La “agenda política” del gobierno de Piñera ha llegado a su fin. Lo realizado y lo que pretende materializar de aquí hasta el fin de su mandato da cuenta de los límites que dicho programa tiene.
Si bien, en el programa presidencial del gobierno hay luces de lo que pretenden hacer en términos de reformas políticas, se observa en el discurso presidencial del 2010 el primer diseño de la “agenda democrática” que pretenden impulsar. Esa hoja de ruta se configura a partir de nueve medidas: inscripción automática y voto voluntario, voto de los chilenos en el extranjero, elección popular de los Consejeros Regionales, cambio de fecha de las elecciones presidenciales y parlamentarias, ley de partidos políticos, primarias, iniciativa popular de ley, plebiscitos comunales y ley de lobby y probidad.
En estos años el gobierno ha ido implementando su programa político. Ha hecho, lo que planificó. Ni más ni menos. No obstante, hay —a la fecha— un déficit superior al 50 %.
De las nueve medidas “prometidas” sólo cuatro se han convertido en ley. El propio Piñera, en su último discurso da cuenta de lo anterior: “nuestro gobierno ha llevado a cabo reformas estructurales… aprobamos la inscripción automática y el voto voluntario… creamos un sistema de primarias… hace unos días, ingresamos… una reforma… a los partidos políticos… Seguiremos impulsando el voto de los chilenos en el extranjero… Quiero pedir a este Congreso la pronta aprobación de las leyes que hemos presentado para mejorar la transparencia, regular el lobby y perfeccionar la ley sobre probidad pública… Quiero agradecer a este Congreso la aprobación del proyecto que estableció la elección directa por los ciudadanos de los Consejeros Regionales”.
El último discurso presidencial fue, sin duda, de despedida. No sólo mostro lo que ha hecho en cifras —lo que le fascina y seduce—, sino también lo que queda por hacer en estos últimos meses. El programa político de su gestión también debe entenderse en esa lógica; es decir, en reformas políticas no hay nada más que esperar. La “agenda democrática” ha llegado a su fin. El ciclo ha sido cerrado. La estructura del poder sigue inalterada.
Al evaluar la dimensión política de la gestión Piñera —en términos de las reformas que impulsa— hay que tener muy claro los objetivos que se impuso desde el primer momento. Por ello, no se le puede medir ni evaluar por lo que no se comprometió. Si, no hay mayores avances es porque a) se ajustó a lo que dijo que haría hace cuatro años, b) no tuvo la habilidad política ni el espacio político para impulsar las demandas por más y mejor democracia y c) en su visión ideológica la política no sólo está subordinada al desarrollo, sino también a su servicio. Simplemente, el binominal, el financiamiento de la política, una asamblea constituyente, la elección directa de los Intendentes, etc. no están en su ADN.
Si bien el programa político del gobierno está agotado y ha llegado a su fin, se hace necesario entender la dinámica de las reformas políticas ocurridas en Chile durante los últimos 25 años. Hay que contextualizarlas en un ciclo político largo. En efecto, el proceso político desde 1990 puede entenderse como una lenta marcha hacia la consolidación y la profundización democrática. En definitiva, una larga lucha por terminar con los “enclaves autoritarios”.
Ha pasado un cuarto de siglo y el avance ha sido lento y limitado. En el gobierno de Aylwin el objetivo político se vinculaba —preferentemente— con la estabilización del proceso democrático en el que el tema de los derechos humanos y la pacificación social era crucial. La democratización de los municipios es un hito en este proceso. Con Frei, se observa una total ausencia de reformas políticas. En el gobierno de Lagos encontramos las reformas constitucionales del 2005 como la gran reforma política no sólo de su gestión, sino también de lo que la Concertación había hecho en 15 años. Finalmente, con Bachelet nuevamente el sistema político se estanca al no registrarse ninguna reforma política.
En veinte años de gobiernos concertacionistas las reformas políticas brillan por su ausencia. Sin duda, lo más relevante es lo que hace Lagos al finalizar su gestión. En ese sentido, la eliminación de los senadores designados, la eliminación del poder deliberante del Consejo de Seguridad Nacional y la inamovilidad de los mandos militares, son cambios muy relevantes para la configuración del poder.
Este vacío de reformas políticas no debe llevarnos a pensar que no hubo intentos por hacer cambios, sobre todo, a nivel del sistema electoral. Pero, lo sustancial es que en veinte años en el sistema político no hubo avances y se incubo una crisis triple: participación, representación y legitimidad.
Luego de veinte años de gobiernos concertacionistas, llega al gobierno Piñera. Se abre un nuevo ciclo político y social en el que los ciudadanos serán los protagonistas. Para el nuevo gobierno la democracia está “enferma y debe ser perfeccionada”. En consecuencia y como una forma de “vitalizar y rejuvenecer” nuestra democracia plantea y ejecuta su “agenda política” de nueve medidas.
La implementación de su “agenda democrática” es lo que hemos visto en estos tres años de gobierno. De esas reformas, la inscripción automática y el voto voluntario y la elección directa de los Cores es lo más relevante. Sin considerar la reforma constitucional de Lagos, lo más relevante en 25 años.
La movilización social-ciudadana —que se abre en Enero del 2011— y el fortalecimiento de la sociedad civil —“ciudadanos empoderados”— ha puesto las presiones y ha generado las condiciones para que el país haya entrado a una dinámica de reformas políticas que conducen —inexorablemente— a un tipo distinto de democracia.
De algún modo, el gobierno de Piñera y el próximo —que se inaugura en marzo del 2014— se pueden interpretar como una transición política que marca el paso de una democracia protegida y limitada a una democracia participativa y colaborativa con niveles superiores de participación, legitimidad y representatividad. Una segunda transición; mientras la primera, es el paso del autoritarismo a la “democracia protegida”; esta segunda —y que está en pleno despliegue— marca el paso de una “democracia restringida” a una democracia participativa e inclusiva en la que, básicamente, no hay subsidio político.
La relevancia del programa político de Piñera no se encuentra, por tanto, en las medidas que implementa. De hecho, la importancia de la “agenda democrática” tiene que ver con que se inserta en un ciclo político nuevo que tiene como principal demanda reformas políticas que hagan posible que la soberanía vuelve a los ciudadanos; y de ese modo, se construya un sistema político en el que los actores sociales y políticos compitan en igualdad de condiciones por “hacer realidad” sus proyectos de país.
Cambiar el sistema electoral, modificar la constitución y financiar la política pública son las reformas claves —y las que están en la agenda— para terminar con la segunda transición política: la que nos conduce de la democracia protegida a la democracia sin subsidio.
Ese camino —que lleva 25 años y que faltan cuatro más— será un hecho no sólo cuando en la próxima administración de aprueban las reformas políticas pendientes, sino también cuando se elija el parlamento del 2018. Hoy, solamente hay que esperar y generar las condiciones políticas y articular las voluntades para hacerlas realidad. Cada día tiene su afán; y cada ciclo sus objetivos.
