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Los chilenos del exterior y el final de la herencia política de Pinochet

Eduardo Valenzuela Chadwick
Por : Eduardo Valenzuela Chadwick Director de Diálogos ciudadanos, antiguo Secretario general de la Asociación de Investigación y estudios sobre los Archivos de América latina.
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Los chilenos que se quedaron en el exilio favorecieron el cambio de las reglas del juego político heredadas de la dictadura. El sistema, que perdura y que había bloqueado las posibilidades de transformaciones sociales y políticas de fondo, fue puesto en jaque. La juventud chilena se apoderó del espacio de libertad surgido por estas luchas por la justicia. Los guardianes del templo Pinochetista comprendieron el papel jugado por los chilenos del exterior, al negarles, desde la vuelta a un gobierno civil, el ejercicio del derecho de voto.


En su última alocución transmitida por Radio Magallanes el 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende legó al pueblo chileno un mensaje en el que predecía –como un profeta de la democracia– que los procesos históricos no se detendrían, que tarde o temprano se cerraría el paréntesis de la traición y que las grandes Alamedas se reabrirían, por donde pasaría el hombre libre para construir la libertad. El paréntesis duró dos generaciones y en Chile o en el exilio, mujeres y hombres no se sometieron al diktat de la fuerza de los usurpadores y al régimen que quisieron instaurar de manera irreversible.

A lo largo del siglo XX, Chile fue un país con valores cívicos y democráticos, a pesar de la herencia colonial y una estructura social arcaica. Las Fuerzas Armadas chilenas respetaban la Constitución y las leyes, a diferencia de otros países de la región, como Argentina, Paraguay o Colombia, que conocieron una interminable sucesión de intervenciones militares en su vida política. Las luchas sociales y políticas estuvieron marcadas en Chile por la emergencia de un movimiento obrero y por contrapartes políticas reformistas y revolucionarias. La juventud vivía al diapasón de las transformaciones culturales de los años 60 y 70 que conocían otros países de América latina, de América del Norte y de Europa Occidental. Los movimientos estudiantiles reclamaban ya una reforma en profundidad de los valores conservadores y del sistema de reproducción social. La reforma universitaria de fines de los años 60 fue el resultado de estos movimientos estudiantiles.

Antes del golpe de Estado de septiembre de 1973, estas luchas sociales y culturales habían permitido la emergencia de una consciencia nacional, definida por una demanda de justicia social. En este contexto, el ejercicio de la ciudadanía, los derechos fundamentales y la democracia eran valores que emergían tímidamente, en competencia con las tendencias guevaristas o castristas de la izquierda revolucionaria. En todo estado de cosas, las oligarquías nacionales sacrificaron, en el altar de la Guerra Fría y con la complicidad de los Estados Unidos, este proceso histórico naciente. Más tarde, se vieron obligadas a simular una apariencia de democracia y de respeto a las libertades y los derechos fundamentales, a los ojos de la comunidad internacional y de la opinión pública occidental. De esta manera podían volver aceptable la revolución capitalista impuesta sin consenso alguno con las fuerzas sociales y políticas de la izquierda y del centro. La derecha puso cerrojos en todas partes, para comenzar, en la Constitución, el sistema electoral y la organización social y económica, de manera de impedir que el proceso histórico interrumpido por el golpe de Estado, retomara su curso. La piedra angular del bloqueo del sistema fue la impunidad de Pinochet y de sus cómplices civiles y militares que siguieron manteniendo el poder en Chile, a pesar de la salida de la Presidencia de la República del antiguo dictador, en 1990. La detención de Pinochet en Londres en 1998 fue un punto de inflexión histórico en el que los chilenos del exterior, en su mayoría antiguos exiliados políticos, fueron los actores principales.

