Dinero y política: las reformas necesarias para una mejor democracia

El caso Penta ofrece una oportunidad única de revisar y transparentar la relación entre el dinero y la política en Chile. En apariencia, este caso sería expresión de un financiamiento a campañas por mecanismos no contemplados en la ley, sino mediante el pago de servicios a candidatos o sus relacionados que, además, eran imputados ilegalmente como gastos empresariales para rebajar la renta imponible. Este caso estalla en un contexto institucional más amplio, en el que la peligrosa combinación de aportes ilegales, donaciones reservadas y un gasto electoral que rara vez se mantiene en los límites legales da origen a una influencia excesiva del dinero en la vida política del país. En el origen de estos problemas se encuentran dos fallas estructurales del sistema actual: la tolerancia a la falta de transparencia de las donaciones y el escaso control efectivo al límite legal de gasto electoral.

Si bien diversas organizaciones y expertos habían identificado las debilidades de nuestro sistema de financiamiento de la política, hasta ahora su reforma no estaba dentro de las prioridades, ya que no es fácil reformar sistemas que, por definición, han servido de marco para la elección de quienes están llamados hoy a modificarlos. Confiamos, sin embargo, en la responsabilidad y visión de Estado de los legisladores para avanzar hacia sistemas más transparentes y equitativos de financiamiento que ayuden a preservar la política de los riesgos de conflictos de interés y captura que el financiamiento privado y opaco genera.

En Espacio Público hace más de un año hemos estado trabajando en una propuesta que busca transformar la actual relación entre dinero y política en Chile, a fin de acercar el funcionamiento de nuestro sistema político al de una democracia plena. La propuesta contempla cambios para el financiamiento electoral y regular de la política, haciendo compatibles principios como la igualdad del voto, la libertad de expresión y la competencia justa, en un marco de transparencia que propicie un mayor control social por parte de la ciudadanía hacia sus representantes.

[cita]La incapacidad de fiscalizar el gasto de campaña y sus fuentes impide la competencia justa, distorsiona la representación y abre espacio a la circulación de financiamiento ilegal. La falta de control efectivo del límite al gasto se transforma en una carrera por gastar más, que en la práctica es tan impune como decisiva para obtener un buen resultado electoral. Por ello, los candidatos tienen incentivos para captar dinero de las más diversas formas, incluso aquellas no contempladas en la ley, como parece ejemplificar el caso Penta.[/cita]

En concreto, proponemos terminar con las donaciones reservadas y las donaciones de personas jurídicas, implementar un nuevo sistema de sanciones ante infracciones a la Ley de Financiamiento Electoral y fortalecer al Servel como ente encargado de la fiscalización de esta nueva institucionalidad. Finalmente, y como no hay democracia sin partidos, ni buena democracia con partidos disfuncionales, postulamos un financiamiento público de los partidos condicionado al cumplimiento de obligaciones en materia de formación, presencia regional, transparencia y representatividad de su gobierno corporativo.

Con respecto a las donaciones reservadas, el argumento de sus partidarios es que permiten realizar aportes sin que el receptor sepa la identidad del donante ni el monto de aporte. Con todo, la práctica nacional e internacional muestra que las empresas no donan por altruismo anónimo, sino que tienen interés en hacer saber de sus aportes a los candidatos, por lo que el sistema de donaciones reservadas suele derivar en un acuerdo entre donante y receptor desconocido para la ciudadanía. No obstante, somos partidarios de mantener las donaciones anónimas solo para montos pequeños, siempre que por sí mismas sean incapaces de generar riesgos de captura, conflictos de interés o “gratitud” en el receptor.

Prohibir las donaciones por parte de todas las personas jurídicas se fundamenta en que estas no votan, pero sí tienen intereses corporativos que, como la evidencia internacional demuestra, se intenta promover mediante el aporte financiero a la política. La preponderancia de donaciones por parte de empresas de sectores regulados, según datos revelados recientemente por la prensa, sugiere que esta situación también aplica a Chile.

