Educación: sin la sociedad no hay cambio posible

La Reforma Educacional ha sido presentada por el ministro Eyzaguirre como el paso de un modelo de mercado –en que la educación era una responsabilidad individual– a uno en que se la entiende como derecho social universal –responsabilidad pública–. Se iría supuestamente en la línea planteada por los estudiantes. No obstante, la falta de claridad ha desatado una confusa discusión, en la cual los sectores más conservadores de la sociedad chilena han recuperado iniciativa.

Las raíces de esta polémica son antiguas. Desde la dictadura la política educacional es subsidiaria: ha promovido la creación de instituciones educacionales privadas, poniendo a su disposición los recursos del Estado entregados como “subsidios a la demanda”. Tras años de lucha, las fuerzas sociales lograron horadar la legitimidad de esta política –cuyos resultados el país conoce–, planteando desmercantilizar la educación para transformarla en un derecho social universal. Pasar de considerarla un bien privado a uno público.

Desde los noventa e incluso con posterioridad a 2011, la Concertación fue reacia a esta idea. Defendió una y otra vez la política subsidiaria. Tras la revolución pingüina de 2006, el régimen eludió el problema de lo público y se centró en la “calidad educativa”, independientemente de si era pública o privada. Las instituciones privadas intentaron demostrar que eran mejores que las estatales en calidad y, en virtud de ello, merecedoras de más recursos fiscales. Hoy sabemos, producto de la evidencia acumulada, que dichas proclamas son y han sido falsas, incluso en los estrechos marcos de las mediciones estandarizadas. Pero entonces la política subsidiaria no retrocedió en aras de lo público. Todo lo contrario. El malestar con la educación fue pretexto para profundizar la subsidiariedad y elevar la participación relativa y absoluta de los privados en el presupuesto público.

Hoy flota en el aire la idea de que sólo se financiará a instituciones con “función pública”. Ante las nuevas condiciones, voceros del mundo educacional privado repiten la exitosa estrategia de 2006. Se intenta convencer que lo privado también es público. Incluso que los privados pueden ser más públicos que los públicos. Pocas discusiones resultan hoy más confusas.

[cita]La falta de claridad del Gobierno, sumada a la reacción de ciertas instituciones privadas, ha terminado por configurar un debate altamente contaminado por intereses corporativos. Lo público se reduce a una cualidad atribuible a cada institución en particular en tanto garantizaría recursos fiscales. Esto lleva a una instrumentalización de lo público, tal como en su momento ocurrió con la apelación a la calidad. Con el riesgo de que, de nuevo, las cosas cambien para seguir igual.[/cita]

La falta de claridad del Gobierno, sumada a la reacción de ciertas instituciones privadas, ha terminado por configurar un debate altamente contaminado por intereses corporativos. Lo público se reduce a una cualidad atribuible a cada institución en particular en tanto garantizaría recursos fiscales. Esto lleva a una instrumentalización de lo público, tal como en su momento ocurrió con la apelación a la calidad. Con el riesgo de que, de nuevo, las cosas cambien para seguir igual.

¿Cómo volver a poner arriba de la mesa el problema central? Vale la pena recordar el manifiesto «Compromiso por una Nueva Educación», elaborado por distintas y diversas personalidades del mundo educacional a instancias de la Fundación Nodo XXI. Sobre todo, su concepción de lo público, en tanto contenido central de la reforma que reclama la sociedad.

Si algo define lo público es su sentido democrático, pues constituye un espacio sometido a deliberación ciudadana. Lo público es de todos en general, mientras lo privado es siempre de alguien en particular. En el extremo, incluso lo estatal puede dejar de ser público si deja de ser democrático. Pero mientras lo público, al menos en principio, puede ser de todos, la propiedad privada está imposibilitada de ser pública. Su mera existencia implica que es de alguien en particular.

Expansión de lo público es entonces más soberanía democrática de la sociedad chilena sobre ámbitos otrora entregados al mercado. No un conjunto de condiciones aplicables o exigibles a cada institución por separado para recibir recursos fiscales.

