Opinión
La carencia de esta capacidad estratégica y prospectiva ha impedido al Estado tomar decisiones en el ámbito energético, en el cual el país sufre un déficit estructural. En la agricultura, la escasez de agua requiere también un enfoque con objetivos de mediano y largo plazo. Traer agua desde el sur al norte, cimentar la estructura de regadío para economizar el recurso, no es una decisión que los capitales privados puedan tomar sin un impulso del sector público.
La presente columna surge de la observación en Francia de la creación del Comisariado general a la estrategia y a la prospectiva, que es un intento discreto de reeditar, bajo un formato contemporáneo, 2.0, el Comisariado general del plan, con el cual este país se modernizó, gracias a planes quinquenales después de la Segunda Guerra Mundial. La posición que se defiende es el resultado de intercambios recientes en Chile con políticos de experiencia, académicos, antiguos, altos funcionarios públicos y profesionales de la comunicación, en relación a las reformas en curso. Estos acaban de crear el Consejo chileno de prospectiva y estrategia.
El país votó en las últimas elecciones presidenciales por un cambio del modelo político y económico. Este cambio implica pasar de un Estado en el que primaba el principio subsidiario a uno que garantiza derechos universales y que interviene proactivamente en la economía. Las reformas introducidas por los gobiernos de la Concertación, pero también las luchas contra la impunidad de los crímenes de la dictadura y los movimientos estudiantiles que comenzaron en 2006, hicieron posible llegar a un consenso de tres ejes programáticos aprobado en las últimas elecciones presidenciales y legislativas. Se plebiscitó la necesidad de tener una educación gratuita y de calidad para todos, una reforma fiscal que haga posible este cambio y una nueva Carta Magna. Para llevar a cabo estas transformaciones, se constituyó una mayoría parlamentaria que va de la Democracia Cristiana al Partido Comunista, e incluye también a representantes del movimiento estudiantil del 2011.
Más allá de las interpretaciones o acentos que pueda ponerse en este programa, parece claro que se trata de un cambio de paradigma de desarrollo, que no había sido posible plantear en los gobiernos anteriores de la Concertación. Este cambio supone un cuestionamiento de la primacía del mercado como motor y agente regulador del desarrollo económico y social. El nuevo paradigma requiere que el Estado se dote en todos sus niveles, desde el nivel más central hasta el de las políticas sectoriales, de órganos e instituciones que conciban e implementen estrategias de mediano y largo plazo. A todas luces, este cambio no sólo se conjuga con la iniciativa privada y el principio de libertad de emprendimiento, pero tiene por vocación ser un factor esencial del crecimiento económico y de la transformación productiva, al servicio de la democratización.
[cita]Es necesario que el Estado se dote de órganos para la implementación de estas transformaciones desde su nivel más alto y en todos los sectores en los que intervienen los poderes públicos: educación, energía, política industrial, agricultura, planificación urbana, medio ambiente, etc. Las buenas prácticas y experiencias del exterior pueden ser puestas como contribución en un debate en el que todos los sectores de la vida nacional debieran asociarse: los distintos sectores políticos, los empresarios, los representantes de los trabajadores y otros actores sociales y los estudiantes, así como los poderes legislativos y el gobierno, por cierto. Este esfuerzo de construcción institucional y de práctica de la concertación social, es lo que va a permitir seguir avanzando en el camino del desarrollo y de la democratización de nuestra sociedad.[/cita]
Las estrategias de mediano y largo plazo que el gobierno puede impulsar no son sinónimo de planificación, pero se asemejan. Si en el pasado en Chile y en América Latina la planificación llegó a ser sinónimo de proteccionismos y clientelismos, ella permitió avances considerables. Sectores enteros de la industria nacional se desarrollaron a partir de la capacidad de implementar estrategias de mediano y largo plazo, como fueron la reforma agraria, la nacionalización del cobre o el surgimiento de la industria del acero, por un impulso del Estado. Los excesos o efectos perversos de la planificación económica no anulan su legitimidad. Ideólogos del inmovilismo podrán mostrar como ejemplo contrario países que en Latinoamérica están trabados en excesos del estatismo y cómo esto contribuye a la falta de libertades individuales. Esta discusión es importante, pero no de la manera como se ha acostumbrado abordarla en Chile desde la vulgata neoliberal.
De manera general, basta el ejemplo chino para demostrar la falsedad de la pretensión universalista del neoliberalismo de ser la única y mejor vía de desarrollo económico. El desarrollo de China de estos últimos 30 años –a pesar de que existe un problema con la democracia, la corrupción, la protección del medio ambiente y las libertades individuales, en relación a nuestros estándares– ha demostrado con creces la pertinencia, en términos de crecimiento económico y transformación social, de estrategias de mercado combinadas con una planificación centralizada y una impulsión de estrategias de mediano y largo plazo desde el Estado. Aquí se han mantenido planes quinquenales que orientan el desarrollo económico, la incorporación de tecnologías y de valor agregado a sus productos e industrias. Un ejemplo reciente de cómo el gigante asiático utiliza estos mecanismos heterodoxos, y que nos afecta directamente, es la compra de yacimientos de cobre en Perú para regular el precio del metal.
