En definitiva, la práctica neoliberal de “soluciones privadas a problemas públicos” ha sido llevada a extremos casi delirantes en el caso de Sename, donde frente a una problemática tan grave como la infancia vulnerada, el Estado de Chile ha sido excesivamente débil por más de 30 años. Es decir, en gran parte los problemas descritos por el Informe de la Comisión, son el reflejo de un modelo de atención a la infancia fracasado que requiere un cambio profundo y urgente, lo que exige modificaciones legislativas, contar con una red de Organismos Colaboradores que efectivamente tengan “vocación pública”, más recursos y por supuesto más presencia del Estado.
El 17 de abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó las acusaciones al Servicio Nacional de Menores (Sename), planteadas en el informe elaborado por una comisión especial que investigó diversos y graves problemas detectados en las residencias de protección, donde ingresan niños y adolescentes que han sido separados de sus familias por situaciones de vulneración, bajo una medida judicial de protección.
Sin desconocer la importancia del informe y la voluntad de la Cámara de Diputados de sacar a la luz situaciones dolorosas que sufren niños que están bajo la tutela del Estado, no es menos cierto que estos problemas son de larga data y habían sido constatados en diversos diagnósticos anteriores efectuados por organismos académicos e internacionales.
Por tanto, creemos importante analizar un aspecto que fue escasamente observado por la Cámara. Nos referimos a los aspectos estructurales que están en la base de las situaciones planteadas en el Informe y que se relacionan con el “modelo” de atención a la infancia que existe en Chile, al cual responde el Servicio Nacional de Menores.
En primer término, este modelo está regulado por leyes y procedimientos que no son plenamente consistentes con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue ratificada por Chile hace casi 25 años (1990). Efectivamente, aún se carece de una Ley de Protección Integral a la niñez, de un Defensor del Niño, de reglamentos que permitan una intersectorialidad real en el ámbito infantil, etc.; más aún, todavía en muchos aspectos se sigue operando con la antigua Ley de Menores promulgada a inicios del siglo pasado. Por tanto, es en este marco donde se desempeña Sename, como una instancia netamente operativa que debe hacerse cargo de la protección especial de los niños más vulnerables del país y conjuntamente de los adolescentes infractores de ley.
[cita]En definitiva, la práctica neoliberal de “soluciones privadas a problemas públicos” ha sido llevada a extremos casi delirantes en el caso de Sename, donde frente a una problemática tan grave como la infancia vulnerada, el Estado de Chile ha sido excesivamente débil por más de 30 años. Es decir, en gran parte los problemas descritos por el Informe de la Comisión, son el reflejo de un modelo de atención a la infancia fracasado que requiere un cambio profundo y urgente, lo que exige modificaciones legislativas, contar con una red de Organismos Colaboradores que efectivamente tengan “vocación pública”, más recursos y por supuesto más presencia del Estado.[/cita]
A su vez, para la atención de dicha población, desde el año 1982, mediante la Ley Nº 1.385 y posteriormente la Ley 20.038, el Estado definió que Sename operara con una lógica de mercado, consistente en que a cada tipo de vulnerabilidad que sufre un niño se le asignó un precio (subvención), el cual es “pagado” al Organismo Colaborador Acreditado (OCA), al cual ingresa este niño.
Para hacer funcionar este “mercado”, Sename realiza periódicamente licitaciones donde en teoría, compiten los OCAs por obtener las subvenciones que se entrega por cada niño atendido diariamente. En esta competencia Sename debiera poder seleccionar a los OCAs que postulan mejores proyectos.
Sin embargo, sobre todo en lo referente a las residencias de protección –que es a donde las acusaciones del Informe apuntan–, los recursos (o la subvención) son tan exiguos que prácticamente no existe ningún tipo de “competencia” por atender este tipo de niños, teniendo Sename que seleccionar al OCA que se presente a la licitación, y en muchas casos intentar convencer a los OCAs que ya tienen este tipo de centros que continúen a cargo de ellos. Es así como es habitual que los concursos para residencias de protección resulten desiertos; o que en ocasiones los OCAs quieran devolver la administración de las residencias.
En este contexto, muchos de los estándares que ha definido Sename para las residencias no logran ser cumplidos adecuadamente por los OCAs. En efecto, el año 2012, en que se describen los hechos del Informe, la subvención alcanzaba sólo a cubrir el 45% de los costos reales. Por tanto, las situaciones de carencias de personal, capacitación, rotación excesiva, problemas de infraestructura y mantención de la misma, entre otros, eran y son una realidad en muchas residencias.
En este escenario, el rol de Sename se restringe principalmente a una función de fiscalización del desempeño de las OCAs . No obstante, esta función se realizaba el año 2012 –época en que se centra el Informe–, con un déficit de 53 supervisores y de recursos materiales para desarrollar esta tarea (ese año existían 84 supervisores para supervisar 1.029 proyectos).
Esta realidad cotidiana que afecta el funcionamiento de Sename, ha sido presentada en detalle, año a año, a la Dirección de Presupuesto (Dipres) en los respectivos proyectos de presupuesto institucional. Sin embargo, los recursos entregados para estos efectos han sido siempre muy insuficientes. Sólo en el presupuesto para el año 2014 se aumentaron en algo los recursos al Servicio, en una decisión influida por el escándalo nacional generado por el Informe que comentamos.
En definitiva, la práctica neoliberal de “soluciones privadas a problemas públicos” ha sido llevada a extremos casi delirantes en el caso de Sename, donde frente a una problemática tan grave como la infancia vulnerada, el Estado de Chile ha sido excesivamente débil por más de 30 años. Es decir, en gran parte los problemas descritos por el Informe de la Comisión, son el reflejo de un modelo de atención a la infancia fracasado que requiere un cambio profundo y urgente, lo que exige modificaciones legislativas, contar con una red de Organismos Colaboradores que efectivamente tengan “vocación pública”, más recursos y por supuesto más presencia del Estado.
