El consenso político que se expresa en “medir para mejorar” requiere profundizarse. ¿Qué es lo que debe mejorar? ¿Los resultados en las pruebas SIMCE u otras pruebas estandarizadas? La crítica antimercado que muchos progresistas instalan se basa paradójicamente en las principales ideas y fines del mercado en educación: medir competencias, y educar para la productividad y competitividad del país.
El SIMCE 2013 se comenzará a aplicar esta semana con dos pruebas a niños y niñas de 9 años. La discusión pública se encuentra tensionada por los acuerdos y desacuerdos sobre el rol de las mediciones en la educación. Por un lado, la visión de la derecha –sostenida por los encargados de la agencia de calidad y sus medios– defiende la idea de que el SIMCE es un indicador que orienta la elección de las familias sobre la educación de sus hijos e hijas. Además defienden que el SIMCE, como indicador de calidad, es esencial para responsabilizar a las escuelas sobre los “resultados de aprendizaje” de sus estudiantes y establecer sanciones o premios sobre base de estos. Por otro lado, grupos progresistas, algunos muy influyentes en los comandos políticos actuales, critican los usos propuestos por la agencia de calidad al SIMCE sobre las escuelas, pero al mismo tiempo le otorgan legitimidad como un sistema de información que permitiría al Estado focalizar recursos. Es el supuesto “medir para mejorar”, con el que tanto derecha como el progresismo ambiguo logran consenso y le otorgan legitimidad técnica a una herramienta política como es el SIMCE.
El consenso político que se expresa en “medir para mejorar” requiere profundizarse. ¿Qué es lo que debe mejorar? ¿Los resultados en las pruebas SIMCE u otras pruebas estandarizadas? La crítica antimercado que muchos progresistas instalan se basa paradójicamente en las principales ideas y fines del mercado en educación: medir competencias, y educar para la productividad y competitividad del país. Sumando esto, sus críticas no cuestionan el uso del SIMCE como indicador de mercado para orientar a las familias sobre la elección de escuelas, y mantienen una defensa técnica del modelo de focalización de recursos del Estado.
[cita]El consenso político que se expresa en “medir para mejorar” requiere profundizarse. ¿Qué es lo que debe mejorar? ¿Los resultados en las pruebas SIMCE u otras pruebas estandarizadas? La crítica antimercado que muchos progresistas instalan se basa paradójicamente en las principales ideas y fines del mercado en educación: medir competencias, y educar para la productividad y competitividad del país. [/cita]
No es una sorpresa entonces que tanto derechistas como ambiguos progresistas expresen un acuerdo en mantener el SIMCE actual, refiriéndose constantemente a esta prueba como un “termómetro”. Esta metáfora es inadecuada para calificar al SIMCE. Al asociarse los resultados de la prueba con incentivos simbólicos y económicos para las escuelas y sus docentes, este “termómetro” afecta la temperatura que nos informa. Por ejemplo, el currículum escolar se reduce a los contenidos que son evaluados en el SIMCE. Criticamos este sistema no sólo porque existe un amplio cuerpo de evidencia internacional que muestra lo altamente ineficiente y dañino que es estimular políticas de responsabilización de escuelas sobre la base de resultados en pruebas estandarizadas, sino también porque el SIMCE y sus usos contradicen los cimientos de una educación entendida como derecho social.
Así, las mediciones actuales, el marco del SIMCE, están mal, pues representan un modelo de evaluación educativa con propósitos altamente politizados, basados en un modelo de mercado: dimensionar una escala de precios para la educación escolar, estimular un mercado educativo, disminuir y precarizar la educación pública, homogeneizar y reducir el currículo a las necesidades del empresariado. Todo en abierta contradicción con las demandas de una educación como derecho, que han impulsado los actores sociales en la última década, y con mayor fuerza desde el 2011.
Estimamos que la idea de “medir para mejorar” es un eufemismo que esconde un soporte institucional al Estado subsidiario, diseñado en dictadura y profundizado en los gobiernos postdictadura. Este “medir para mejorar” en este marco se encuentra en abierta contradicción con la altamente legitimada demanda de la educación como derecho social, en donde las evaluaciones debiesen orientar el trabajo docente y las políticas públicas para asegurar que la experiencia educativa sea inclusiva. Creemos que al debate sobre el SIMCE le falta una pregunta que no surja y se limite simplemente al eslogan de “medir para mejorar”. Pensar la educación chilena como un derecho social, en todos sus niveles, requiere preguntarnos: ¿qué sistema de evaluación es necesario si entendemos la educación chilena como un derecho social?; ¿qué tipo de evaluación reconoce las características locales, culturales e individuales de los estudiantes, permitiéndoles participar de una escuela inclusiva?
Chile necesita repensar su modelo de evaluación educativa. Debemos cuestionarnos la utilidad del SIMCE y sus usos. Es necesario incorporar el gran acervo intelectual acumulado por investigadores en educación y profesores de aula para idear mecanismos flexibles de evaluación y medición de la calidad educativa. También, es necesario debatir sobre la relación entre esta evaluación con las demandas de educación como derecho social. ¿Están los políticos y la Agencia de Calidad preparados para promover la creatividad de investigadores y docentes, o se quedarán haciendo leyes y mecanismos para seguir informando el “precio” de una escuela en Chile?
