A continuación, esbozaremos lo que estimamos son tareas previas y necesarias para el sustento de este eje del petitorio estudiantil. Se debe tener presente que la participación no puede sino comenzar por la organización de la Comunidad Educativa. Y que el precario estado de la organización de estudiantes y trabajadores en el plano general de la Educación Superior está muy lejos aún de lo que requiere la demanda de democratización.
Los anuncios del Gobierno en materia de reforma educacional han llevado al movimiento estudiantil a poner en debate una vez más el petitorio construido desde el año 2011, a fin de defender los principios que lo sustentaron de la amenaza latente del gatopardismo. Así, se podrá avanzar hacia la construcción de un proyecto educativo que ponga en su centro las necesidades del país.
Tanto el impulso del Gobierno como el tensionamiento por parte de diversos intereses corporativos han mantenido en las últimas semanas en el centro de la discusión pública lo tocante al eje de financiamiento de la Educación Superior. Hemos sido testigos de cómo el propio movimiento estudiantil ha debido mutar sus planteamientos de consignas y principios a posiciones precisas y detalladas en los más diversos aspectos involucrados en la gratuidad de la educación.
Sin embargo, el financiamiento de la educación no es el único eje del movimiento estudiantil ni mucho menos el único aspecto constitutivo del régimen educacional de las últimas décadas. Aunque carente de un alcance profundo y acabado, la idea de democratización de las Instituciones de Educación Superior ha estado siempre presente en las demandas estudiantiles como condición necesaria del nuevo sistema educativo. En términos generales, esta implica llevar hasta las más fundamentales decisiones políticas e institucionales al conjunto de la Comunidad Educativa, abarcando la elección de autoridades, la definición de presupuestos, la orientación de la docencia, investigación y extensión y los mecanismos de gestión. Es nada más ni nada menos que llevar a la dirección de las Instituciones lo que se ha planteado para su financiamiento.
A continuación, esbozaremos lo que estimamos son tareas previas y necesarias para el sustento de este eje del petitorio estudiantil. Se debe tener presente que la participación no puede sino comenzar por la organización de la Comunidad Educativa. Y que el precario estado de la organización de estudiantes y trabajadores en el plano general de la Educación Superior está muy lejos aún de lo que requiere la demanda de democratización.
Afirmamos que uno de los presupuestos básicos para la participación de las comunidades en la gestión y dirección de las Instituciones de Educación Superior es la organización de sus miembros. Es decir, que las personas que las integran puedan asociarse para los fines legítimos que estimen pertinentes y, particularmente, para atender los asuntos que les son propios en tanto miembros de la Comunidad Educativa.
[cita]A continuación, esbozaremos lo que estimamos son tareas previas y necesarias para el sustento de este eje del petitorio estudiantil. Se debe tener presente que la participación no puede sino comenzar por la organización de la Comunidad Educativa. Y que el precario estado de la organización de estudiantes y trabajadores en el plano general de la Educación Superior está muy lejos aún de lo que requiere la demanda de democratización.[/cita]
No se trata de otra cosa que del Derecho de Asociación reconocido a todas las personas en el artículo 19 N° 15 de la Constitución Política de la República y en diversos instrumentos internacionales vigentes en Chile que, como muchos otros, es objeto de regulación y resguardo a nivel legal y administrativo, permeando materias como el Derecho del Trabajo, el Derecho Penal o el cumplimiento de los fines de la Administración del Estado, por mencionar algunos.
En el plano estudiantil, esta materia ha sido objeto de escasa y nula atención. Con la excepcional y parcial realidad de algunas Instituciones –en su mayoría tradicionales– que no sólo respetan sino que también fomentan en distintos grados la organización de sus estudiantes, el general de las Instituciones de Educación Superior Chilena se caracterizan no sólo por no fomentar la asociación efectiva sino que, en no pocas casos, por restringirla o limitarla a su mínima expresión.
Desde el 2011 a la fecha, se han conocido por la opinión pública las más diversas formas de acoso a la organización estudiantil en el seno de las Instituciones de Educación Superior. Grosso modo, estas pueden ser agrupadas en: A) Restricciones o limitaciones relativas, en las que la Institución niega el reconocimiento de las organizaciones representativas, niega u obstaculiza espacios físicos, obstaculiza asambleas, privilegia o ampara la organización cuando tiene fines meramente recreativos, interviene directa o indirectamente en elecciones, suplanta el rol de la organización estudiantil por medio de canales como las “Direcciones de Asuntos Estudiantiles”, entre otros; y B) Restricciones o limitaciones absolutas, en las que la Institución derechamente sanciona la organización, prohíbe a los estudiantes organizarse en los contratos de matrícula, ejerce censura, acosa a dirigentes, etcétera. Todo lo anterior, a vista y paciencia del Ministerio de Educación y la sociedad toda.
