De nada servirá cambiar el sistema electoral si no se modifica la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, esta Ley es la que cristaliza la desigualdad en la competencia política chilena.
Se han cumplido los primeros cien días de Gobierno, y comenzó el proceso de balances. Independientemente del nivel de cumplimiento de las medidas, ha llamado la atención y convocado el interés mediático la reforma al sistema electoral, que ni siquiera estaba presente en el documento de las primeras medidas de la era Bachelet.
Asimismo, reforzó dicho interés el lanzamiento del informe Auditoría a la Democracia del PNUD, que nos recuerda que, pese la estable democracia chilena, persisten y se profundizan áreas grises en ella, que se relacionan con el sistema de representación política, pues éste no es el reflejo de la diversidad social de Chile y persisten no sólo las desigualdades económicas sino también políticas. En ello es fundamental no sólo afectar los procedimientos para acceder a los cargos de gobierno o al Poder Legislativo, sino también generar una profunda reforma a los partidos políticos.
El sistema de partidos chileno, si bien es estable (al igual que las democracias consolidadas), convive con características de democracias inestables, como bajo enraizamiento social y escasa legitimidad (Luna y Altman, 2011). Esto se expresa en las recurrentes cifras de falta de confianza que nos ilustra año tras año el Centro de Estudios Públicos gracias a su encuesta, en que los partidos son las instituciones peor evaluadas dentro del sistema. ¿Qué han hecho los sucesivos gobiernos para mejorar esta situación? ¿Qué ha hecho el Congreso para mejorar esta situación? ¿Qué han hecho los partidos para mejorar esta situación?
[cita]De nada servirá cambiar el sistema electoral si no se modifica la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, esta ley es la que cristaliza la desigualdad en la competencia política chilena. [/cita]
Al Congreso ha ingresado una serie de proyectos de ley, indicaciones y propuestas de modificación de la Ley 18.603 que regula a los partidos políticos, destacan entre ellas dos grandes mensajes, uno enviado el año 2008 en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, en que se proponía la modificación total de la ley, y la otra el año 2013, que busca modificar algunos aspectos específicos de la normativa. ¿Qué tienen en común dichas iniciativas? Ninguna se preocupa de reparar sustancialmente la falta de democracia interna de las estructuras partidarias.
Flavia Freidenberg, en sus análisis sobre democracia interna de partidos políticos, propone a lo menos tres aspectos trascendentales para aplicar en las mediciones: 1) mecanismos de selección de candidatos y autoridades internas de los partidos políticos; 2) procesos de toma de decisiones políticas; 3) exigibilidad de responsabilidades a los dirigentes de los partidos, o accountability sobre las autoridades.
Hace algunos años, Gonzalo Müller describía en un texto las bondades de la Ley 18.603, ya que permitía plenas libertades a los partidos para funcionar. Dichas libertades han terminado mermando la credibilidad de estas instituciones, observándose como verdaderas cajas negras a ojos de la ciudadanía. Los procesos electorales internos carecen de control, y con frecuencia es posible observar el robo de urnas y adulteración de los padrones, pues la norma estipula que sólo se “contará con un ministro de fe para los procesos electorales internos”, que puede ser un agente del Servicio Electoral, un notario público o hasta un oficial del Registro Civil. Dicha falta de transparencia en los comicios internos, genera la perpetuación en el poder de sectores al interior de los partidos que parecen enquistados en dicha autoridad, y como nadie fiscaliza el cumplimiento de la ley (ni siquiera se puede recurrir a un tribunal ordinario a generar alguna queja), observamos a presidentes que permanecen en sus cargos hasta ocho años (RN es el más claro ejemplo). La rotativa entre grupos internos tampoco se realiza con agilidad y es posible apreciar los “turnos” entre las mismas figuras en la posesión de las direcciones del partido, cerrando la puerta de entrada a nuevos liderazgos (conocidos son los intercambios de poder entre Ricardo Núñez y Escalona en el PS) o, en el mejor de los casos, para acceder a la dirección máxima de algún partido, la nueva generación debe procurar la “bendición” de los grandes “padrinos”.
