Hoy el gobierno responsabiliza sin siquiera esperar la investigación. Dice que es el mayor fraude al Fisco de la historia, juicio jurídico no acreditado ante los tribunales. Si hubo abusos es la justicia la llamada a determinarlo, no un gobierno desesperado en retirada que observa que una nueva mayoría se apronta a llegar a La Moneda.
Cuestionan tres mil casos, pero pareciera que la derecha está empecinada en ponerlos a todos en la mira. Se trata de los exonerados políticos, quienes hoy, como si fueran pocos los rigores que vivieron en dictadura, deben convivir con una nueva preocupación luego del informe de la Contraloría que determinó que un grupo de ellos presentó antecedentes falsos. La administración Piñera, como nunca antes, mueve toda su estructura gubernamental para suspender las pensiones de quienes considera mal calificados.
La derecha pretende que olvidemos a los miles de chilenos torturados y despedidos irracionalmente de sus trabajos por razones políticas y que las indemnizaciones que se les entregaron fueron para reparar, en parte, el daño que el Estado les causó. Pretende que borremos de la historia, que fueron ex trabajadores expulsados por no ser partidarios de Pinochet; muchos de ellos encarcelados y/o exiliados. ¿Quién le devuelve la dignidad a esas personas?
El gobierno y la Alianza pierden toda cordura en sus denuncias buscando beneficios electorales. Desde aquella jornada en que el Congreso destituyó al ex ministro Harald Beyer, la derecha inició su orquestada campaña contra la figura que se perfila como futura Presidenta de la República.
[cita]Hoy el gobierno responsabiliza sin siquiera esperar la investigación. Dice que es el mayor fraude al Fisco de la historia, juicio jurídico no acreditado ante los tribunales. Si hubo abusos es la justicia la llamada a determinarlo, no un gobierno desesperado, en retirada, que observa que una nueva mayoría se apronta a llegar a La Moneda.[/cita]
Fue el propio presidente de Renovación Nacional que lanzó su polémica frase de declaración de guerra; le acompañaron desde Palacio los intentos por desgastar la figura de la mandataria en las encuestas, exigiendo un supuesto mea culpa que Bachelet debía hacer en el caso 27/F y con las críticas a la incorporación del PC a la campaña por las primarias. Los chilenos tienen claridad de los hechos y el afecto por la candidata no tiene merma alguna en los sondeos de opinión pública.
Hoy el caballito de batalla de la derecha lo constituye el conjunto de irregularidades en los casos de exonerados. Resolver ese problema político heredado por las acciones acometidas por la dictadura, significó reconocer responsabilidad del Estado e implementar, a través de la ley, un sistema de reparaciones que permitió un procedimiento de amplitud probatoria. Las certificaciones de parlamentarios buscaron de buena fe respaldar un relato de chilenos que carecían de otros medios probatorios. Por ende, y a juicio de los expertos, no se puede atribuir fraude como medio de obrar engañoso. Tampoco es aceptable atribuir responsabilidad penal por certificar un hecho.
Señor Ubilla, la Contraloría General de la República (CGR) es la institución encargada de establecer la legalidad de los actos administrativos. Artículo 98 de la Constitución de Pinochet: «La Contraloría ejercerá el control de la legalidad de los actos de Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco…». De acuerdo con esta norma, la CGR autorizó que las pensiones de los exonerados se transformarán en ley como una forma de reparación frente a una violación elemental de los Derechos Humanos. La derecha olvida que eran varios los filtros por los que debían pasar los antecedentes de un exonerado antes de recibir el visto bueno final, desde la oficina del programa de exonerados, al ex INP hoy IPS, donde la revisión y los cálculos tardaban una enormidad; pasando de allí a la Contraloría que tomaba razón y finalmente al subsecretario de Interior que firmaba; pensiones que no superaban los 150 mil pesos, monto que no se puede comparar con lo que han recibido miembros de fuerzas armadas y sus familias por generaciones.
Hoy el gobierno responsabiliza sin siquiera esperar la investigación. Dice que es el mayor fraude al Fisco de la historia, juicio jurídico no acreditado ante los tribunales. Si hubo abusos es la justicia la llamada a determinarlo, no un gobierno desesperado en retirada que observa que una nueva mayoría se apronta a llegar a La Moneda.
