La literatura y la experiencia internacional muestran cómo en el largo plazo la inversión que se da antes de la catástrofe para reducir los daños y permitir una rápida recuperación reduce de manera importante los daños totales de la catástrofe, transformándose en una inversión beneficiosa para el país.
Este 27 de febrero se cumplen cuatro años del terremoto y maremoto del año 2010 y, por lo menos las personas interesadas en este tema, seguramente ya habrán leído alguna de las recomendaciones que ahora repetimos. Confiando en que la repetición permite la asimilación, decimos nuevamente estas mismas ideas con la esperanza de que todos los que vivimos y tenemos relación con Chile asumamos la responsabilidad que implica vivir en un país geológicamente activo y les pidamos a nuestras autoridades asumir el mismo compromiso.
La verdad es que hablar de reconstrucción es hablar sólo de una parte de todo lo que implica convivir con nuestra realidad sísmica y el caso particular de la reconstrucción del 27/2010 es un ejemplo dramático de nuestras propias incapacidades y desidia con un tema complejo. Sin embargo, puesto que no es posible hablar de todo de una vez, en esta ocasión hablaremos de las cifras del proceso de reconstrucción, la participación ciudadana y finalmente haremos algunas recomendaciones al nuevo gobierno sobre estos temas.
¿Cuántos damnificados produjo efectivamente el terremoto del 27F? A cuatro años de la catástrofe no lo sabemos y nunca lo sabremos. La razón es simple, en Chile no existen los instrumentos censales que permitan saber fehacientemente cuántos damnificados hay tras una catástrofe. Ni la Presidencia, ni algún Ministerio, ni el INE se han preocupado de desarrollarlos. Esto lleva a que la cifra de damnificados del terremoto del 27F se haya hecho de la siguiente manera, descrita en el “Plan de reconstrucción terremoto y maremoto del 27 de febrero”:
“Ante la imposibilidad de efectuar un catastro censal –catastro push– al momento de lanzar el Plan de Reconstrucción en Vivienda, el Minvu tomó la decisión de realizar un catastro pull, llamando a la población damnificada a inscribirse en un registro especialmente creado para la postulación a los subsidios del Plan de Reconstrucción. Para inscribirse en el registro de damnificados, las familias debían ser visitadas por personal técnico de las direcciones de obra municipales, quienes certificaron el daño de las viviendas. Con esta medida, además, se generó un filtro en las postulaciones, evitando el acceso a los beneficios de personas que no hayan sido afectadas por el terremoto. El registro de damnificados se cerró el 30 de julio para las comunas con más de diez mil habitantes, y permanece abierto hasta el 27 de agosto para las comunas con menos de diez mil.”
Este tipo de catastro tiene una serie de graves problemas:
1-Depende de la proactividad de los afectados, que deben hacer ellos el primer trámite. Así, esto lleva a no contabilizar las personas que están en una situación extrema de vulnerabilidad, que presentan un aislamiento importante o que por algún motivo de salud no se presentaron a hacer el trámite. Es decir, no incluye entre los afectados a la población que está en una mayor situación crítica, que es la que más necesita la ayuda, excluyéndola de la mirada del Estado, cerrando los ojos de la sociedad a su existencia.
2- Sobrecarga a las municipalidades, muchas de ellas con una falta crónica de recursos y que deben hacer frente a una avalancha de demandas de sus servicios y sin obtener una ayuda consecuente de parte del Estado central.
3-Basa las políticas públicas de reconstrucción en un instrumento que no fue ensayado previamente, que fue construido sobre la marcha, sin que haya sido probado su robustez estadística, ni sus reales capacidades para dar una información correcta.
Sin embargo, tras la catástrofe una situación así debía producirse, ya que en Chile no existían, y hasta el día de hoy no existen, políticas públicas que solucionen el grave problema de la ceguera del Estado chileno en caso de catástrofe.
Si la Presidenta Bachelet desea que entre su legado esté una mejor preparación para hacer frente a un desastre natural, entonces uno de los principales puntos a los cuales deberá hacer frente es a estas deficiencias en el recogimiento de la información.
