Es necesario cambiar urgentemente la integración anacrónica del Consejo de Rectores o crear otra institucionalidad en que estén todos y no algunos. Cuando existen universidades excluidas de la institucionalidad de la educación superior, como en este caso, la exclusión no es a la universidad que nació después del año 1982, sino que es un acto de discriminación para miles de jóvenes que estudian en estas universidades.
Los medios de comunicación han sido el escenario, durante ya varias semanas, de un áspero debate respecto qué se entiende como público y cuáles serían las diferencias de esto con lo estatal. Más allá de la discusión conceptual, estamos convencidos de que la vocación pública de una institución de educación superior no depende necesariamente de la naturaleza jurídica de su propiedad. En Chile existen universidades no estatales que han contribuido significativamente al desarrollo de nuestro país. Y también hay otras, estatales y no estatales, que no lo han hecho.
No obstante lo anterior, nos parece que el centro de la discusión no es la dicotomía estatal/no estatal, porque en este debate pequeño se pierde el foco de lo verdaderamente importante. En nuestra opinión la educación superior, como derecho esencial, incide de manera fundamental en el desarrollo social, cultural y económico del país, por lo que su provisión siempre es de responsabilidad pública. Aceptarlo como tal constituye una premisa básica para la consolidación de un nuevo sistema de educación, el que deberá centrarse en criterios de calidad, justicia y equidad, sin espacios para la exclusión arbitraria o el lucro.
De este modo, en la discusión respecto de la educación universitaria deben tomarse en cuenta elementos de corte sociocultural y político y no sólo un enfoque económico. El Estado debe asumir la responsabilidad de mejorar las oportunidades educacionales de los grupos menos privilegiados, pues la educación universitaria debe ser accesible a todos sobre la base de las capacidades de cada uno, en un contexto cierto de igualdad de oportunidades. La premisa de igualar para crecer es determinante en el análisis de un proyecto de sociedad más justa y solidaria, y a eso nos debe convocar este debate.
Entendemos por educación pública aquella provista por entidades estatales y no estatales, que poseen características determinantes como: independencia, pluralismo, la participación de sus estamentos en la vida universitaria y, por supuesto, la reinversión de sus excedentes en la universidad. El punto focal para distinguir unas de otras es su vocación de servicio, donde el interés general o bien común prime sobre el interés particular de grupos de interés, ya sea económicos, ideológicos, religiosos o de otra naturaleza. Ese el modelo de la Universidad Central y por eso creemos importante plantear algunas propuestas para esta discusión:
[cita]Es necesario cambiar urgentemente la integración anacrónica del Consejo de Rectores o crear otra institucionalidad en que estén todos y no algunos. Cuando existen universidades excluidas de la institucionalidad de la educación superior, como en este caso, la exclusión no es a la universidad que nació después del año 1982, sino que es un acto de discriminación para miles de jóvenes que estudian en estas universidades. [/cita]
-Toda institución que se someta a las exigencias del nuevo marco regulatorio que determine el Estado debiera ser considerada pública, independientemente de su propiedad.
-Los responsables de la coordinación, regulación y fiscalización del sistema deben ser organismos del Estado con capacidad de sanción efectiva. Deberían ampliarse las facultades de la Contraloría General de la República para ello y someterse a las normas de transparencia.
-Es imprescindible un nuevo sistema de selección e ingreso a las universidades que ofrezca igualdad de oportunidades y equidad. Evitar la segregación es una forma de asegurar cohesión social. Los actuales mecanismos de admisión y requisitos de ingreso dan como resultado que las universidades mal llamadas tradicionales tienden a ser elitistas, dejando a las universidades privadas, o al menos a una parte importante de ellas, la misión de acoger a los estudiantes que, teniendo talento y capacidades, deben cargar con una deficiente preparación que les heredaron colegios municipales o subvencionados de mala calidad. Es el gran esfuerzo de nuestros académicos el que permite superar las brechas de inicio. En el caso de la Universidad Central, las cifras de empleabilidad de nuestros egresados, igual o mejores que muchas de las llamadas tradicionales, son una prueba de ello.
-La estructura interna de las universidades públicas debe contar con la participación efectiva de sus distintos estamentos en sus órganos colegiados, así como en la búsqueda de acuerdos en la generación de sus autoridades, respetando los ámbitos de atribución de cada una de ellas.
-Las universidades consideradas públicas no sólo deberían recibir financiamiento directo para la formación de sus estudiantes, sino también para desarrollar investigación y extensión. De otro modo, se condenaría a estas instituciones a limitarse a la función docente y, por ende, a morir.
-Es imperiosa una reforma del actual sistema de acreditación. Deben revisarse los criterios e indicadores y, por supuesto, evitar el sistema de ranking por años, que termina siendo usado como elemento de marketing por algunas instituciones de educación superior.
-Es necesario cambiar urgentemente la integración anacrónica del Consejo de Rectores o crear otra institucionalidad en que estén todos y no algunos. Cuando existen universidades excluidas de la institucionalidad de la educación superior, como en este caso, la exclusión no es a la universidad que nació después del año 1982, sino que es un acto de discriminación para miles de jóvenes que estudian en estas universidades.
Para participar en este escenario de cambios es que nos estamos preparando. Con logros concretos, con avances tangibles, conscientes de que el modelo de la Universidad Central implica una gran responsabilidad. No sólo debemos probar nuestra capacidad de ser viables y progresar, sino que debemos demostrar en los hechos que somos capaces de brindar –cada vez más– una educación de excelencia, que forme los mejores profesionales y sea capaz de contribuir con la generación de conocimiento al desarrollo del país.
“Nosotros somos nosotros, libres e independientes”, como decía don Gonzalo Hernández, uno de los fundadores de la Universidad Central. Frase viva y elocuente que adquiere mayor relevancia, cuando durante los últimos días observamos con mucho interés los argumentos que se han vertido en torno a lo que debe ser una universidad “pública”.
