Este horizonte de mediano plazo, no quita que quienes aspiramos a una sociedad que fomente el sentido de pertenencia a la comunidad y promueva el bienestar colectivo, sigamos impulsando reformas que nos vayan acercando hacia un modelo como el de aquellos países que ven a la educación como un bien social, haciendo los esfuerzos necesarios para que el proceso que vivamos en los próximos años siente las bases que dichos modelos requieren.
¿Cómo implementar la promesa de gratuidad en educación superior? Una vez sobrepasados los titulares de la discusión, ha comenzado a ponerse sobre la mesa la inmensa gama de complejidades asociadas a la ejecución de una reforma de tamaña magnitud.
Si hacemos el útil ejercicio de mirar cómo se organizan los esquemas de financiamiento público de la educación superior en el mundo, observaremos que, grosso modo, destacan dos modelos de implementación.
Al primero se le llama técnicamente “subsidio a la demanda”, el cual consiste en entregar recursos del Estado asociados a la cantidad de estudiantes que una institución logre matricular y el valor del subsidio, que es fijado por el órgano regulador (como, por ejemplo, nuestro Arancel de Referencia). En un sistema como éste, las instituciones se financian compitiendo por las ayudas estudiantiles (becas y créditos).
Al segundo modelo se le conoce como “subsidio a la oferta”, que en palabras simples significa que el Estado financia proyectos educativos para que instituciones públicas se encarguen de implementarlos. En dicho esquema puede darse que (i) el subsidio cubre el total del costo de provisión, o (ii) el subsidio cubre parcialmente el costo total, el cual se complementa con un pago por parte del estudiante.
Obviamente, el mundo real tiene distintos grises y matices, lo que se traduce en modelos que son, por lo general, una mixtura de ambos esquemas.
[cita]Este horizonte de mediano plazo, no quita que quienes aspiramos a una sociedad que fomente el sentido de pertenencia a la comunidad y promueva el bienestar colectivo, sigamos impulsando reformas que nos vayan acercando hacia un modelo como el de aquellos países que ven a la educación como un bien social, haciendo los esfuerzos necesarios para que el proceso que vivamos en los próximos años siente las bases que dichos modelos requieren.[/cita]
Dicho esto, resulta útil despejar ciertos mitos que se escuchan reiteradamente en la discusión, lo que permitirá iluminar un poco más este encendido debate.
Los esquemas de financiamiento a la oferta han fracasado en el mundo entero. Usualmente, este argumento suele apoyarse con el ejemplo de sistemas de educación superior de países como la ex URSS, Cuba, Corea del Norte o Argentina. Sería apropiado mencionar que este esquema continúa plenamente vigente en algunos países como Finlandia, Dinamarca, Suecia o Noruega (ver gráfico más abajo). Al parecer, quienes contaron esta historia nos mostraron solamente aquel capítulo que les servía para apoyar su tesis.
La gratuidad universal acaba con el mercado. Si bien la promesa de gratuidad consiste en la eliminación del pago directo de los estudiantes, ella no garantiza el fin de la competencia por matrícula entre las instituciones de educación superior y las consabidas implicancias sobre los gastos en publicidad, y otras conductas perversas asociadas a la competencia en el ámbito educativo. Por lo tanto, puede haber gratuidad y competencia de manera conjunta.
Poner candado a las instituciones privadas y transitar hacia un modelo puramente estatal es la solución ideal para Chile. Pensar eso es simplemente obviar el estado actual de la educación superior en nuestro país, en el cual existe un 72% de estudiantes matriculados en instituciones privadas (datos MINEDUC, 2013), sólo 16 de las 60 universidades son del Estado, y la totalidad de los 44 IP y 61 CFT son de propiedad privada (los totales provienen de datos MINEDUC, 2014). Pensar una solución sin considerar el escenario actual, sería como taparse los ojos frente al legado y el estado del modelo implementado en Chile con más de 30 años de desarrollo descontrolado, el cual es técnicamente imposible de reordenar y revertir con el diseño de una ley que se ponga en práctica al año siguiente.
En Chile el valor de los aranceles responde a los elevados costos de la Educación Superior. Chile tiene el valor más alto de aranceles universitarios (promedio) del mundo OECD. Estudiar en nuestro país cuesta (en promedio) cerca de US$6.000 anuales (datos OECD, todas las cifras en dólares están ajustadas por PPP). ¿Usted cree que este valor refleja nuestros altos estándares en calidad docente, investigación, infraestructura o vinculación con el entorno? Usted sabe la respuesta. Entonces, urge llevar el valor de los aranceles a niveles razonables, si no queremos seguir financiando una fiesta multimillonaria organizada por grandes conglomerados financieros.
