Estimados candidatas y candidatos, programen cambios para ahora y no esperen la hora 25. El tiempo para corregir no es eterno. La exagerada concentración económica y el oligopolio político, que constituyen las estructuras esenciales del modelo político y económico en aplicación, desde el año 1973 a la fecha, deben terminar.
Hace 40 años se puso abruptamente fin al esfuerzo por construir un socialismo a la chilena. Se terminó el área social de la economía, como proyecto central revolucionario, y con ello la idea de industrializar el país, actuando el Estado como el motor principal de la innovación y el desarrollo. A partir del golpe lo privado se sacralizó y el Estado se demonizó, eso si, sólo en lo económico, porque en todo lo demás fue más omnipotente que nunca en la historia de Chile.
Se realizó con brutalidad, bajo la conducción de un Estado Militarizado, una contrarevolución capitalista que adoptó como piedras angulares: el derecho de propiedad privada, que jugaría el rol central y la libertad de contratación sería su mecanismo operativo en lo jurídico. La libertad de precios, en un contexto mundial, se elevó a otro ícono, disminuyéndose a la nada los aranceles aduaneros. El Estado, vía Banco Central y el fisco, controlarían la inflación y los equilibrios macroeconómicos y asistencialismo a los más pobres buscaría erradicar la pobreza extrema. Para ello el Estado debía vender casi todas las empresas y así se hizo. No se estableció limitación alguna a la propiedad privada, ni al origen del capital ni a los niveles de concentración en los mercados.
El sistema impuesto en dictadura y perfeccionado más tarde en un pacto implícito entre las fuerzas políticas principales que han conducido al país logró, y ello no puede desconocerse, importantes objetivos: subió el ingreso “per capita” y los salarios reales, pero lamentablemente lo distribuyó mal entre los habitantes del país, sin explicaciones satisfactorias; el riesgo país, medido por estándares internacionales bajó y con ello el costo del endeudamiento externo a los que pueden acceder a ello; se modernizó la defensa de los mercados y de los consumidores, pero ello se hizo con miedo; se puso al país en un alto nivel en materia de telecomunicaciones, servicios aéreos; se implementó una institucionalidad ambiental; mejoró la cobertura de salud, disminuyó la mortalidad infantil, aumentó la esperanza de vida y mejoraron los servicios sanitarios en casi todo el país; las importaciones baratas nos han hecho soñar con el primer mundo y la modernización de la justicia penal, laboral y familiar, constituyó un avance en un viejo sistema judicial, pero aún insuficiente; las carreteras chilenas se parecen en algunos aspectos a la de países ricos, etc. Esto es indesmentible y un análisis serio debe partir por reconocer la realidad. Ahora que el método brutal utilizado para instalar el modelo fuera antidemocrático y en un ambiente de dolor y terror, constituye un demérito, que si bien no es medible económicamente, constituye una severa falla de origen de todo lo que se hizo en el gobierno militar y su continuación, pero ello es un análisis desde otra perspectiva que la de este trabajo.
[cita]Estimados candidatas y candidatos, programen cambios para ahora y no esperen la hora 25. El tiempo para corregir no es eterno. La exagerada concentración económica y el oligopolio político, que constituyen las estructuras esenciales del modelo político y económico en aplicación, desde el año 1973 a la fecha, deben terminar.[/cita]
Esto es lo que en resumen desde su origen fue y es el modelo económico social de Chile. Como falló el pilar esencial consistente en que la economía operase en real competencia, el proceso consolidó una estructural economía oligopólica y si bien el Estado, en los últimos 20 años con recursos limitados, logró reducir la pobreza, lo hizo por la vía asistencial y con ello se mantuvo la histórica desigualdad. Así el resultado del modelo aplicado con diversas variantes en 40 años es que en Chile persiste una casi idéntica desigualdad que hace 60 años, pero con mercados controlados por privados en más del 80%, del total de la economía. Algunos estudios sostienen que en las nuevas generaciones se observaría más movilidad social y menor grado de desigualdad, pero aún el dato estadístico no es concluyente.
La Constitución Política ha sido una sola en lo esencial, con un presidencialismo exagerado y dictatorial en su primera etapa y con un Estado limitado para desarrollar un esfuerzo empresarial importante. Se consagran derechos individuales y se rechaza reconocer los sociales, salvo como materias programáticas. Los numerosos cambios a la constitución Política logrados con mucha dificultad han sido un avance que hoy a todos parece insuficiente.
