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La imagen internacional de Chile y el mall en Puerto Barón EDITORIAL

La imagen internacional de Chile y el mall en Puerto Barón

«La plataforma, las grúas, y los contenedores apilados representarán un obstáculo para poder ver el mar (…). Se verán perturbadas la forma del puerto y la de la bahía, configuradas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX (…). Es posible que resulten dañados los vestigios arqueológicos y sumergidos (…)». Estas son algunas de las consecuencias que implicaría para Valparaíso el proyecto del mall Puerto Barón, todas consignadas en un crítico informe de la Unesco que advierte sobre una iniciativa que podría llegar a poner en peligro la calidad de Patrimonio Mundial de la capital regional.


Valparaíso podría perder su calidad de Patrimonio de la Humanidad por su Valor Universal Excepcional que le otorgara la UNESCO el año 2003, debido a la desidia gubernamental ante los impactos devastadores que, para la identidad del sitio histórico, tendrán la construcción de un mall en Puerto Barón y la ampliación de terminales del puerto.

Así se desprende de una lectura atenta del duro Informe de Evaluación enviado por el Director del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO al Estado de Chile en enero pasado, que da cuenta pormenorizada –en el lenguaje amable y aséptico de los organismos internacionales– de las deficiencias y omisiones en el manejo del sitio y de los impactos negativos de los proyectos mencionados.

Con el provincianismo habitual, el Gobierno ha tratado de suavizar los alcances reales del informe. Sin embargo, ha quedado en evidencia, otra vez, que los intereses del retail nuevamente cruzan la diplomacia y que lo ocurrido con la estrategia de las cuerdas separadas en el tema de La Haya no fue una casualidad sino una política. En el presente caso, los inversores del mall cuestionado concurrieron al Centro de Patrimonio Mundial acompañados de autoridades nacionales a explicar el proyecto, en un intento por revertir la imagen de rechazo que desde 2012 han generado los reclamos de organizaciones académicas, gremios y representantes de la sociedad civil de Valparaíso.

En enero de 2012, el Centro del Patrimonio Mundial recibió una carta, suscrita por 24 instituciones de Valparaíso y mil ciudadanos, que expresaba la oposición a las intervenciones previstas en el puerto: el proyecto Puerto Barón y el Muelle Prat, además de instalaciones turísticas e inmuebles. A raíz de ello, el Centro solicitó a Chile información, que una vez entregada fue considerada insuficiente, reiterando de inmediato la solicitud de información adicional.

Un año después, en noviembre de 2012, según consigna el informe, “… la empresa privada Mall Plaza solicitó una reunión para explicar el proyecto Puerto Barón, y representantes de la Delegación Permanente de Chile ante la UNESCO… asistieron a dicho encuentro”. Poco después, en diciembre de 2012, con ocasión de la reunión final para el informe periódico sobre América Latina y el Caribe, el Consejo de Monumentos Nacionales, por primera vez, convocó a una sesión de trabajo de un día entre representantes del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, el gabinete del Presidente, además de representantes de la UNESCO. La principal conclusión: solicitar nuevamente información adicional actualizada sobre el Plan de Manejo y todo el proyecto técnico de la intervención en el área del puerto.

El 13 de marzo de 2013, Chile entregó la información y apenas al día siguiente el Centro del Patrimonio Mundial envió una carta oficial para comunicarle a Chile que debía presentar un informe de estado de conservación al Comité del Patrimonio Mundial.

Resulta evidente entonces que no hay conformidad en dicho organismo y que tiene serias dudas sobre lo que está haciendo nuestro país en el sitio histórico patrimonial inscrito.

El sitio, que abarca 23,2 hectáreas más una zona de amortiguamiento de 44,5 hectáreas, se encuentra sujeto a la ley como Monumento Nacional. Su gestión se rige por las disposiciones del Plan Regulador de Valparaíso –cuya vigencia data de abril de 1984– con las enmiendas de los años 2004 sobre “Inmuebles y zonas de conservación histórica, cerros del anfiteatro, plan borde mar y acantilados”, y la declaración de “Zonas de conservación histórica Almendral y Cerros Placeres y Esperanza”, de 2005.
Pero el Plan Regulador Comunal está sometido a un proceso de modificación desde mayo de 2013 y está en discusión la elaboración de 10 Planos Seccionales, uno de los cuales corresponde directamente al sitio histórico, todo lo cual aún no termina.

A su vez, el Plan Director de Gestión Patrimonial (PDGP) obligatorio para el manejo de este tipo de patrimonio mundial, recién terminó su fase de diseño y se espera que este año comience la implementación. Obviamente, tal parsimonia y asincronía del Estado, y la incertidumbre de los instrumentos regulatorios y normas, es lo que permite el diseño de negocios ad hoc, como el de construir un mall en Puerto Barón.

