Opinión
La reforma mantiene la lógica de libertad de elección, mercantilización y búsqueda del beneficio personal (en este caso, familiar). No se ha añadido ninguna decisión colectiva al sistema, en vista del bien común y de una visión de país compartida. La organización del sistema se sigue relegando al mercado, con la mera supervisión del Estado, en lugar de tomarse como una tarea colectiva, decidida políticamente. En consecuencia, se sustituye el espacio de deliberación democrática, donde todos somos iguales en cuanto ciudadanos, por el mercado, donde todos somos desiguales por tener más o menos dinero.
El gobierno de Michelle Bachelet ha anunciado una reforma educacional que pondrá fin al lucro, la selección y el financiamiento compartido en colegios municipales y particulares subvencionados. Creo que esas reformas son necesarias y van en la dirección adecuada; corrigen los errores de un modelo que nos ha transformado en una sociedad hipersegregada. Sin embargo, son también insuficientes y potencialmente perjudiciales, según explicaré. No han tenido el valor de cuestionar el núcleo del pensamiento neoliberal, tan arraigado en Chile que ha quedado plasmado en la Constitución.
Según analizaba en un artículo anterior, «La educación entendida como actividad privada«, el propósito principal de la política educacional ideada por Milton Friedman era eliminar gradualmente la educación pública estadounidense, que consideraba “una isla de socialismo en un mar de libertad”. Esta política, sin precedentes, se basada en el subsidio a la demanda (los famosos vouchers), la libre elección de los padres y la presencia de colegios subvencionados. Era una proyecto bastante bien pensado; no es casual que desde la implementación de las políticas neoliberales en Chile la matrícula pública haya bajado radicalmente, tal como muestra la Figura 1.
Figura 1: Evolución de las matrículas pública y privada. (Fuente: http://bicentenario.camara.cl/seminario/pdf/mesa 4 – Gregory Elacqua.pdf)
Al mantener esencialmente intacto el subsidio a la demanda y la libertad para crear (y mantener) establecimientos subvencionados, la reforma “macro” planteada por el gobierno de la Nueva Mayoría (NM) se atiene a los puntos básicos del ideario neoliberal. Ante la ausencia de medidas específicas para revitalizar la educación pública, y el trato indiferente entre establecimientos municipalizados y subvencionados, es perfectamente posible que siga disminuyendo la matrícula pública. Como señala Mario Waissbluth en una columna reciente:
[cita]La debilidad de los argumentos que defienden la irrestricta elección de los padres es que gran parte de los “bienes” producidos por la educación pública son invisibles para ellos (para ser exacto, son invisibles para cualquier individuo que maximice el beneficio particular en lugar del bien común). En efecto, quienes promovemos la educación pública pensamos que es necesaria porque forma ciudadanos, promueve los valores nacionales, disminuye la segregación, forma a las personas en ambientes plurales en lugar de confesionales, entre otras ventajas.[/cita]
“Si se pierde la matriz pública, y no falta mucho, se corre el riesgo histórico de que, en este absurdo ‘mercado de compraventa de escuelas’, se terminen generando monopolios ideológicos o religiosos en determinadas zonas del territorio”.
El fortalecimiento de la educación pública ha aparecido constantemente entre las demandas del movimiento estudiantil chileno, desde el año 2011. En una reciente reunión entre la bancada estudiantil de la Cámara de Diputados y la Confech, Camila Vallejo señaló:
“Creemos que no se va a construir una verdadera reforma educacional si no abordamos de manera concreta y detallada el fortalecimiento de la educación pública. [Es necesario avanzar] hacia una nueva concepción del sistema público”.
Si se sigue manteniendo el sistema de educación subvencionada es sólo por razones ideológicas, de corte neoliberal. Un cambio en la concepción del sistema se daría si optáramos decididamente por privilegiar la educación pública, laica, pluralista y democrática, administrada por instituciones estatales. No por puro capricho, sino porque sólo estas instituciones están abiertas a todos los ciudadanos. A veces la derecha confunde este punto y trata de caracterizar al Estado como un prestador más, totalmente equivalente a los privados. Sin embargo, sólo el Estado está efectivamente sometido al escrutinio de la ciudadanía y la soberanía popular; los privados siempre tendrán libertad para actuar al margen del bien común impunemente (lo que por supuesto, no quiere decir que siempre lo hagan).
En realidad, la aparición de monopolios ideológicos en la administración educacional no es una consecuencia del todo inesperada del actual sistema, si se recuerda el propósito declarado de Friedman al idearlo. Obviamente, si nos preocupamos por la calidad de nuestra democracia y el entendimiento entre distintos sectores de nuestra sociedad, esta monopolización de parte de grupos privados nos debería alarmar. La divergencia clave está en la comprensión de la educación, ya sea como actividad pública o privada.
Como dijo Giorgio Jackson, la reforma “intenta terminar con el negocio con recursos públicos pero no necesariamente termina con la educación de mercado”. La reforma sigue aceptando la oposición conceptual entre “Estado” y “sociedad civil”, tan querida por la derecha, de modo que parece un deber de todo ciudadano defenderse ante la invasión de este Leviatán con complejos de grandeza. Este discurso esconde lo que realmente está pasando: la negación de la dimensión colectiva y política de la vida humana, y de las instituciones que se muestran iguales para todos, para afirmar al mercado como espacio de interacción entre los individuos. Así se protege el derecho de cada cual a congregarse en sectas definidas por las preferencias ideológicas o religiosas, o la posición socioeconómica, usando al mercado como herramienta. Se niega “la igualdad y la fraternidad”, valores básicos de las repúblicas desde la Revolución Francesa, para reemplazarlas por la segregación y las desconfianzas.
