Opinión
Pese al discurso de la Presidenta Michelle Bachelet de un Chile que incluye y respeta el derecho de las personas, los cargos elegidos por ADP que, se supone conjugan mérito y confianza –cualidad que ha sido incluso señalada por las actuales autoridades– hoy son removidas en conversaciones telefónicas express y a través de prácticas poco decorosas.
El 12 de marzo pasado el país observaba un cambio de mando tranquilo, republicano, sin disturbios ni incidentes, fruto de una democracia que, a esa altura, creíamos madura. Esto, pese a las duras amenazas acerca de despidos lanzadas por la actual ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, las que parecían más bien comentarios desafortunados en sazón de las palabras de la Presidenta Michelle Bachelet, quien, apenas acomodada en La Moneda, comenzó a instalar un discurso centrado en la inclusión, las personas y sus derechos, y dando la bienvenida a un «Chile de todos».
¿Cuánto duró realmente ese “Chile de todos”? Pocas horas, quizás nunca existió, o a lo mucho duró lo que Bachelet tardó en pronunciarlo. Poco después del cambio de mando, los dichos de la ex senadora DC se convirtieron en «Ley Rincón», una triste muestra del doble estándar de la Nueva Mayoría, coalición que en un comienzo comprometía rigurosas evaluaciones a los cargos provistos por Alta Dirección Pública e incluso, en algunos casos, la continuidad de ellos. Sin embargo, la promesa no tardó en convertirse en sólo palabras frente a las cámaras. La realidad fue otra: un doble discurso que pone en jaque, de un minuto a otro, a toda la Alta Dirección Pública, ahora catalogada bajo una «pérdida de confianza política», cuando en realidad estos cargos implican sobre todo a ejecutores, principalmente técnicos.
Esto atenta gravemente contra el desarrollo del país. Se observa hoy en día un desmantelamiento de las instituciones y la consigna no es precisamente “trabajar con los mejores”, sino sólo con los que están al amparo de la Nueva Mayoría. En cambio, se deja fuera a todos aquellos que contribuyeron al país durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, quien mantuvo a muchos altos directivos de la administración anterior en sus cargos. De hecho, su primer nombramiento por Alta Dirección Pública lo hizo en Salud, designando a la Dra. Carolina Cerón (PPD) como Directora del Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Como este, hay varios ejemplos de «meritocracia» al servicio de Chile durante esa gestión.
[cita]En mi caso, el nuevo director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Jorge Martínez, me pidió la renuncia ayer y ni siquiera quiso recibir mi informe de gestión de dos años que tuve en la Dirección de Atención Primaria del Servicio, y aseguró que él podía hacer «lo que estimaba conveniente». Aludió además a razones políticas y afirmó que los cargos directivos y jefaturas de departamento con los que cuenta el servicio «se le hacían poco» para la cantidad de personas que él tenía que instalar.[/cita]
A los despidos ocurridos en el “Chile de todos”, se suma la carencia de respeto y decencia mínima republicana, toda vez que más de una veintena de Directores de Servicios de Salud del país, muchos de ellos siendo provistos por el mecanismo de la Alta Dirección Pública, la tarde del día 12 de marzo y sin evaluación alguna, recibieron un llamado de la nueva subsecretaria de Redes Asistenciales, Dra. Angélica Verdugo, que en menos de dos minutos les “invitó” a renunciar, no sin antes advertirles que en caso contrario serían despedidos. No se les detalló quién asumiría el cargo a partir del día siguiente, dejando un vacío que en algunos casos, como en el de la Araucanía Norte y Maule, por ejemplo, persiste hasta el día de hoy. Despidos que se concretaron en escuetas conversaciones telefónicas y desalojos de oficinas sin previo aviso, dejando al funcionario de pie en el pasillo, esperando que se le comunicara qué sería de su futuro. Cuestionamientos a la calidad del profesional y “evaluaciones” express. Esa fue la tónica de la cual pude ser testigo.
Es una realidad que, instalados ya los nuevos ministros, subsecretarios y ahora los Jefes de Servicio, los siguientes despidos vinieron para quienes constituimos el segundo nivel jerárquico, pese a que nuestro cargo fue provisto por la Alta Dirección Pública, y pese al enfoque netamente ejecutor y técnico que implica ese mecanismo. Fuimos alejados de nuestros cargos. ¿La razón? La misma que han usado todo el tiempo: “pérdida de confianza”, sin importar si serviste bien el cargo y los avances en el período.
Basta con ser de derecha, o incluso haber pertenecido a la Concertación y continuado en el cargo bajo el gobierno del ex Presidente Piñera, para ya no estar calificado para “el Chile de todos”. Esto, pese a lo señalado incluso por las nuevas autoridades, quienes se han llenado la boca diciendo que los cargos concursados por ADP conjugan mérito y confianza.
En mi caso, el nuevo director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Jorge Martínez, me pidió la renuncia ayer y ni siquiera quiso recibir mi informe de gestión de dos años que tuve en la Dirección de Atención Primaria del Servicio, y aseguró que él podía hacer «lo que estimaba conveniente». Aludió además a razones políticas y afirmó que los cargos directivos y jefaturas de departamento con los que cuenta el servicio «se le hacían poco» para la cantidad de personas que él tenía que instalar.
Escribo esto porque llevo más de 10 años de servicio público. Ingresé al Servicio de Salud Metropolitano Central el año 2009, siempre serví mi cargo enfocado en el bien de nuestros usuarios y del país, y jamás discriminé por condición política, religiosa, de género, etnia, etc. Siempre me desenvolví con responsabilidad, compromiso, probidad y dedicación. Tengo cumplimiento de un 100% de mi compromiso de alto director público, me siento orgulloso del trabajo que hemos realizado muchos profesionales, técnicos y trabajadores en general, por el bien de nuestros usuarios y esta vez sí por el verdadero “Chile de todos”, no el de la Nueva Mayoría, no el de Bachelet, Rincón o Andrade, amparados tras el silencio de la CUT y ANEF, y otros que ven el Estado como un botín al servicio del gobierno de turno.
Chile necesita un Servicio Civil a la altura. Me preocupa tremendamente la mirada del nuevo director del Consejo de Alta Dirección Pública, Rodrigo Egaña, a quien todo lo sucedido le parece absolutamente normal, lo que demuestra el por qué lo pusieron en el cargo. Chile merece avanzar en meritocracia de verdad y por sobre todo probidad, que al parecer y a la luz de los nuevos nombramientos, ya se ha convertido en el talón de Aquiles de este nuevo gobierno.
La conclusión es clara, o desaparece esta práctica o desaparece la Alta Dirección Pública. Si este último es el caso, no sigamos gastando recursos en concursos que finalmente no tendrán ninguna validez –y que le cuestan al Estado entre nueve y 18 millones de pesos–, ni sigamos jugando con las personas que han dado todo por servir a Chile.
