A más de treinta años de la constitución política de 1980 aún siguen vivos vicios dictatoriales que merman la representación y participación ciudadana en beneficio del status quo, de un buscado equilibrio de fuerzas que no permite cambios al “legado” de la en ese entonces gobernante junta militar.
Bueno, aún seguimos presos de esos vicios. El sistema binominal logró destruir los aires de cambio prometidos por la concertación y que en sus primeros años vio cómo la transición se transformaba en mantención del modelo debido a los altos quorums que daba la carta magna y que nunca se pudo cambiar. Se hicieron modificaciones, incluso lleva la firma del entonces mandatario Ricardo Lagos Escobar, quien dijo: “Tenemos hoy por fin una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile”. Indicando que teníamos una nueva constitución. Bueno, creo que a la luz de los hechos no fue así. Fue más bien rendirse al no cambio, el fin del intento de la concertación por instalar la prometida alegría.
Esta semana el Tricel dictaminó que diez partidos políticos no podían seguir existiendo ya que no lograron sacar sobre un 5% de votación en las últimas parlamentarias o bien no instalaron cuatro candidatos electos en el congreso. Esas son las reglas y los partidos juegan en esa cancha. Pero la cancha es injusta, esta mal rayada. Veamos el caso del Partido Progresista.
El PRO sacó poco menos del 4% de las votaciones en parlamentarias. Sin embargo, su candidato presidencial sacó casi un 11% de las preferencias. Votación que se enmarca como histórica para un tercer candidato en el sistema binominal o de grandes bloques. Desde la vuelta a la democracia ningún candidato de un partido político había sacado estas cifras, las que solo son superadas por el mismo Marco Enriquez-Ominami en 2009 como independiente.
Sin embargo, con este resultado el partido no puede continuar según la ley, pues este candidato y su partido no son representativos, por cuanto no alcanzó los cánones impuestos para las parlamentarias. ¿Conocerá la Ley el costo de llevar una candidatura parlamentaria? ¿O acaso considerará que la Ley de financiamiento puede llevar a la quiebra a un candidato o partido al no saber cuántos votos logrará? Más aún ¿considerará esta Ley que los fondos que devuelve el Servel no son la principal fuente de financiamiento de los grandes partidos? ¿Estará al tanto esta Ley que además no se exige a los candidatos transparentar de dónde provienen sus fondos?
La Ley de partidos políticos es una mala Ley. Es injusta desde su concepción arbitraria de un 5%, es injusta porque pone trabas incluso para formar partidos, es injusta en la medida que beneficia al más fuerte, es injusta porque finalmente no mide representatividad ni razón de ser de un partido.
Necesitamos ampliar el abanico. Si alguna lección nos dejaron las anteriores elecciones es que hay un numero mayoritario de personas que no se siente representado, que prefiere no votar, pues nadie habla por ellos, que sienten que nada cambia con su voto y siempre están los mismos. ¿Y qué le decimos a ellos con esta Ley? Ponemos candado a la puerta por donde deberían entrar, decimos que tienen razón en no participar y finalmente buscamos cada cuatro años la forma de eliminar a aquellos que a pesar de todo sí se atrevieron.
Si queremos reencantar a los jóvenes, a los que salen a pasear el día de las elecciones porque sienten que su voto no importa pues siempre son los mismos, si buscamos mayor democracia, si queremos diversidad y escucharnos entre nosotros, entonces debemos abrir las puertas, tenemos que dejar que ingresen nuevas ideas, tenemos que dejar que libremente nos podamos escuchar, en forma civilizada, organizada y con ideas colectivas. Eso se logra a través de partidos políticos independientes y representativos, no con bloques de conglomerados que se reparten un botín compuesto de cupos, cargos, puestos y ministerios.
(*) Texto publicado por El Quinto Poder.cl