Nuevamente, este fenómeno tiene un correlato profundo a nivel ideológico. Para Friedman, la educación debería entenderse como una actividad privada: un servicio para formar capital humano, en y para el mercado. En esta línea, critica a los “burócratas” que habían vinculado la educación con “la movilidad social, la integración racial, y otros objetivos que sólo están relacionados de lejos con su labor fundamental”. Por supuesto, la visión de Friedman está en directa oposición con los ideales republicanos básicos. Ya para Montesquieu la educación tenía como principal objetivo enseñar “la virtud política”, entendida como la renuncia a uno mismo por el interés público. Ideas similares aparecieron en los albores de nuestra Patria: por ejemplo, el proyecto constitucional de Juan Egaña decía: “Los gobiernos deben cuidar de la educación y la instrucción pública, como una de las primeras condiciones del pacto social. Todos los Estados degeneran y perecen a proporción de que se descuida la educación”.
La reforma educacional propuesta mantiene el subsidio a la demanda en conjunto con la libertad de elección de los padres. Para el Estado sigue siendo indiferente si la subvención se gasta en los colegios públicos o en otros que promueven ideologías privadas. Se sigue la línea argumental de la derecha: nadie puede elegir mejor que los padres, hay que maximizar y perfeccionar su capacidad de elección (así ha aparecido en columnas recientes de Atria y Elacqua). Conceptualmente, esto quiere decir que se sigue entendiendo la educación como actividad privada: el fin principal –y prácticamente único– de la educación sería obtener las “competencias” necesarias para tener éxito en el mercado laboral; los padres serían los más aptos para juzgar si un colegio es de “calidad” o no (en otras palabras, para juzgar qué formación resulta más rentable).
La debilidad de los argumentos que defienden la irrestricta elección de los padres es que gran parte de los “bienes” producidos por la educación pública son invisibles para ellos (para ser exacto, son invisibles para cualquier individuo que maximice el beneficio particular en lugar del bien común). En efecto, quienes promovemos la educación pública pensamos que es necesaria porque forma ciudadanos, promueve los valores nacionales, disminuye la segregación, forma a las personas en ambientes plurales en lugar de confesionales, entre otras ventajas. Ninguna de estas aparecerá como criterio discriminador de los padres al momento de elegir un colegio; son fines que debe perseguir el legislador al momento de idear el sistema.
En suma, la reforma mantiene la lógica de libertad de elección, mercantilización y búsqueda del beneficio personal (en este caso, familiar). No se ha añadido ninguna decisión colectiva al sistema, en vista del bien común y de una visión de país compartida. La organización del sistema se sigue relegando al mercado, con la mera supervisión del Estado, en lugar de tomarse como una tarea colectiva, decidida políticamente. En consecuencia, se sustituye el espacio de deliberación democrática, donde todos somos iguales en cuanto ciudadanos, por el mercado, donde todos somos desiguales por tener más o menos dinero.
Una reforma real del sistema educativo debería partir cuestionándose sus premisas básicas. Estas están en el artículo 19 de la Constitución: ahí se garantiza “la libertad de enseñanza” y “el derecho [de los padres] de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos”, donde la antigua Constitución de 1925 señalaba “La educación pública es una atención preferente del Estado”. Son estos principios los que nos llevan a mantener un sistema mercantilizado, que fomenta la segregación y destruye a la educación pública. No son principios necesarios para tener un sistema educativo de calidad, y están ausentes en los sistemas públicos de EE.UU., Francia o Alemania, por citar algunos ejemplos.
Es necesario que una reforma “macro” considere el fortalecimiento de la educación pública a nivel estructural, afirmando la preferencia del Estado por los colegios públicos, los únicos que se muestran abiertos a todos los ciudadanos. Esta preferencia debería traducirse en aspectos administrativos y financieros. No me parece descabellado el establecimiento de una subvención preferencial para los colegios públicos. Además, es imperativo revisar el carácter municipal de estos colegios, especialmente en los municipios de escasos recursos.
Está bien que se regule el comportamiento de los colegios particulares subvencionados. El fin de la selección terminará con un régimen en que la educación pública debía hacerse cargo de todos los alumnos con problemas. Sin embargo, la regulación es insuficiente, particularmente porque no se extiende (totalmente) a los colegios particulares pagados. De hecho, el régimen legal de estos se mantiene casi intacto. Esto es importante si consideramos que ahí estudia la elite económica del país, el 7% de la población que después obtiene los cargos políticos clave y los puestos gerenciales más importantes. Si bien ahí no se puede eliminar totalmente la selección si a la vez se quiere garantizar la solvencia económica de los apoderados, creo que se podría avanzar mucho más exigiéndoles porcentajes significativos de integración de otros segmentos socioeconómicos (con gratuidad). Son sistemas de cuotas los que han permitido des-elitizar instituciones educacionales en otros países (como Brasil), y creo que eso debería intentarse en Chile.