Según la UNESCO, el Plan de Gestión carece de características importantes relativas a qué significa el Valor Universal Excepcional del sitio. En todos los documentos en que este se interpreta, se destaca la importancia cultural del paisaje urbano, definido por la tecnología específica de la época para ubicar el puerto y sus operaciones (tecnología de fines del siglo XIX y principios del siglo XX), el entorno geográfico y topográfico, y la infraestructura y el equipamiento urbanos, como los ascensores y el ferrocarril.

Pero las propuestas del Plan de Gestión, según el Informe de la UNESCO “no trascienden los límites físicos del área protegida y su zona de amortiguamiento y enfocan sus acciones solamente en los edificios y el espacio público. En esta perspectiva no se incluyen las importantes relaciones culturales que existen entre el área protegida y la ciudad, abarcando el puerto (…) hay una falta de propuestas o simples sugerencias para el futuro uso y ocupación del borde costero, las antiguas estructuras de Puerto Barón, el equipamiento ferroviario y las instalaciones de los ascensores”.

También, dice el Informe, el Plan carece de participación social, se concentra demasiado en los rendimientos económicos y no facilita los consensos sociales: “La participación de los actores sociales en el Plan es esencial para la conservación y el desarrollo del patrimonio urbano de Valparaíso. El carácter de ‘ciudad puerto’ implica que las autoridades encargadas del puerto y de la infraestructura deberían participar en las discusiones sobre el futuro del sitio de patrimonio mundial y el paisaje urbano de Valparaíso. Además, es importante que mediante el Plan se establezca un espacio institucional para que otros actores sociales puedan participar e invertir en servicios culturales, educativos y turísticos, y que los pequeños empresarios, los representantes de la sociedad civil, los propietarios y otros residentes puedan dialogar con las autoridades”. Y agrega: “Notamos con preocupación que el PDGP no identifica claramente los factores externos vinculados a la conservación del sitio, por ejemplo, las acciones del puerto y de la Empresa Portuaria Valparaíso, ya que sus decisiones afectan directamente al sitio y a toda la ciudad de Valparaíso”.

¿Qué más claro? Estos antecedentes indican que el Informe es un llamado serio de atención que no debe desatenderse, pues podría implicar que, de acuerdo a su Reglamento, el Comité de Patrimonio Mundial pudiera eliminar a Valparaíso de la lista de sitios protegidos. Tiene esa facultad.

El tema no es puramente diplomático, pero involucra fuertemente la imagen internacional de Chile y será la Cancillería la que tendrá que dar explicaciones a todo el mundo si algo así ocurre. Peor aún si esta vez existe un veedor internacional interesado y atento, la UNESCO, que imposibilita la habitual trampa chilensis de modificar el Plan Regulador para viabilizar proyectos cuestionados.

Lo que aquí debiera importar es que ambos proyectos lesionan el sitio histórico; en palabras del Informe de la UNESCO, “implican una ruptura con el paisaje urbano de Valparaíso” y, por lo tanto, el sentido implícito de Valparaíso Patrimonio Mundial.

“La plataforma, las grúas, y los contenedores apilados representarán un obstáculo para poder ver el mar. Esta obstrucción será enorme si el punto de observación está en la parte plana de la ciudad, frente al recinto portuario, y en los cerros. Esta situación reducirá el nivel de integridad con respecto a las cualidades visuales que se han mantenido en el sitio de patrimonio mundial, ya que afectará la forma del área urbanizada en sus vínculos con el puerto y el borde costero. Se verán perturbadas la forma del puerto y la de la bahía, configuradas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y su relación con el asentamiento urbano, establecida sobre la base de la tecnología de operaciones portuarias, que desaparecerá con la construcción del Terminal 2, afectando la autenticidad del sitio. Es posible que resulten dañados los vestigios arqueológicos y sumergidos, especialmente aquellos que son importantes para comprender los períodos históricos de evolución tecnológica en la relación del puerto con la ciudad, ya que dichos vestigios no han sido identificados y registrados. La circulación de camiones por el borde costero producirá contaminación atmosférica y sonora en la parte plana de la ciudad. Se producirá un cambio en el uso del suelo y una depreciación de las propiedades en la parte plana de la ciudad, especialmente aquellas ubicadas en las avenidas Errázuriz, Blanco y Esmeralda, que desde la inscripción del sitio en la Lista del Patrimonio Mundial han sido sometidas a importantes mejoras urbanísticas en sus espacios públicos y a inversiones en la restauración y recuperación de varios edificios históricos emblemáticos”, narra el documento. Y, por cierto, prácticamente desaparecerá la Bodega Simón Bolívar por efecto del mall.

Chile tiene cinco sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial y otros 16 en la lista tentativa. Sólo son números, pues, con lo que está ocurriendo en Valparaíso, difícilmente alguien puede creer en la seriedad política y cultural de tales aspiraciones.

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