[cita]Los chilenos que se quedaron en el exilio favorecieron el cambio de las reglas del juego político heredadas de la dictadura. El sistema, que perdura y que había bloqueado las posibilidades de transformaciones sociales y políticas de fondo, fue puesto en jaque. La juventud chilena se apoderó del espacio de libertad surgido por estas luchas por la justicia. Los guardianes del templo Pinochetista comprendieron el papel jugado por los chilenos del exterior, al negarles, desde la vuelta a un gobierno civil, el ejercicio del derecho de voto.[/cita]

El fin de la dictadura y la entrada en una transición democrática se produjo gracias a la salida negociada de la Presidencia de la República del dictador Pinochet. Al partir, el general golpista se encargó de bloquear las reglas del juego económico, social e institucional y vigiló personalmente el cumplimiento de la impunidad de sus agentes civiles y militares. Este sistema se mantuvo durante los primeros gobiernos de la transición, que representaban a una coalición que iba del Partido Socialista a la Democracia Cristiana, la Concertación de Partidos Por la Democracia, y se mantuvo en pie hasta la detención Pinochet en Londres. Los antiguos exiliados chilenos que permanecieron en Europa desempeñaron un papel crucial en la movilización de la opinión pública europea y el mantenimiento de la detención del ex dictador en espera de su extradición a España, a petición de la justicia española.

La justicia española e inglesa no habrían podido actuar durante el año y medio que duró el caso sin el apoyo de actores capaces de representar las denuncias presentadas contra el ex dictador ante la justicia, la opinión pública, la sociedad civil y los gobiernos de estos países. Europa y América Latina se apasionaron por este caso judicial que cuestionó el derecho internacional, pero también las transiciones a la democracia en el Cono Sur de América Latina y, por extensión, las de las antiguas metrópolis imperiales de la península ibérica recién salidas también de regímenes dictatoriales con pactos de impunidad hacia sus viejos caudillos y generales. Fue la primera vez en que un ex presidente de una República era arrestado en el extranjero. El orden jurídico internacional fue tensionado, se cuestionó la soberanía de los Estados y se la puso a competir con el derecho internacional.

Todo el mundo –abogados, políticos, gobiernos, intelectuales– tenía una opinión sobre la legitimidad de este proceso judicial. El gobierno chileno del demócrata cristiano Eduardo Frei (1994 – 2000) se opuso a la prolongación de la detención, así como la extradición y juicio en España de Pinochet : alegaba una injerencia en los asuntos internos de Chile. La propaganda desplegada por los partidarios de la impunidad acusaba a las antiguas metrópolis de los imperios coloniales venidos a menos de ejercer una justica colonial. A través las numerosas manifestaciones en todas las capitales europeas o frente a The Clinic en la que el ex dictador fue mantenido en Londres, a través de artículos y reportajes en la prensa mundial, los exiliados jugaron un papel central como portadores de la memoria de los crímenes cometidos en Chile y en el exterior bajo Pinochet. También fueron portadores de la memoria de lo que había sido el proyecto político abortado de la Unidad Popular y del Presidente Allende.

Las víctimas de la dictadura chilena se dirigieron hacia la justicia española cuando estas demandas fueron traicionadas por el régimen civil. Un informe oficial (Informe Rettig, 1991) había propuesto desde el retorno del régimen civil compensaciones económicas a las víctimas de los crímenes más graves –la desaparición de personas– a cambio del silencio de las familias y de la impunidad de los autores de esas desapariciones. La ley de autoamnistía de la dictadura se mantuvo como un límite infranqueable. El primer Presidente de la transición, Patricio Aylwin, se acomodó bien a esta justicia «en la medida de lo posible».

Pero esta no era la única contradicción de la transición. Al final de la dictadura, el régimen había firmado una serie de acuerdos internacionales, que daban el marco jurídico en los que los procedimientos judiciales fueron presentados en España en el año 1996. Además, como la dictadura había cometido crímenes contra sus opositores en el exterior, como el asesinato del general Carlos Prat en Buenos Aires, el del ex canciller Orlando Letelier en Washington o el ataque contra el demócrata cristiano Bernardo Leighton en Roma, las víctimas pudieron presentar sus querellas en las jurisdicciones extranjeras de pleno derecho.