Gracias a este modelo, China está en vías de transformarse en la primera potencia económica mundial. Pero, más allá de China, hay numerosos casos en el mundo de países que son los mejores ejemplos de democracia y de desarrollo económico y humano, y lo han logrado precisamente por no haber caído en la facilidad de la ideología neoliberal. Los países escandinavos, así como Canadá, Corea del Sur, Taiwán, por citar algunos de estos, han logrado inserción en la economía mundializada y transformación de su tejido industrial, que les ha permitido avanzar en transformarse en sociedades de Conocimiento gracias a la introducción de la planificación estratégica, a todos los niveles de la toma de decisión, al compás del desarrollo de una economía de mercado. Incluso la potencia que ha promovido esta ideología se dota, en el diseño de sus políticas, de instrumentos de planificación estratégica, la más reciente es la obtención de independencia energética gracias al aumento considerable de la producción de petróleo y gas con nuevas técnicas.
Sin ir más lejos, en nuestro país sectores enteros de la vida nacional, como las Fuerzas Armadas, nunca han dejado de utilizar la planificación estratégica como el mecanismo predominante en la toma de decisiones. Para poder tomar decisiones en la compra de equipamiento o en la formación de sus personales, analizan los escenarios de conflictos, los componentes políticos y sociales, las evoluciones tecnológicas y del mercado. En este ámbito las decisiones no se toman solamente por las reglas de un mercado deificado, sino con estrategias de mediano y largo plazo que incluyen la capacidad de decisión y análisis de los estamentos políticos, técnicos y profesionales. El sentido común indica que otras áreas del quehacer nacional requieren este mismo tipo de procesos de tomas de decisión y, para esto, una institucionalidad adecuada.
Con el reciente incendio de Valparaíso hemos visto dramáticamente cómo la falta de regulación y planificación urbana puede llevar a catástrofes humanas y patrimoniales. De manera más general, la carencia de esta capacidad estratégica y prospectiva ha impedido al Estado tomar decisiones en el ámbito energético, en el cual el país sufre un déficit estructural. En la agricultura, la escasez de agua requiere también un enfoque con objetivos de mediano y largo plazo. Traer agua desde el sur al norte, cimentar la estructura de regadío para economizar el recurso, no es una decisión que los capitales privados puedan tomar sin un impulso del sector público. En el ámbito educativo, la necesidad de una revisión permanente de su planificación, donde las transformaciones se realicen por etapas, es evidente, así como en el campo de la política social, toda vez que se quieran cambiar las tendencias de fondo que produce el laissez faire neoliberal y su mano invisible que trabaja en una dirección muchas veces previsible.
Durante muchos años en el país el autoritarismo y su herencia se tradujeron en una dictadura epistémica, que impidió modificar las prácticas del Estado e incluso plantear en el debate público esta necesidad. Se planteaban estos temas sólo desde la marginalidad del poder. Hoy en día, el desafío de las transformaciones emprendidas por el gobierno, pero también el desafío de conquistar nuevos mercados con productos y servicios diversificados, como los que ofrece la Alianza del Pacífico, la proyección que puede tener el país hacia el Pacífico o todas las relaciones de libre mercado que tiene el país, requieren restablecer esta dimensión de la economía olvidada durante muchos años.
Por estas razones se ha vuelto fundamental, para poder dar vuelta la página de prácticas de gobierno que no dieron los resultados esperados en términos de democratización y de luchas contra las desigualdades, pero también para ayudar a ordenar una agenda de transformaciones estructurales y aumentar la capacidad de los actores de llevarlas a cabo con un diseño estratégico de mediano y largo plazo. Para esto es necesario que el Estado se dote de órganos para la implementación de estas transformaciones desde su nivel más alto y en todos los sectores en los que intervienen los poderes públicos: educación, energía, política industrial, agricultura, planificación urbana, medio ambiente, etc. Las buenas prácticas y experiencias del exterior pueden ser puestas como contribución en un debate en el que todos los sectores de la vida nacional debieran asociarse: los distintos sectores políticos, los empresarios, los representantes de los trabajadores y otros actores sociales y los estudiantes, así como los poderes legislativos y el gobierno, por cierto. Este esfuerzo de construcción institucional y de práctica de la concertación social, es lo que va a permitir seguir avanzando en el camino del desarrollo y de la democratización de nuestra sociedad.