Para ilustrar lo anteriormente señalado, veamos el gráfico que se presenta a continuación. Con datos provenientes del informe Education at a Glance 2013, de la OECD, se han mapeado los países que conforman dicha organización en un plano de dos ejes que representan, en el eje horizontal, la cobertura de las ayudas estudiantiles (los países que se encuentran más a la derecha son los que más cobertura logran) y, en el eje vertical, el costo promedio del arancel universitario (los países que se encuentran más arriba son aquellos en donde el valor de los aranceles es mayor).
(1) Valores en USD ajustados por PPP.
(2) En el caso de Chile, la representatividad se logra incorporando las universidades públicas y privadas, dado el alto porcentaje de la matrícula del sector privado.
En función de dicho gráfico podríamos establecer cuatro grupos de países:
1. Los que financian a través de subsidios a la oferta y logran niveles arancelarios bajos: En este grupo se encuentran los países del cuadrante inferior izquierdo, como España, Suiza o Bélgica. Las ayudas estudiantiles en este grupo de países están concentradas en porcentajes minoritarios de la población estudiantil.
2. Los que ven a la educación como un bien social: En este grupo no existen precios visibles, estudiar es gratis y, para que la fiesta sea completa, además entregan aportes adicionales a los estudiantes para financiar gastos suplementarios al proceso educativo mediante ayudas estudiantiles. Este es el grupo de países escandinavos ubicados en el extremo inferior derecho de la figura.
3. Los que financian a través de ayudas estudiantiles el valor de los aranceles: Aquí encontramos una gama de países que va desde Holanda, en donde los aranceles están en torno a los US$2.000 anuales, hasta EE.UU. En estos países existen distintos niveles de control sobre el valor de los aranceles.
4. Los experimentos de laboratorio: Una vez más, como en tantos otros ámbitos, somos una rareza (así como en nuestros modelos de educación escolar y preescolar, salud, pensiones, vivienda y tantos otros). Estamos, junto a Japón, habitando en la periferia de los esquemas tradicionales de financiamiento, caracterizado nuestro modelo por aranceles liberados que se determinan como resultado de la competencia por el financiamiento del Estado y el dinero de las familias (que ya sabemos que en muchos casos va a parar a las cuentas de consorcios de inversiones).
En estas latitudes, menos de la mitad de los estudiantes recibe aportes del Estado para poder entrar en esta peligrosa selva llena de trampas y animales peligrosos (en un país en que el 50% de los trabajadores gana menos de $263.473 y vive altamente endeudado, según datos 2013 de la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos).
Despejados algunos mitos, y situados en el contexto en que nos encontramos, la pregunta que debiésemos enfrentar es hacia dónde queremos transitar en un horizonte de mediano y largo plazo. En esa línea, nuestro país podría razonablemente apostar por mover el timón y armar una agenda para los años próximos que apunte en dirección a un punto ubicado en las cercanías de Holanda (ver gráfico).
¿Qué características podríamos encontrar en esas latitudes? Sin entrar en detalles, un esquema público en que las instituciones que lo conformen deban (i) regirse por aranceles fijados por el regulador, (ii) ser normadas por un estatuto público que resguarde que dichas instituciones mantengan su orientación pública sin que prime la de su controlador, (iii) disponer de cupos directos para egresados de escuelas públicas, (iv) permitir una fiscalización rigurosa y transparente de sus estados financieros, (v) acreditar altos estándares en mecanismos de aseguramiento de la calidad, y (vi) financiamientos basales que permitan a las instituciones cumplir efectivamente el mandato que la sociedad les entrega. Esto, sin duda, requerirá de una modernización del Ministerio de Educación y la creación de un consejo autónomo (tipo Banco Central) que vele por el cumplimiento de dicha institucionalidad y de los objetivos estratégicos que el país se fije.
Este horizonte de mediano plazo, no quita que quienes aspiramos a una sociedad que fomente el sentido de pertenencia a la comunidad y promueva el bienestar colectivo, sigamos impulsando reformas que nos vayan acercando hacia un modelo como el de aquellos países que ven a la educación como un bien social, haciendo los esfuerzos necesarios para que el proceso que vivamos en los próximos años siente las bases que dichos modelos requieren.