El juez español Baltasar Garzón audicionó en Madrid a decenas de víctimas que se habían constituido ante la justicia española, y los abogados de los derechos humanos en Chile transfirieron a España sus registros y archivos de los procesos judiciales que no pudieron llegar a término en Chile, a pesar del fin de dictadura. En octubre de 1998, Pinochet, con un pasaporte diplomático y con un estatuto de senador vitalicio, se encontraba de vacaciones en Londres en el momento de su detención. Era su primer viaje fuera de Chile después del inicio del procedimiento judicial español. La orden de detención y de traslado a Madrid cayó mientras se recuperaba de una operación de cirugía menor en la ahora famosa clínica de Londres. En este momento, en toda Europa, se reactivaron las antiguas redes de exiliados chilenos. Durante un año y medio, apoyaron la solicitud de extradición a Madrid, mientras que el gobierno de centro-izquierda chileno negociaba con las autoridades británicas la vuelta del ex dictador a Chile. El callejón sin salida que había puesto la democracia chilena en el modelo neoliberal fue dejado en evidencia ante los ojos del mundo por el pacto de la impunidad que la oposición a la dictadura había concluido con el antiguo régimen para acceder al poder y administrar el país. Esta exposición incómoda para los antiguos opositores y víctimas trajo un soplo de aire fresco para reorganizar los movimientos sociales en Chile y cuestionar la legitimidad de la herencia de la dictadura.

 ¿Se abren las grandes Alamedas?

El trabajo de memoria de las víctimas de la dictadura fue seguido por un trabajo de historia y de la justicia. Los Estados Unidos abrieron parte de sus archivos bajo la administración Clinton para desclasificar y reconocer oficialmente su intervención contra el gobierno del presidente Allende. A partir de la detención del ex dictador en Londres, la justicia en Chile avanzó substancialmente. Un Informe sobre la Tortura (Valech, 2004) y decenas de procesos demostraron oficialmente la responsabilidad de agentes de la dictadura en la desaparición, asesinato y tortura de miles de chilenos. Los principales autores están ahora en prisión. Aún si la arquitectura del modelo heredado de la dictadura se mantiene incólume, esta se ha visto sacudida por el fin de la impunidad. Surgieron movimientos sociales, después que toda contestación había sido desmovilizada con el final de la dictadura en la década de 1990. La coalición de oposición a la dictadura tuvo que reincorporar esta demanda de transformación estructural a su programa político.

Desde principios de la década de 2000 los movimientos estudiantiles que se han sucedido en el 2001, 2006 y 2011 conocieron una importante aprobación popular, a término con el 80% de la población que apoyaba sus demandas de transformaciones. El movimiento de 2001 pidió un pase escolar de transporte para todos los estudiantes. En 2006 el movimiento pingüino reclamó la reforma del estatuto de la Educación Pública, que había sido privatizada y colocada bajo la responsabilidad de los municipios, con la creación de un sistema de segregación entre comunas ricas y comunas pobres, entre la educación privada y pública. El movimiento estudiantil de 2011 revindicó reformas políticas de fondo: educación pública y gratuita para todos, la reforma tributaria y un cambio de la Constitución heredada de Pinochet. Estas demandas, que tienen un importante apoyo popular, han influenciado fuertemente la agenda política y las elecciones presidenciales y legislativas en la que fue elegida Michelle Bachelet en 2013.

Los chilenos que se quedaron en el exilio favorecieron el cambio de las reglas del juego político heredadas de la dictadura. El sistema, que perdura y que había bloqueado las posibilidades de transformaciones sociales y políticas de fondo, fue puesto en jaque. La juventud chilena se apoderó del espacio de libertad surgido por estas luchas por la justicia. Los guardianes del templo Pinochetista comprendieron el papel jugado por los chilenos del exterior, al negarles desde la vuelta a un gobierno civil, el ejercicio del derecho de voto.

Allende no murió en vano, el exilio chileno lo ha llevado en estandarte y han pagado el precio con orgullo. Para ellos este tributo: las grandes alamedas, se abren finalmente.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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