Si el pilar de la educación será público como se ha anunciado, aquello no debe caricaturizarse como estatización absoluta –que a la sazón nadie ha planteado–, sino como el imperativo de abrir la educación a los ciudadanos para que concurran a ella ejerciendo un derecho y, más importante aún, para que definan su sentido y horizonte. Aquí reside la principal garantía de libertad de enseñanza. Será la sociedad la que defina la educación que quiere, para qué educa y con qué medios, en lugar de limitarse a regular y financiar la respuesta anárquica que dan los privados a estas preguntas compitiendo unos con otros.

Más educación pública es entonces incompatible con aumentar subsidios a la demanda. No se trata de seguir regulando el mercado, sino de desplazarlo, poniendo en su lugar a la democracia. Ello es condición para un genuino sentido público de la educación. También para una real preocupación por modernizar la educación en sus múltiples dimensiones, recurriendo en los hechos –no sólo en discursos o mediciones– a todos los recursos técnicos de la actualidad.

Es cierto que una orientación de esta naturaleza no puede ignorar el panorama forjado por más de 30 años de subsidiaridad. Las instituciones del Estado, en tanto propiedad pública, deben responder a desafíos mayores: fortalecerse, expandir su matrícula y ser eje de un nuevo sistema. Pero las fuerzas de cambio no pueden aferrarse a discursos corporativos para defenderlas. Ello profundiza su privatización en tanto actores de mercado. La energía de las fuerzas de cambio debe abrirlas a la sociedad, profundizar su carácter democrático, hacerlas más públicas de lo que han podido ser hasta hoy. En particular, las universidades fundadas por el Estado deberán abrirse al control democrático de la ciudadanía, también de sus académicos, trabajadores y estudiantes. Dejar atrás rencillas y chauvinismos para colaborar entre sí en lugar de competir, siendo entonces el pilar de una nueva educación superior dirigida a la democratización de los saberes, el enriquecimiento de la cultura y la creación de conocimiento para el desarrollo.

Las instituciones privadas que fueron fundadas por particulares, si pretenden colaborar con la función pública, deberán ponerse a disposición de ella y no al revés. Es decir, deberán democratizarse. Las fuerzas de cambio pueden y deben profundizar este proceso, llevarlas a conformar un área de colaboración con la educación pública en la forma de un pacto de largo plazo entre la sociedad y ellas, que lleve a un uso racional y no anárquico de los recursos involucrados. No tiene sentido la reacción desmedida de algunas autoridades académicas que han denunciado un supuesto estatismo, a no ser que aquello a lo que teman sea en realidad a la democracia.

De todos modos, mientras estas instituciones sean de alguien, no podrán pretender un trato idéntico al de aquellas que son de todos y, por lo mismo, su desarrollo no puede seguir usándose como pretexto para abandonar la urgente necesidad de fortalecer y expandir los planteles del Estado como basamento de la educación pública.

Hay que retomar la hebra democratizante del debate educacional. De la conducta del ministro, sus anuncios y su alusión al pacto social, se desprende que el programa de gobierno y la elección de Bachelet constituyen para él ya dicho pacto, y lo que queda es enviar proyectos de ley al Parlamento. Pero el debilitado sistema político, aún monopolizado por una política en declive, no es expresión genuina de un nuevo pacto social educativo. Sólo en el consenso que emerja de un debate amplio de la sociedad civil organizada y la ciudadanía, está la fuerza necesaria para sobreponerse a los viejos intereses que resisten los cambios. Aunque estos últimos carezcan de una representación política eficaz por ahora, disponen de gran capacidad de determinación. El Gobierno no se fortalece al ignorar este hecho. Se debilita ante los poderes fácticos.

Las fuerzas de cambio deben tomar la iniciativa. No defender a cada institución por separado ni a un grupo de ellas, sino pugnar por un debate amplio y honesto que sea el verdadero soporte de la necesaria transformación educativa. También por hacer de sus instituciones espacios democráticos, sometidos a la deliberación ciudadana. De este modo, si algún radicalismo se atribuye a quienes impulsen estos cambios, que no sea estatismo ni fanatismo contra la educación particular. Que sea compromiso por profundizar la democracia.