Caso Cascadas y la ilusión de los gobiernos corporativos

Un grupo de distinguidos colegas en un seminario que destaca El Mostrador intentan desentrañar el sentido que tendrían los pomposamente llamados gobiernos corporativos en las sociedades anónimas y, en particular, la tarea de los directores de las mismas, llegando, en general, a la conclusión de que tal sistema podría mejorar con la calidad y oportunidad de información que reciben los directores. Vana ilusión.

Decimos lo anterior porque nuestra legislación mercantil, con todas sus ramificaciones, permite hoy día comparar la administración de sociedades que pueden tener un solo dueño o sociedades de acciones con un solo dueño con las clásicas sociedades con varios socios, por acciones o no.

En una sociedad de una persona, ésta administra sus bienes, proyecta sus negocios, audita sus procedimientos, evita que le roben y se mantiene informado del quehacer nacional. Es decir, hace lo que un buen padre de familia haría en la administración de bienes de acuerdo con la vieja legislación civil y comercial.

[cita]Hay, por ello, que efectuar reformas de fondo al sistema de gobiernos corporativos de las sociedades, particularmente  de aquellos que se cotizan en la Bolsa de Comercio, para generar confianza en el mercado. Tales reformas legales deberían abordar también el funcionamiento de los distintos grupos económicos o conglomerados financieros, ya que la normativa actual resulta ser insuficiente para evitar cascadas, desinformaciones, malas contabilizaciones, aumentos de capital innecesarios o para fines particulares del mayoritario y contener la excesiva concentración de poder en los mercados.[/cita]

En las sociedades anónimas abiertas y también en las cerradas existen los llamados directorios, donde un colectivo elegido en asamblea representa en la política a los accionistas con propiedad suficiente para elegir un miembro en la dirección. Todos los elegidos tienen la obligación legal y moral de defender los derechos de todos los dueños, los que los eligieron y los que no y, en teoría, debieran conformar una sola voluntad para administrar la sociedad. Es la ficción.

Tal supuesta operatividad nunca existe y los directorios se fragmentan por sus particulares intereses y casi siempre prevalecen los mayoritarios, que son los dueños, y los minoritarios, salvo en casos excepcionales, son utilizados y remunerados en la medida de lo posible o en la conveniencia del mayoritario. Los minoritarios esto lo saben y lo aceptan; y normalmente estas minoritarias accionarias suelen reclamar cuando son instituciones muy importantes como fondos de inversión o administradoras de fondos previsionales y, generalmente, sus reclamos  adquieren nivel de griterío cuando se producen estafas, lo que suele ocurrir con cierta  frecuencia, como hemos visto en Chile en los últimos años.

Los directores normalmente saben un poco de la sociedad; en realidad, saben lo que les informan y la información es, además, asimétrica entre los que representan al controlador y a los minoritarios, pero todos ellos tienen menos información que el gerente de la compañía y otros administradores importantes que, en la práctica, responden al grupo económico controlador, o sea, al accionista mayoritario que es el que verdaderamente sabe lo que pasa  y para dónde va la cosa.

La ficción  de los directores que reunidos forman una unidad  de resolución, no es más que eso, una ficción; cuestión agravada por la falta de información y la proliferación de directores en varias sociedades, en que participan no sólo los dueños controladores sino, incluso,  los minoritarios, especialmente las institucionales.

En los casos límite, como hemos visto en La Polar, Soquimich, Unimarc y Enersis, por nombrar sólo los últimos, sin la intervención de la autoridad los males no habrían sido descubiertos ni se habrían tomado las medidas para que el mercado asumiera con tranquilidad estos verdaderos escándalos que no son condenados adecuadamente por el foro, ni menos por la clase empresarial chilena, con la fuerza y decisión que debería esperarse. Las razones son obvias.

El derecho societario termina definido así en los casos conflictivos, por las manos de la autoridad estatal y es ella la que resuelve cuando el libre mercado se ha desmadrado. No existirá autorregulación mientras los directores no se dediquen a tiempo completo a una sola empresa y conformen con sus demás pares, si se quiere pasar de la ficción a la realidad, un todo coherente y homogéneo que realmente administre la sociedad de que se trate.

Esta  exigencia es una tarea que hay que asumir para las sociedades que cotizan en Bolsa y, de no operarse así, el proceso de ampliación del ahorro hacia el sector bursátil se irá cerrando por la falta de confianza que se produce cuando se constata la ausencia de una verdadera administración de los directores, unida a una asesoría imparcial y técnica de las empresas de corredurías de bolsa y demás actores privados intervinientes, como clasificadoras y auditores, para que exista una mínima seriedad en esta área de mercado de capitales.

Hay, por ello, que efectuar reformas de fondo al sistema de gobiernos corporativos de las sociedades, particularmente  de aquellos que se cotizan en la Bolsa de Comercio, para generar confianza en el mercado. Tales reformas legales deberían abordar también el funcionamiento de los distintos grupos económicos o conglomerados financieros, ya que la normativa actual resulta ser insuficiente para evitar cascadas, desinformaciones, malas contabilizaciones, aumentos de capital innecesarios o para fines particulares del mayoritario y contener la excesiva concentración de poder en los mercados.

Es deber de todos los intervinientes operar correctamente porque, aunque parezca curioso, existe un bien común en el mercado de capitales, aunque se trate del vapuleado lucro, que en este mundo de los negocios también debe funcionar, junto con eficiencia, con la más exigente ética.