Demasiadas veces la discusión se centra en la Carta Fundamental, pero se tiende a olvidar que la estructura legal e institucional del gobierno militar se hizo no sólo con ella y así podemos recordar un conjunto de normas estructurales del sistema o modelo que no dicen relación con la Constitución directamente como varios Decretos Leyes y leyes dictadas por la Junta de Gobierno, que aún rigen o ha sido modificadas, como la ley del mercado de capitales, bancos, Código Laboral, Ley Eléctrica y Ley de Pesca, sistema previsional, salud privada, Ley Minera, educación. Estas normas y algunas otras que se nos escapan fueron los brazos jurídicos operativos en la vida contingente, aumentaron la órbita de un nuevo orden público económico, limitaron la legislación tradicional y no se necesita mucho avispamiento para concluir que ese perfecto y armónico tinglado de claro e inobjetable arquitectura militar neoliberal, se mantiene casi incólume en sus aspectos centrales. En democracia incluso a través de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y de Servicios Sanitarios, y tratados de libre comercio y nuevas leyes sobre mercado de capitales se consolidaron otras áreas del mismo edificio jurídico económico en otros ámbitos complementarios.
En efecto, asi como el golpe que en la práctica fue un fenómeno social cívico militar, la potestad generada de facto con posterioridad también tiene ese mismo sello. La elección presidencial que se avecina después de 40 años del fenómeno de ruptura más grave de Chile será una vez más un mecanismo indiciario en su resultado, tanto como lo fue hace 25 años el plebiscito y ya resulta sintomático que se hayan inscrito tantas candidaturas que parecen estar en mayor o menor medidas por algunos cambios más o menos de fondo y que en la práctica no haya más que una sola candidatura que aún se ancla en el pasado, aún cuando es justo reconocer que hace esfuerzos denodados por modernizar su mensaje, lo que le resulta inauténtico, por lo que se expresa en este trabajo.
La candidatura de la Alianza propone radicalizar el modelo señalado, pero corrigiendo los abusos que casi siempre deslindan en lo penal. Como el modelo produce crecimiento y empleo, aunque por efectos de la concentración y los sueldos bajos, se mantenga la desigualdad no habría más que conformarse. No hay otra solución mejor en la óptica de la derecha y su discurso es sin duda coherente, pero minoritario.
Las ideas de la “Nueva Mayoría”, pero no ofrecen un cambio estructural, aunque si remedios importantes, cuyos efectos en el mediano plazo no están cuantificados.
La educación gratuita, a 6 años plazo, es una muy valiosa contribución a la justicia social y seguramente mejorará la productividad de los factores económicos y dará fruto, unos veinte años más, si logra ser de verdadera calidad y se implementa cohetaneamente con una capacitación masiva, pero ello no sería un cambio del modelo, pero podría considerarse sin duda una variable en la línea correcta a largo plazo. La modificación tributaria a 4 años plazo, es instrumental, no toca el poder económico en lo esencial, al menos las líneas generales que se han dado a conocer. Los cambios constitucionales, se reducen a cambios de los “quórums”, número de parlamentarios, mayor descentralización pero nada de real fondo como aceptar la actividad del Estado en la economía y el reconocimiento efectivo de derechos sociales. Cambios sin Asamblea Constituyente sólo serán formales, instrumentales a lo que hoy existe, y se creará una falsa expectativa en la ciudadanía a menos que ocurriera un fenómeno electoral a nivel parlamentario, no totalmente descartable.
Los restantes candidatos ofrecen principalmente ideas coyunturales, valiosas y novedosas, como más protección del medio ambientes y profundizar el regionalismo, perseguir abusos económicos y construir una sociedad autosustentable o mejorar los estándares de los pobladores y declarar bienes públicos algunos que hoy manejan privados, pero no ofrecen un cambio de fondo coherente, ya que carecen de toda representación parlamentaria y no fueron capaces siquiera de levantar una lista parlamentaria alternativa que diera al menos imagen de unidad, coherencia y creatividad para enfrentar el duopolio que opera hace 23 años.
Varios autores vinculados a la candidatura con más opción de ganar han intentado proponer una alternativa, “Otro Modelo”, titulan y allí dicen que ello pasa por no tocar la macroeconomía, vista como responsabilidad fiscal, ni la apertura externa. Proponen un nuevo modelo productivo privado, que excluye al Estado y una neoconceptualización de la cosa pública, como un paradigma resucitado frente a la mercantilización de todos los bienes, servicios y actividades en la sociedad. Casi diríamos un cambio de énfasis, pero nada realmente estructural. Reconocen que hay problemas graves de desigualdad, dependencia de la explotación de recursos naturales excesiva y pérdida de competitividad, pero sus remedios no están a la altura del diagnóstico. Si en 10 años hemos bajado en competitividad del lugar 22 al 34, es porque la concentración y la desigualdad están horadando el tejido social en su conjunto.
Hablar de una nueva estrategia de desarrollo es una materia que aún no se aborda con la urgencia y profundidad que se requiere y plantear como gran remedio una nueva visión estratégica industrial, sin duda es un paso en la dirección correcta, pero resulta insuficiente si observamos la magnitud de lo que hubo de hacerse en Chile para iniciar una etapa industrial con la creación de la Corfo bajo los gobiernos radicales, política económica de tal envergadura que, sin duda junto con los cambios estructurales a la agricultura en el gobierno de Frei Montalva y a la propiedad de la gran minería del cobre bajo Salvador Allende, permiten acercarnos al nivel de los cambios que se requieren hoy en nuestro país.
