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Medios, ética y responsabilidad política

por 12 septiembre, 2014

Lo que aquí está en juego es nuevamente el tipo de intervención que realizan y el sustento en una operatoria que cuestiona la ética periodística y la responsabilidad política de los medios. En efecto, aquí se movilizan formas de análisis y una naturalización de las relaciones sociales como una confrontación entre enemigos, se legitima el control como modelo ideal y única forma posible de sociedad. Lo que es peor, es preciso interrogarnos hasta dónde esta operación discursiva que sustenta la necesidad de mayor represión contra el movimiento social (constituido en enemigo interno), también termina legitimando la acción violenta como única respuesta posible.
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A tres días de la emisión del reportaje que vincula a los colectivos estudiantiles con el bombazo de la Estación Metro Escuela Militar, las denuncias acumuladas contra Canal 13 en el Consejo Nacional de Televisión suman casi un centenar. Junto a ellas, el rechazo al reportaje firmado por el periodista Patricio Nunes se expresa desde los más diversos colectivos estudiantiles hasta el mundo académico. Mientras tanto, en las redes sociales circula en abundancia la inevitable comparación entre las portadas del diario La Segunda del martes 9 de septiembre 2014 con aquellas que encubrieron la desaparición de 119 compatriotas en el marco de la Operación Colombo, el 12 de junio de 1975. Desde aquí surgen nuevamente las preguntas respecto del rol activo de los grandes medios de comunicación en Chile en la creación de climas políticos propicios a la desestabilización o a la criminalización de los movimientos sociales y sus demandas.

Sin embargo, huelga repetir que el reportaje emitido por Canal 13 no constituye un caso único, ni quizás el más evidente que busca establecer una relación entre movimientos sociales y terrorismo. Cabe recordar el tratamiento otorgado de lo que ha sido rotulado como “conflicto Mapuche”, donde la mayor parte de la cobertura se orientó a sostener las tesis de las fiscalías (por cierto, muchas de ellas desestimadas en los fallos judiciales posteriores), sin otorgar espacio alguno al análisis del trasfondo de los hechos, siendo el más fundamental la responsabilidad histórica del Estado. Tampoco en estos casos se informó respecto de la utilización desmedida de la violencia por parte de agentes del mismo Estado (bombas lacrimógenas, balines de plomo, golpes, etc.) contra las comunidades movilizadas, incluyendo niños. Todo ello ya ha sido largamente acreditado en diversas denuncias y en el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado chileno por “violar el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley de las víctimas”.

Lo que aquí está en juego es nuevamente el tipo de intervención que realizan y el sustento en una operatoria que cuestiona la ética periodística y la responsabilidad política de los medios. En efecto, aquí se movilizan formas de análisis y una naturalización de las relaciones sociales como una confrontación entre enemigos, se legitima el control como modelo ideal y única forma posible de sociedad. Lo que es peor, es preciso interrogarnos hasta dónde esta operación discursiva que sustenta la necesidad de mayor represión contra el movimiento social (constituido en enemigo interno), también termina legitimando la acción violenta como única respuesta posible.

En todos los casos mencionados la narración periodística se construye desde el artificio, es decir desde una puesta en relación ad hoc de elementos, imágenes y cuñas desconectados del origen y seleccionados exclusivamente en función de un relato al servicio de la tesis esgrimida. Así, el reportaje de Canal 13, titulado “Radiografía a los colectivos estudiantiles”, es introducido a partir de la vinculación expresa entre anarquistas y radicales con encapuchados, la agresión contra periodistas y la colocación de artefactos explosivos en el Metro. El texto periodístico busca aquí su sustento en tres grandes tipos de fuentes directas: el saber académico que le otorgaría “profundidad” al análisis, la experiencia policial como conocimiento experto y las entrevistas a dirigentes estudiantiles. Entre estos últimos, los dirigentes secundarios aparecen indirectamente como los rostros presuntos que permiten afirmar el vínculo entre la acción delictiva y su sustento político. El vicepresidente de la Fech, Sebastián Aylwin, y el académico de la Universidad de Chile, Óscar Aguilera ya han establecido el uso tendencioso de sus entrevistas. Los dirigentes de los colectivos secundarios, desprovistos de recursos institucionales y menos conocidos, probablemente no tengan la misma posibilidad de que sus denuncias adquieran la publicidad de los primeros.

Este es un ejercicio peligroso en tanto se constituye en el soporte expreso de la construcción de un enemigo interno y de unos culpables presuntos. Sabemos bien del poder que ejercen las grandes empresas de comunicación sobre la sociedad chilena. También conocemos del entramado de intereses que se expresan en sus directorios. No obstante, la experiencia pasada y reciente, obliga con urgencia a interrogar ética y políticamente ese poder y sus ejercicios. No se trata de que los medios no intervengan en la escena política, ni tampoco de la discusión sobre veracidad y objetividad. Lo que aquí está en juego es nuevamente el tipo de intervención que realizan y el sustento en una operatoria que cuestiona la ética periodística y la responsabilidad política de los medios. En efecto, aquí se movilizan formas de análisis y una naturalización de las relaciones sociales como una confrontación entre enemigos, se legitima el control como modelo ideal y única forma posible de sociedad. Lo que es peor, es preciso interrogarnos hasta dónde esta operación discursiva que sustenta la necesidad de mayor represión contra el movimiento social (constituido en enemigo interno), también termina legitimando la acción violenta como única respuesta posible.

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