La incapacidad de fiscalizar el gasto de campaña y sus fuentes impide la competencia justa, distorsiona la representación y abre espacio a la circulación de financiamiento ilegal. La falta de control efectivo del límite al gasto se transforma en una carrera por gastar más, que en la práctica es tan impune como decisiva para obtener un buen resultado electoral. Por ello, los candidatos tienen incentivos para captar dinero de las más diversas formas, incluso aquellas no contempladas en la ley, como parece ejemplificar el caso Penta. Para nadie es un misterio que las campañas consisten primordialmente en utilizar grandes cantidades de material visual –en su mayoría instalado de manera ilegal– que poco contribuye a la discusión programática, pero mucho a la irritación de los ciudadanos. Es por esto que el Servel debe fortalecerse para poder efectivamente controlar el gasto.

Para ello, las estrategias deben ser múltiples: por un lado se requiere mayor precisión en lo que se estimará como gasto electoral e incluir a la contabilidad aquel que se inicia antes del período legal de campaña. Por otra parte, se debe exigir el uso de cuentas corrientes únicas para centralizar todo ingreso y gasto de los candidatos, lo que facilitará la realización de reportes públicos oportunos, en los que se consignen los aportes recibidos por los candidatos y sus donantes. De este modo, se ampliarán los canales de información para la ciudadanía antes de votar.

Estas medidas en su conjunto, en las que la fiscalización en terreno juega un papel central, reducirán las opciones de que entren platas “por debajo de la mesa” a la política, uno de los argumentos más utilizados para oponerse a una reforma que tenga como principales ejes la transparencia y la rendición de cuentas.

Es imprescindible contar con sanciones que sean disuasivas y cambien radicalmente el incentivo que, de facto, tienen hoy los candidatos para vulnerar la ley. Las infracciones más graves, como sobrepasar grosera y dolosamente el límite de gastos establecido por ley, adulterar documentos en la rendición de cuentas y otras prácticas similares, deben ser castigadas no solo con multas, puesto que estas siempre pueden ser incorporadas al presupuesto de campaña del candidato y no afectan a quienes tienen más recursos. Por el contrario, esos casos requieren sanciones de carácter político, como perder el escaño, o la inhabilidad de ejercer cargos públicos por un tiempo considerable. No es aceptable que una persona que ha traicionado a la fe pública para acceder a una posición de poder, pueda ejercer un cargo que justamente encarna la confianza que la ciudadanía ha depositado en ella. No puede haber premio para quien no cumple las reglas del juego.

Muy ligado al escenario anteriormente descrito, se tiene que una de las características de la política chilena actual es la debilidad del debate programático de los partidos políticos, su baja legitimidad, escaso arraigo social y creciente precarización institucional. Una reforma integral debe abordar la situación de los partidos –que cuando funcionan bien son una pieza fundamental de la vida democrática– para promover en ellos cambios positivos para la democracia chilena. La gran mayoría de los países desarrollados ha entendido que sin partidos funcionales, legítimos y socialmente arraigados, la democracia misma corre peligro. De ahí que el financiamiento de los partidos sea una tendencia fuerte entre estas naciones, a la que Espacio Público estima que Chile también debe sumarse.

Proponemos, por tanto, un financiamiento permanente de los partidos que esté sujeto al cumplimiento de estándares de transparencia, democracia interna, trabajo territorial, formación política y representatividad, con montos determinados a partir del desempeño electoral anterior, sumado a una pequeña base igualitaria para todos los partidos. La clave del sistema propuesto radica en que, a mayor cumplimiento de exigencias que reflejan virtudes cívicas, mayor será el monto al que los partidos podrán acceder. De este modo, se contribuirá al surgimiento de nuevas fuerzas políticas sin fomentar la excesiva fragmentación, al tiempo que se premiará a aquellos buenos partidos que conciten el mayor respaldo de la ciudadanía.

En síntesis, la democracia chilena pasa por una coyuntura que, bien aprovechada, tiene el potencial de transformar radicalmente cómo dinero y política se han relacionado hasta ahora. Es por esto que no puede desperdiciarse esta ocasión para reformar reglas fundadas en la opacidad, para establecer un sistema basado en la transparencia, la rendición de cuentas y una efectiva fiscalización. Es insostenible creer que Chile avanzará al tan anhelado desarrollo si mantiene una democracia en apariencia estable, pero que exhibe deficiencias en los elementos clave que aseguran su subsistencia: legitimidad, participación y una justa competencia.