban a sentar las bases para generar un nuevo orden que diera por superada la propuesta gremialista.

Ahora sabemos que fue una operación fallida. El binominalismo y su producto natural, la política de los consensos, terminó generando una transversalidad entre la Alianza y una parte de la Concertación que impidió que la modificación de la Carta Pinochetista fuera leída y reconocida como una auténtica operación constituyente, y por ende, como un caso de legitimación de un orden constitucional que superaba su abierta ilegitimidad de origen.

En todo este proceso hay algo rescatable para el movimiento por la Asamblea Constituyente y para una Concertación que aspira a superarse: la pugna, a veces abierta, entre flagelantes y autocomplacientes. Dicho conflicto es revelador de resistencia y lucha al interior del conglomerado concertacionista en torno a la definición de las reglas de la política, la actividad económica y la organización social. Esta pugna impidió que la Concertación se definiera como conglomerado de centro izquierda: la derrota de los flagelantes la mantuvo anclada a una comprensión muy limitada del papel del principio de igualdad en la definición del tipo de sociedad en el que queremos vivir.

Los autocomplacientes contaron durante estos años con el apoyo explícito del empresariado y con los votos en el Parlamento de sus “socios” de la Alianza, para irse imponiendo paulatina y sostenidamente en este choque. El mismo Ejecutivo gobernó en distintos momentos pensando en crear los mejores escenarios para un empresariado que no conoció límites en sus exigencias para invertir y contribuir al crecimiento.

Sin embargo, grupos no pequeños de militantes de los distintos partidos de la Concertación, así como votantes de la misma, nunca han dejado de creer en las ideas fuerzas con las que se combatió a la dictadura pinochetista. Una de ellas era ejercer el poder constituyente y generar una constitución legítima que expresara el contenido central de las demandas populares que derrotaron  al dictador: libertad e igualdad material.

Que dicho grupo siga existiendo todavía, a pesar de tanto fracaso, es una buena noticia para el movimiento por la asamblea constituyente. Es que el movimiento social bajo  el Gobierno de Piñera ha minado las bases de sustentación de los autocomplacientes: las políticas pro empresariado (léase pro lucro) están en franco desprestigio y ello permite a los sectores más progresistas del conglomerado avanzar en posiciones de poder. Son hoy día de un elemento crítico al interior del bloque con suficiente poder político según se expresa en los acuerdos del PPD, del PS y del PRSD en torno a la nueva constitución vía asamblea constituyente, y en la voluntad de ampliar el conglomerado superando la vieja fórmula.

El movimiento por la Asamblea Constituyente debe buscar en estos sectores un socio estratégico. A mayo de 2013 la demanda por una nueva constitución vía asamblea constituyente requiere de los “flagelantes” y de votantes de la vieja Concertación –hoy en proceso de mutación-, si aspira a pasar de utopía a proyecto político realizable.

El ejercicio del poder constituyente en el Chile del año 2013 no será posible si se aborda con puro voluntarismo. Luego de décadas de binominalismo se ha distribuido el poder político y tal distribución obliga a que la convocatoria sea un caso de inclusión y no de exclusión. El movimiento tiene que crear canales de comunicación fluidos entre los actores políticos progresistas. Su éxito se pone en riesgo si se reduce el universo electoral al que va dirigido el mensaje.

En este sentido cabe denunciar los peligros de un discurso pro Asamblea que trata a todo el mundo concertacionista como conservador y de derecha. Parte de este conglomerado es aliado natural de esta empresa (una prueba de ello es el intento de refundar la coalición abriéndose a la izquierda). Por lo mismo todo él no es enemigo acérrimo de esta iniciativa.

Hay muchos interesados en ignorar, e incluso silenciar, esta historia de resistencia y lucha al interior de la Concertación. Es que la defensa de la Asamblea Constituyente se está configurando como elemento de identidad de grupos políticos emergentes. Dichas agrupaciones están intentando un nuevo rayado de cancha en el campo de la política, y la Asamblea Constituyente parece constituirse en un buen diferenciador. Se pierde de vista que la Asamblea es un espacio político común de “encuentro” no la bandera de lucha identitaria de un partido o movimiento determinado. No cabe sino oponerse a este pretendido monopolio.

La Asamblea Constituyente en el momento actual requiere conformarse como “poder electoral constituyente”, y ello pasa por contar con los votos y los votantes de un conglomerado que está en fase de mutación (la vieja Concertación). Ya sabemos que parte de esos votos, los de los autocomplacientes, no se sumarán a esta iniciativa. Incluso se opondrán frontalmente a ella según lo muestra Escalona, que desoye las decisiones de su partido al respecto. Para hacer posible su propia utopía los “flagelantes” tendrán que derrotarlos políticamente, como aconteció a propósito de la acusación constitucional de Beyer y como parece que va a ocurrir con el tema de las primarias: avanzarán así resueltamente a la sociedad de igualdad y libertad que los motiva en su actuación política.

El movimiento por la Asamblea Constituyente debe contribuir pasando al fondo del debate, esto es, respondiendo a la pregunta por qué contenido queremos para el nuevo orden constitucional. En este sentido una sólida propuesta de nueva constitución que concilie igualdad y libertad, puede allanar el camino para la emergencia de un “poder electoral constituyente” que expresando a las grandes mayorías del país, construya el escenario participativo para el debate y promulgación de una nueva Constitución para Chile.

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