Los intentos reformistas al modelo no parecen querer ir al fondo del problema. Por otra parte tampoco se observa un derrumbe del actual y muy pocos quieren reconstruir Chile desde los escombros económicos sociales de lo que funciona.
El modelo ha tenido múltiples expresiones como describimos en el trabajo publicado por El Mostrador el 7 de enero de 2012, titulado “Modelo Económico Social y Competencia en los Mercados. Chile un caso de oligopolios y asistencialismo“ y tiene capacidad de adaptación ilimitada, pero no se debe confundir con argucias al país para dejar las cosas como están hoy.
¿Resistirá Chile el modelo como está, con la estructura de propiedad actual en los mercados, la concentración de poder económico privado, sin un Estado actor real, una legislación laboral jibarizada y todo ello enfrentando a pobres que no quieren limosnas sino herramientas y una clase media aspiracional, con un amplio sector proletarizado?
¿Será posible continuar con una economía extractivista, concentrada y financierista?
¿Bastará con la disminución de la pobreza, casi poner fin a la indigencia, la evidente mejoría de los estándares de vida, el aumento del empleo y de los sueldos en términos reales, el control de la inflación, la disminución de la mortalidad infantil, la mayor longevidad?
Pensamos que no.
Los cambios profundos son necesarios. Entendemos que los postulantes presidenciales, cuya gran mayoría conocemos y apreciamos, quieren detentar el poder para cambiar algo, nunca todo y saben aunque no todos lo dicen con el mismo énfasis que hay que tocar intereses y eso no se puede soslayar en forma indefinida. El derecho de propiedad es sin duda también un derecho humano valioso como tal, aspiración legítima, sin duda, pero no es lógico reconocerle por ello un blindaje al nivel de propiedad concentrada en los mercados. Eso es absurdo y no se hace en ninguna economía moderna y no funcionará, será la ruina de sus detentadores y de parte del país. Hay que limitar la propiedad en este sentido. Ningún círculo cerrado debe ser dueño de casi toda la banca, las farmacias, el sistema previsional, los medios de comunicación, etc., porque para allá vamos qué duda cabe, o piensa alguien que el proceso se revertirá solo, o se autolimitará benevolentemente en forma automática, o debamos esperar una crisis sistémica como la de 1983 para hacernos cargo del problema.
Hace más de 20 años que venimos alertando sobre la concentración económica y hoy el Fondo Económico Mundial nos señala como el peor país de Latinoamérica en concentración económica, junto a Venezuela, con propiedad estatal masiva y acompañados por Libia y Gabón a nivel mundial. Simplemente no reconocer esta situación irracional y actuar pronto para corregirla sería incomprensible.
Las malas prácticas por llamar benevolentemente a los artilugios económicos y legales, que a veces deslindan con juicios penales, están a la vista, Enersis, La Polar, Inverlink, Soquimich, Unimarc, tienen cansada a la ciudadanía y desprestigian injustamente al sector empresarial, lo que es un grave efecto que no se ha tomado en su debida consideración. La crisis de 1983 también fue precedida de temblores.
Si facilitamos el crédito y no lo concentramos en los mismos, será mejor para todo el país, incluso para los controladores de la economía que se exhiben hoy en nuestra sociedad. La desconcentración del poder político y económico no se puede predicar como cuestión teórica eternamente.
Democratizar el crédito, limitar por ley el poder de control de los mercados, desarrollar una estrategia prioritaria del emprendimiento, junto al papel activo del Estado en casos urgentes como el área eléctrica, amén de los temas sociales como educación gratuita y salud de un mínimo de calidad garantizada por el Estado, son cambios que modificarán el rostro del modelo.
Si el próximo gobierno no efectúa, porque no quiere o no puede, cambios profundos, la gente, el pueblo, el estudiante, el trabajador, el ciudadano, el consumidor se levantarán y recomenzará una tensión de aquella que ya sabemos más o menos cuando partió, pero ni cómo ni cuándo termina. Cada vez veremos más, marchas y huelgas de sectores de la educación, salud, puertos, usuarios del Transantiago, pueblos originarios, regiones olvidadas, funcionarios públicos, etc. Y esto será un continuo que desprestigiará a un país que tiene todo para un gran paso en el desarrollo, sobre la base de un orden moral, político, económico y social, que debe superar lo actual.
Pongámosle el nombre que se nos ocurra, pero esa es la tarea de la hora actual.
Estimados candidatas y candidatos, programen cambios para ahora y no esperen la hora 25. El tiempo para corregir no es eterno. La exagerada concentración económica y el oligopolio político, que constituyen las estructuras esenciales del modelo político y económico en aplicación, desde el año 1973 a la fecha, deben terminar. Si no se producen cambios de fondo sobre tales materias ello significaría que los programas presidenciales son únicamente una nueva aplicación de doctrina del “gato pardo”: “Hagamos cambios para que todo siga igual.