La desregulación de los procesos electorales internos es tan patente, que no es posible contar con cifras certeras para conocer la votación efectiva de cada uno de estos eventos. Lo que imposibilita conocer el verdadero estado de la militancia efectiva de los partidos. Dicha información queda guardada a discreción de quienes poseen el control del partido. Se ha esbozado una hipótesis sobre el estado actual de la militancia: existe una fuerte brecha (de amplia magnitud), entre la militancia inscrita, y que figura en la nómina de los registros del Servicio Electoral, y la que participa de las elecciones internas (que apenas podría llegar a alcanzar el 10% del padrón).
Asimismo, la riqueza de la diversidad social no se expresa en las directivas internas de los partidos. Las mujeres encuentran una reducida presencia en las mesas de los partidos, alcanzando un modesto 20% aproximado, debido a que no existe dentro de la Ley 18.603 la posibilidad de fomentar la democracia paritaria. Los jóvenes también poseen incesantes problemas para expresar sus posiciones, pues en su gran mayoría se encuentran cooptados por los “padrinos” del partido, lo que hace replicar las lógicas del respectivo partido en el funcionamiento de sus juventudes. Punto aparte son las minorías étnicas y sexuales, que, salvo un par de partidos, las han incorporado en sus estatutos de funcionamiento interno.
Para el proceso de toma de decisiones internas, se repite la situación anterior. La falta de transparencia en dichos procesos y la carencia de regulación al respecto, han provocado la exclusión de importantes sectores de militancia, que no poseen mayor espacio o derecho a ser considerados. Si bien existe una “regularidad” en las reuniones, es fácilmente observable que las decisiones se toman en espacios informales, en que ni los jóvenes ni las mujeres tienen acceso, pues se transforman en verdaderos “club de Tobi”, haciendo inviable la entrada de otros agentes.
Para el caso de los mecanismos de selección de candidatos y candidatas, si bien existen las elecciones primarias, no es novedoso encontrar imposiciones (desde las más altas jerarquías) a las propuestas emanadas desde las regiones, lo que genera incomodidad en la militancia (caso de Cristóbal Letelier, diputado en ejercicio de la UDI, desplazado de su reelección por el hijo de Juan Antonio Coloma).
¿Qué posibilidades existen de poder controlar el buen/mal desempeño de las autoridades del partido? ¿Qué posibilidad real existe de llamarles la atención a figuras históricas del partido que realizan declaraciones que nada tienen que ver con los acuerdos tomados en instancias anteriores, y que incluso llegan a desconocerlos? Si bien existe la figura del Tribunal Supremo (que además debe organizar las elecciones internas y controlarlas), cuenta con la presencia de todos los sectores internos (aunque algunos partidos renieguen de esta lógica de convivencia interna, es frecuente). Las alianzas que se dan en el ejercicio de las elecciones, permiten también ordenar las fuerzas al interior de dichas instancias, careciendo de la neutralidad que requiere un tribunal, para generar sanciones disciplinarias o emprender la destitución de las directivas, por lo que se puede concluir que, sólo evaluando estos tres aspectos, la democracia interna de los partidos políticos chilenos está al debe.
Carlos Huneeus, hace algún tiempo, planteaba la despolitización de los partidos políticos. Con los años los hechos le han dado la razón. Los partidos políticos no poseen la capacidad de instalar temas en la agenda pública, su militancia carece de herramientas para opinar sobre los temas, y la supuesta “colaboración” en educar cívicamente a la ciudanía no se ha materializado. Más allá de la “improvisación” de los parlamentarios en los medios para referirse a los aspectos específicos de algunos proyectos de ley, no es apreciable una posición unificada o discutida internamente.
Los partidos son fundamentales para el desarrollo y la construcción de la democracia representativa, por lo que fortalecerlos y mejorar su democracia interna se transforma en una necesidad urgente. Pareciera que el interés en mejorar los partidos es más bien discursivo que sustantivo. Si se desea avanzar hacia un financiamiento público de la actividad política, no será suficiente trasladar las disposiciones de transparencia activa a los portales web de las agrupaciones, sino también involucrarse en su funcionamiento interno para asegurar la existencia de procesos democráticos, pues existe una paradoja implícita en esto: los partidos participan de la competencia democrática, pero funcionan con las más puras lógicas autoritarias.
