No importa la edad, la condición social, la actividad que se realice o el lugar. Puede ser con un seudo piropo o directamente una agresión sexual. No existen las mujeres que, en nuestro país, no hayan sido violentadas por un desconocido, solo o acompañado, en una calle, en el transporte público, en una escalera mecánica, a la salida de un banco, en una plaza.
Estamos hablando del acoso callejero, una forma de violencia contra las mujeres que ha permanecido silenciada durante demasiado tiempo y que, finalmente, está rompiendo las barreras culturales que lo han permitido. Si bien éste es un problema social grave que afecta a más de la mitad de la población, en nuestro país comenzó a salir en la agenda pública y cobrar mayor importancia social en las primeras semanas del Transantiago, cuando la propia Presidenta de la República advirtió acerca de estas agresiones. Sin embargo, la situación parece no cambiar porque la naturalización de la violencia contra las mujeres está tan arraigada que, incluso, la publicidad puede permitirse usar las agresiones contra las mujeres como estrategia de ventas.
La aparición del Observatorio contra el Acoso Callejero ha vuelto a instalar el tema en los espacios públicos, especialmente en las redes sociales. Son miles las mujeres que apoyan esta iniciativa y que han entregado sus testimonios. Un valioso instrumento es la encuesta que este Observatorio realizó que reveló que más de 95% de las mujeres encuestadas, entre 12 y 64 años, ha sufrido alguna vez algún tipo de acoso sexual callejero. Además se consignó que el 25% de las encuestadas entre 13 y 18 años, sufre acoso callejero dos veces al día y que el 71% de las encuestadas dice haber sufrido una experiencia de acoso callejero de carácter traumático.
Las mujeres agredidas en el espacio público nos sentimos doblemente vulnerables y violentadas. Por un lado, está la agresión, de palabra o física, que deja marcas. Por otro, está la impunidad en que queda esta agresión. Una impunidad que también es doble: no existe sanción social y menos una sanción penal. En definitiva, sólo queda el acompañamiento que pueden dar otras mujeres.
En la Nueva Agenda de Género del gobierno de la Presidenta Bachelet, la violencia contra las mujeres es una materia central que debe ser enfrentada por la sociedad en su conjunto. Por eso, como Servicio Nacional de la Mujer hemos convocado a todas las instituciones del Estado, organismos internacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil a trabajar en un Plan Nacional de Acción Contra la Violencia hacia las Mujeres que nos permita avanzar en prevención, coordinar esfuerzos, capacitar a funcionarias y funcionarios del Estado y configurar un sistema de información.
Asimismo, en un plazo acotado tendremos que proponer al país modificaciones a nuestra actual legislación que se haga cargo de las distintas formas de la violencia contra las mujeres, más allá del ámbito familiar. Como se sabe, los derechos de las mujeres contra la violencia sólo están reconocidos en la ley de violencia intrafamiliar, dejando de lado las demás situaciones como el acoso callejero, por ejemplo.
Es cierto que no basta con las leyes para cambiar los comportamientos aprendidos en una cultura machista. Pero, sin duda, que las éstas crean el marco necesario para que las agresiones contra las mujeres no queden impunes o ni siquiera tengan nombre. Al mismo tiempo, tenemos que trabajar, con urgencia, en promover relaciones de respeto, sin discriminación ni violencia, entre mujeres y hombres. La reforma educacional es una oportunidad para promover, desde el jardín infantil el respeto a esas “otras”, a las mujeres. Por otro lado, los medios de comunicación, en sus programas de entretención, junto a la publicidad, pueden jugar un rol relevante en la prevención de la violencia contra las mujeres a partir de configurar mecanismos de auto-regulación para evitar la mantención de estereotipos y comportamientos sexistas.
Es importante que la voz de las mujeres se haga sentir cuando estemos debatiendo este tipo de reformas legales: los cambios tienen que hacerse incorporando las perspectivas de las mujeres, para construir un Chile más justo, menos desigual y comprometido con el derecho que las mujeres tenemos a vivir libres de violencia.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