Cabe destacar que estas deficiencias son solucionables, es decir, que con los recursos, la voluntad política y la capacitación técnica suficiente, el Estado chileno puede conocer la realidad en el terreno tras una catástrofe y coordinar de manera efectiva y eficiente un proceso de reconstrucción. La literatura y la experiencia internacional muestran cómo en el largo plazo la inversión que se da antes de la catástrofe para reducir los daños y permitir una rápida recuperación reduce de manera importante los daños totales de la catástrofe, transformándose en una inversión beneficiosa para el país.
En lo concerniente a la participación ciudadana en el proceso de reconstrucción, nadie discute que los interesados tienen derecho a la participación, pero la forma y extensión de dicha participación ha sido conflictiva durante estos cuatro años.
Primero que nada, cuando se habla de participación en reconstrucción es necesario tener presente que el damnificado es una persona que ha sufrido un daño y, en ese sentido, es una víctima. Si bien no todos los daños ocasionados por el terremoto y tsunami son iguales, lo cierto es que todos generan dolor, ansiedad y estrés. ¿Cómo esta situación emocional afecta la participación del damnificado en el proceso de reconstrucción? Es difícil decirlo con exactitud, no hay muchos estudios sobre las consecuencias de los efectos traumáticos del terremoto en los damnificados. Sin embargo, es de sentido común suponer que una persona que ha perdido su casa o a un ser querido no está en las mejores condiciones psicológicas para enfrentar solo el proceso de reconstrucción. Así, su estado emocional puede entorpecer su participación si no cuenta con la ayuda y orientación adecuadas para enfrentar el proceso. En efecto, si al dolor de la perdida se le suman las frustraciones que genera la burocracia en la reconstrucción, es altamente posible que el damnificado se desanime, renuncie a participar o incluso se enferme.
Por otro lado, la participación requiere de acceso a la información y de capacidad de comprensión de la información recibida. En efecto, durante la reconstrucción del año 2010, las vías de comunicación entre la autoridad y los damnificados son muy débiles o incluso inexistentes, por lo que muchas organizaciones optaron por hacer uso de la Ley de Transparencia para exigir información sobre los planes de reconstrucción que se implementarían en sus territorios y sus avances. Sin embargo, puesto que la reconstrucción es un proceso de alta complejidad técnica (tiene elementos legales, arquitectónicos, constructivos, ambientales, etc.), en muchas oportunidades las organizaciones de damnificados han requerido de asistencia especializada para comprender los alcances de la información obtenida. Puesto que muchas de esas organizaciones carecen de los medios para pagar dicho servicio, deben ser precariamente asistidas por profesionales de diferentes áreas que acceden a trabajar de manera gratuita.
Esta situación de falta de información coloca al damnificado en una situación de vulnerabilidad, puesto que si ,además de ser difícil el acceso a la información, se carece de las herramientas para poder procesarla, a las personas no nos queda más que confiar en las opiniones y sugerencias de las autoridades a cargo del proceso. La falta de comprensión e información impiden el cuestionamiento y, por lo tanto, entorpecen una participación saludable.
Finalmente, para fomentar la participación en el proceso de reconstrucción es necesario fortalecer las organizaciones que reagrupan a los afectados por la catástrofe. En ese sentido, las Juntas de Vecinos juegan un rol clave, puesto que no sólo reagrupan sino que tienen información detallada y precisa sobre la situación particular de sus miembros, lo que es trascendental para determinar el grado de daños y el tipo de medidas de ayuda que deben ser implementadas por la autoridad. Por ejemplo, son las Juntas de Vecinos las que pueden conocer rápidamente detalles como la cantidad de adultos mayores que viven en su sector, si es que tienen tratamiento medicamentoso y de que tipo, cuánta gente necesitará alojamiento y qué personas del sector pueden prestarlo, etc. Así, el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de base en general y de las Juntas de Vecinos en particular, es una medida indispensable para garantizar la participación ciudadana en procesos de reconstrucción, ya que ellas pueden canalizar necesidades específicas y visiones concretas sobre el proceso, además de funcionar como un «sensor» que mide los efectos de las medidas implementadas por la autoridad.
