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Desmunicipalizar la educación pública: un asunto administrativo financiero

por 25 marzo, 2014

El Ministerio de Educación debe escuchar también a los actuales administradores municipales de la educación, ya que en ellos se deposita una rica experiencia acumulada en estos más 30 años de municipalización, los aciertos y desaciertos de este período en el cual los municipios han sido los sostenedores de la educación pública; dicha experiencia no puede ser desoída, ya que el Servicio Nacional y los Servicios Locales de Educación, deben evidenciar sólidas competencias técnico-pedagógicas para entregar un efectivo apoyo a cada unos de los docentes, directivos escolares y asistentes de la educación, que “hacen” pedagogía en el espacio público.
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El programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, propone desmunicipalizar la educación pública, por medio de la creación de un “Servicio Nacional de Educación Pública” y de “Servicios Locales de Educación Pública”, ambos servicios concebidos como instituciones altamente especializadas en educación y de carácter descentralizado, donde los establecimientos educacionales, hoy bajo la administración de los Municipios, pasarán a depender de los Servicios Locales de Educación, los cuales contarán con un Consejo Consultivo conformado por miembros de la comunidad educativa y representantes de las facultades de Educación de instituciones públicas de la región donde se sitúa el distrito escolar. El programa se refiere a “distritos escolares”, los cuales corresponderán a una definición geográfica que permita resolver de manera adecuada las diferencias de tamaño que presenta la actual administración municipal en educación; para una mejor comprensión de esta diversidad de tamaños, dos ejemplos: la Municipalidad de Timaukel en la región de Magallanes cuenta con una sola escuela y la Municipalidad de Puerto Montt en la región de Los Lagos supera con largueza los 50 establecimientos bajo su responsabilidad.

El Servicio Nacional de Educación Pública tendrá por función principal el apoyo técnico-pedagógico, administrativo y financiero de los establecimientos públicos, a través de los Servicios Locales.

El sentido profundo de esta reforma estructural de la educación escolar, desde la educación parvularia a la educación de adultos, es garantizar el derecho social a una educación de la más alta calidad, asegurando que la educación pública sea el referente de calidad para todo el sistema, entonces este “asunto” no es meramente administrativo-financiero, es fundamentalmente pedagógico y pedagógico en la escuela y el liceo público, que es donde hoy más se incluye, donde no se rechaza a nadie, donde no se selecciona, donde se integran las diversas culturas y orígenes de un Chile cada día más diverso en lo cultural y en el patrimonio que porta cada niño, niña, joven y adulto que encuentran en la educación pública el espacio para ejercer su derecho a recibir una formación que garantice, también, el derecho al aprendizaje.

Para que lo anterior sea posible, deberemos, en primer lugar, poner nuestra atención en los profesores, profesoras y asistentes de la educación, ellos son el centro y los protagonistas del cumplimiento de la promesa de la calidad y la inclusión, entonces ellos y ellas deben ser apoyados, acompañados en su desempeño y con actualización permanente, para resolver de manera adecuada los desafíos actuales de la pedagogía en lo público. Y para ello, debemos escucharlos, son los protagonistas, y debemos mejor comprender sus necesidades y los desafíos que enfrentan a diario en el aula y el espacio escolar.

El Ministerio de Educación debe escuchar también a los actuales administradores municipales de la educación, ya que en ellos se deposita una rica experiencia acumulada en estos más 30 años de municipalización, los aciertos y desaciertos de este período en el cual los municipios han sido los sostenedores de la educación pública; dicha experiencia no puede ser desoída, ya que el Servicio Nacional y los Servicios Locales de Educación, deben evidenciar sólidas competencias técnico-pedagógicas para entregar un efectivo apoyo a cada unos de los docentes, directivos escolares y asistentes de la educación, que “hacen” pedagogía en el espacio público.

El Ministerio de Educación debe escuchar también a los actuales administradores municipales de la educación, ya que en ellos se deposita una rica experiencia acumulada en estos más 30 años de municipalización, los aciertos y desaciertos de este período en el cual los municipios han sido los sostenedores de la educación pública; dicha experiencia no puede ser desoída, ya que el Servicio Nacional y los Servicios Locales de Educación, deben evidenciar sólidas competencias técnico-pedagógicas para entregar un efectivo apoyo a cada unos de los docentes, directivos escolares y asistentes de la educación, que “hacen” pedagogía en el espacio público.

El régimen laboral de los docentes y los asistentes de la educación, está regulado por el estatuto docente y el Código del Trabajo, respectivamente; el traspaso a los Servicios Locales deberá responder a la pregunta con solución de continuidad laboral o sin continuidad; el Ministerio de Educación deberá considerar la opinión de los profesores, sus actuales empleadores y el interés general.

Sin duda, la creación de estos Servicios afecta a todas las reparticiones públicas que hoy tienen incumbencia en la provisión educativa, entonces, debemos actuar con un enfoque sistémico en esta reforma estructural, de esta manera el Ministerio de Educación deberá resolver, en el ámbito de las competencias y atribuciones, qué le corresponderá a las Secretarías Regionales y los Departamentos Provinciales de Educación. De la misma manera y en un ámbito más general, la Ley General de Educación, le reserva al Ministerio de Educación la función de apoyo al sistema escolar, entonces habrá que “trapazarla” para llegar al Servicio Nacional de Educación Pública; el mismo cuerpo legal crea la Agencia para la Calidad y la Superintendencia de Educación, con atribuciones de evaluación y fiscalización del sistema, para cada una de ellas; cómo se articularán normativamente con el Servicio, se deberán formular respuestas ciertas y en un plazo prudencial, para contener y mitigar las eventuales incertidumbres que puedan afectar a las escuelas y liceos públicos, bajo el necesario predicamento de proteger el normal decurso de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que ocurren día a día en nuestros establecimientos.

Finalmente, el proceso de creación de los Servicios debe ser gradual, aprendiendo de cada paso que demos, y en este aprendizaje las Universidades que forman profesores y realizan investigación educacional se constituyen en un poderoso aliado en este esfuerzo país.

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