Así, se puede prever que durante este año el tema de los Presos Políticos Mapuche sea la gran piedra en el zapato si el nuevo Gobierno de verdad tuviera intención de establecer las condiciones para solucionar el conflicto territorial.
La opinión pública debiera estar atenta a lo que ocurrirá en las próximas semanas, habiéndose cumplido el plazo de investigación en las causas que el Ministerio Público y el Gobierno de Chile llevan contra Emilio Berkhoff en el Tribunal de Cañete. Esto es relevante toda vez que el encarcelamiento de Berkhoff fue motivo de constantes comentarios por parte del Presidente de la República y el ministro de Interior anteriores. No es habitual que un Presidente de la República se refiera tan ampliamente respecto a una causa judicial.
Emilio Berkhoff es sindicado por el Gobierno anterior y por el Ministerio Público como el responsable de todos los actos subversivos en la Provincia de Arauco desde el encarcelamiento de los líderes de la CAM hasta su propio encarcelamiento a inicios del año pasado. El chivo expiatorio perfecto que encontró el Gobierno de turno para intentar hacer creer a la ciudadanía desinformada que todo estaba bien entre el Estado de Chile y los mapuche, y que el “conflicto” no era más que producto de “infiltrados”. El problema de la tesis del Gobierno, que parte importante de la prensa se tragó sin crítica alguna, es que en los meses siguientes al encarcelamiento de Berkhoff la insurgencia en la Provincia de Arauco no disminuyó. Todo lo contrario, basta googlear en El Mercurio de los últimos meses para darse cuenta de que en Tirúa los proyectos de inversión capitalista no son muy populares entre las comunidades mapuche. Las empresas forestales decían a principios del 2013 que era necesario encarcelar a Berkhoff para poder iniciar las faenas, pero durante todo el último año en las comunas de Tirúa y Cañete no se ha podido realizar con normalidad ninguna faena forestal, a pesar de que se ha doblado la presencia policial.
El Caso Berkhoff es especialmente relevante porque pone en tela de juicio una de las promesas más controvertidas de la campaña de Bachelet: no invocar la Ley Antiterrorista. Pero resulta que contra Berkhoff –como es habitual en las causas contra el movimiento mapuche– la Ley Antiterrorista se utiliza sin invocarla, y actualmente está en trámite en tribunales la solicitud de que se revele la identidad de los 14 testigos secretos con los que las empresas forestales lograron encarcelar a Berkhoff. Se dice que la reserva de identidad es necesaria para la seguridad de los testigos, lo que implica una ignorancia de la realidad rural, donde todos se conocen y todo se sabe. El resguardo de identidad en un juicio en contexto de comunidades rurales es absurdo, pensando que así nadie sabrá quién es. Lo único que se logra es coartar el derecho a una legítima defensa judicial, sin lograr el objetivo de proteger al testigo.
[cita]Así, se puede prever que durante este año el tema de los Presos Políticos Mapuche sea la gran piedra en el zapato si el nuevo Gobierno de verdad tuviera intención de establecer las condiciones para solucionar el conflicto territorial.[/cita]
La Fiscalía alega que si no puede usar los testimonios secretos el caso se le cae y no puede llegar a juicio. Es decir, reconoce que no tiene nada más. Eso equivale a reconocer que de hecho el caso ya se le cayó, puesto que una condena judicial no puede estar basada solamente en testimonios secretos. El Juez de Garantía, cuando se decretó la prisión preventiva, planteó que no se había entregado ningún antecedente que permitiera concluir que Berkhoff era un peligro para la sociedad, y que la prisión preventiva sólo se decretaría en vista del quebrantamiento del arresto domiciliario en que estaba el imputado. Luego vino la formalización de la Fiscalía por 7 ataques incendiarios, sin ofrecer más prueba que los testimonios secretos. El Gobierno de entonces, como fue habitual, estuvo destemplado y desajustado en sus comentarios.
Hoy, pasados tantos meses sin poder el fiscal entregar ningún antecedente serio, corresponde que Berkhoff quede en libertad. El tema de fondo, además, tras el escándalo público por el caso Castro Antipán, es que no hay organismo que pueda fiscalizar el trabajo de los fiscales y los mecanismos reñidos con la ley y la ética con que están realizando su trabajo, más aún en las causas mapuche, donde existe una voluntad política de hacer vista gorda a todo tipo de irregularidades y abusos, con los cuales durante el año 2013 se logró condenar a altas penas a varios jóvenes mapuche. Así, se puede prever que durante este año el tema de los Presos Políticos Mapuche sea la gran piedra en el zapato si el nuevo Gobierno de verdad tuviera intención de establecer las condiciones para solucionar el conflicto territorial.