En consideración a lo anteriormente dicho sobre cifras de la reconstrucción y participación ciudadana, nos permitimos sugerir las siguientes recomendaciones al nuevo gobierno:
– Volver a darle al Ministerio de Economía el título agregado de “reconstrucción” y concretizar a través de una Subsecretaría o un instituto que dependa de éste –y que tenga el personal y los recursos necesarios para llevar a bien su función–, la creación, en coordinación con un nuevo INE, de instrumentos estadísticos adecuados para medir la catástrofe.
– Los instrumentos estadísticos deberán ser construidos de manera pública, abierta y con participación activa de la comunidad. Deberán ser testeados en las numerosas catástrofes que suelen tener lugar en nuestro territorio y así probar su robustez no sólo en los modelos y simulaciones, sino que también en la realidad concreta. Gracias a esto se podrá definir claramente quiénes son las personas afectadas, con criterios claros y objetivos, lejanos a la opacidad sentida por muchos de los afectados en el terremoto en lo que concierne el tratamiento de sus casos. Estos criterios permitirán que los damnificados puedan recurrir fácilmente a distintas instancias administrativas o judiciales en caso de que sus derechos sean vulnerados, dándoles a todos un acceso similar a la ayuda, garantizando así el derecho a la igualdad ante la ley, pilar de la vida republicana.
– Establecer que la reconstrucción no debe ser medida únicamente por medio del avance en construcción de casas e infraestructura crítica, sino que también incluye una serie de elementos de medición mucho más compleja y que han sido completamente olvidados por este gobierno y los gobiernos anteriores, como son el tejido social y la salud mental, por sólo dar unos ejemplos. El desarrollo de instrumentos estadísticos en este aspecto sería un gran avance y la creación de políticas públicas proactivas en este aspecto son esenciales para lograr una reconstrucción integral.
– Evitar caer en guerras mediáticas con los afectados sobre las «cifras de la reconstrucción». La estrategia mediática del gobierno debe tener siempre presente que cada afectado ha sufrido un daño personal y que siente dolor y angustia de manera legítima y que, en ese sentido, saber que han reconstruido mil casas puede ser una esperanza pero nunca un consuelo mientras la suya continúe en el suelo.
– En lo concerniente a la participación, se le debe facilitar por todos los medios al damnificado el acceso a la información sobre los planes de reconstrucción que le afectan, los fondos destinados a los mismos y su estado de avance. En concreto, esto se puede lograr aumentando los casos de «transparencia activa» señalados en la Ley de Transparencia, incluyendo las situaciones de reconstrucción. Así, se puede obligar a la municipalidad a entregar la información antes señalada de manera material a los afectados, destinándose fondos adicionales exclusivos para esa función.
– Evitar pensar que el internet es una fuente de información accesible para todos los afectados. En sectores alejados el internet es de débil señal y no todas las personas afectadas saben cómo operar computadores para obtener la información que necesitan. En ese sentido, se debe garantizar que las personas puedan tener acceso material a la información, ya sea por medio de cartas, de publicación en un lugar público o dejándola accesible en oficinas públicas.
– En procesos de reconstrucción, crear sistemas de acompañamiento a las personas afectadas que les brinden tanto apoyo psicológico como técnico. Sin un correcto acompañamiento y asesoría, los afectados quedan sin protección ante el actuar de los órganos públicos y sus posibilidades de participación se ven restringidas. Siguiendo la teoría de frenos y contrapesos del poder público, consideramos que este sistema de acompañamiento debe ser coordinado por un órgano independiente al actuar del SERVIU o MINVU en el proceso de reconstrucción.
– Fortalecer las organizaciones de base, en especial la Junta de Vecinos, considerándolas como actores claves en el proceso de reconstrucción. Para ello, no sólo se debe fomentar su constitución en las diferentes comunas del país, sino que también la participación de los vecinos y mejorar su reglamentación de funcionamiento interno, de manera que los conflictos que puedan surgir dentro de las Juntas de Vecinos sean solucionados de manera rápida y transparente.
Hacemos estas recomendaciones considerando que en este tipo de temas las buenas intenciones no son suficientes. En efecto, sólo políticas públicas diseñadas de manera participativa por la autoridad estatal serán capaces de hacer frente a una catástrofe como la del 27F y únicamente un aparato burocrático con informaciones fiables sobre lo que sucede en terreno será capaz de ejercer una acción efectiva y ayudar de manera real a los damnificados por la catástrofe.