En gran medida esta situación ha sido posible por el incumplimiento del Estado a sus obligaciones de respeto, protección y promoción del Derecho Humano en cuestión en el plano de las Instituciones de Educación Superior. Es decir, no sólo se ha restado todo valor a la organización de los estudiantes para su propio proceso formativo sino que, además, no existe normativa ni regulación alguna que aperciba a las Instituciones a respetar y fomentar la organización estudiantil. De hecho, a la fecha prácticamente el único medio idóneo es el Recurso de Protección constitucional que, si bien ampara el Derecho de Asociación, no constituye más que un remedio de efecto relativo y ex post para quienes lo ejercen.
En el plano de los trabajadores, el panorama es todavía más precario y se encuentra además enraizado en la gestión de las Instituciones en cuestión. Es decir, en el grueso de las instituciones la organización de los trabajadores no sólo se ve vulnerada por situaciones como las descritas para el caso estudiantil sino que además se ve fuertemente limitada por la estructura del trabajo en la Educación Superior. La conclusión es unívoca: la realidad laboral de las Instituciones de Educación Superior no se condice con la de su realidad política.
En el caso de los profesores, se ha estimado que más del 60% de los académicos del total de todas las Universidades chilenas carece de contrato de trabajo y se vincula con la Institución mediante el pago de honorarios por prestación de servicios, cifra que en las Universidades Privadas ajenas al CRUCH supera el 70%. Dicha realidad cuya consecuencia más evidente es lo que se ha denominado “profesores taxi”, tiene además de las naturales consecuencias en el plano de la precarización laboral y de las labores docentes e investigativas, un impacto insalvable en la constitución de organizaciones de académicos, quienes lejos de votar o participar de instancias deliberativas ni siquiera son en estricto rigor parte de la comunidad, al punto de que es fácil observar casos en los que casi exclusivamente la planta directiva de la Institución mantiene un vínculo laboral con esta.
En lo que respecta a los trabajadores no docentes, el notable aumento de la externalización de servicios mediante la subcontratación de trabajadores es una afrenta directa a la realidad efectiva de los trabajadores que sustentan el funcionamiento de las Instituciones. Al respecto, se ha señalado que el sector educación (tercera actividad económica más relevante en la proporción de asalariados) aumentó exponencialmente su peso relativo sobre el total de asalariados externos del país, de un 5% el trimestre enero-marzo de 2010 a un 20% para el trimestre diciembre-febrero de 2014. En los últimos 47 meses, de la variación de 409 mil asalariados externos, un 40% corresponde al sector educación .
Conforme a lo antes descrito, resulta particularmente importante que el Movimiento Estudiantil dé avances cualitativos en lo que respecta a la demanda de democratización de las Instituciones de Educación Superior, comprendiendo que el punto de partida y requisito esencial es la organización de los propios integrantes de la Comunidad Educativa.
Por una parte, abriendo el debate en torno a las vías más idóneas para proteger y fomentar la organización estudiantil. En ese ámbito, será necesario el análisis crítico de diversos mecanismos disponibles de los que se puedan tomar experiencias o modelos de regulación. Así, por ejemplo, es dable observar la reciente creación del Ombudsman o “defensor de la comunidad universitaria” en la Pontificia Universidad Católica, como experiencia de regulación autónoma, la regulación de las prácticas antisindicales en la legislación laboral, los requisitos constitutivos de las Instituciones de Educación Superior o los mecanismos administrativos de fiscalización de los recursos estatales como ocurre a propósito de la subvención estatal a la educación secundaria.
Y por otra, situando el cuestionamiento a la estructura del trabajo y particularmente al subcontrato en la Educación Superior, ya no sólo desde la perspectiva meramente docente o laboral sino que también como un pilar clave para la democracia universitaria.
Sólo resolviendo esta precaria realidad generada tras décadas de persecución y desorganización, podemos comenzar a plantearnos en serio la posibilidad del cogobierno en las Instituciones de Educación Superior.
