martes, 2 de junio de 2020 Actualizado a las 16:00

Opinión

Autor Imagen

La Biodiversidad y el sistema nacional de áreas protegidas

por 25 octubre, 2014

El proyecto aborda además la creación de una nueva institucionalidad, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual sustituirá en algunas competencias a lo que históricamente ha asumido CONAF. Sin embargo, dicho servicio debe contar con los recursos necesarios para poder lograr los fines propuestos, para lo cual el aporte fiscal debe revertir la tendencia del último año en relación al aporte que ha destinado a la CONAF, el que en el año 2013 era de un 61 %, pasando el año 2014 a un 50 % del presupuesto total.
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

Durante el presente año, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha presentado al Congreso Nacional el Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El referido proyecto, además de contemplar la creación propiamente tal del servicio de biodiversidad, estructura lo que será el futuro sistema nacional de aéreas protegidas, que en la actualidad tiene un carácter totalmente desintegrado.

Al respecto, es importante señalar que el mencionado proyecto de ley aborda temáticas complejas que nuestro país ha dilatado en su tratamiento por más de cuarenta y cinco años, teniendo presente que la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas naturales de América (Convención de Washington), entró en vigencia como Ley de la República en 1967.

Chile se caracteriza por poseer un alto grado de endemismo de especies dentro del territorio nacional que es necesario proteger, en los anfibios llega al 65 %, en los reptiles a un 63 %, en los peces de aguas continentales a un 55 % , en la flora a un 50 % y en los mamíferos a cerca de un 11 %, todas del total de especies existentes ( Fuente: Ministerio Medio Ambiente).

El proyecto aborda además la creación de una nueva institucionalidad, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual sustituirá en algunas competencias a lo que históricamente ha asumido CONAF. Sin embargo, dicho servicio debe contar con los recursos necesarios para poder lograr los fines propuestos, para lo cual el aporte fiscal debe revertir la tendencia del último año en relación al aporte que ha destinado a la CONAF, el que en el año 2013 era de un 61 %, pasando el año 2014 a un 50 % del presupuesto total. 

No obstante lo anterior, el proyecto de ley omite un aspecto relevante y absolutamente complementario a la conservación in situ, como es la conservación ex situ, la cual se refiere a la mantención de componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales, lo que se realiza principalmente en Jardines Botánicos, Arboretum, Bancos de Germoplasma y Bancos de Semillas. La conservación del máximo de la variabilidad genética de las especies nos permitirá frenar su extinción, permitiendo, además, colaborar en su clasificación, conservación, evaluación y uso sostenido de este patrimonio. No podemos repetir la historia de la rapamicima, compuesto derivado de un hongo existente en Isla de Pascua, que tiene un sinnúmero de propiedades médicas, descubierto en los años setenta, y patentado por empresas extranjeras.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, así como el mantenimiento de las funciones y servicios de los ecosistemas, dependen de la subsistencia de una superficie adecuada de hábitats naturales.

En tal sentido, el Proyecto de Ley propone que las áreas protegidas que se creen sólo perderán su calidad de tal en virtud de un decreto supremo fundado, situación cuestionable, porque más allá de las críticas en el sentido que la Convención de Washington es anacrónica (firmada en 1929), ella es Ley de la República y estipula claramente que “los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los Parques Nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos, sino por acción de la autoridad legislativa competente”. A mayor abundamiento, es la propia Constitución Política del Estado la que en su Art. 63 N° 10 establece que: Sólo son materias de ley: 10) Las que fijen normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las Municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión”.

En nuestro país, la autoridad legislativa competente es el Poder Legislativo, por ende, el hecho que el Poder Ejecutivo participe en la formación de las leyes conforme al artículo 32 de la Constitución Política, no le da la calidad de autoridad legislativa, que es aquel poder del Estado en que se elaboran, se discuten y se aprueban las leyes, como sucede en toda democracia.

El proyecto aborda además la creación de una nueva institucionalidad, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual sustituirá en algunas competencias a lo que históricamente ha asumido CONAF. Sin embargo, dicho servicio debe contar con los recursos necesarios para poder lograr los fines propuestos, para lo cual el aporte fiscal debe revertir la tendencia del último año en relación al aporte que ha destinado a la CONAF, el que en el año 2013 era de un 61 %, pasando el año 2014 a un 50 % del presupuesto total.

Lo señalado es sin perjuicio de la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, sobre todo para el incremento de áreas protegidas privadas a través, por ejemplo, de una modificación a la Ley de Donaciones Culturales, incorporándose explícitamente el concepto de “Patrimonio Cultural y Natural” como proyecto financiable con las donaciones que tengan beneficio tributario.

Por otro lado, un tema crítico del nuevo servicio dice relación con el capital humano que tendrá que ser traspasado desde la CONAF. Ante esto se deben defender en primer lugar los derechos adquiridos por los trabajadores, independientemente del sistema contractual que posean en el futuro.

Además, es necesario incrementar el número de guardaparques (actualmente son alrededor de 500) a un número acorde para el cumplimiento de los fines del nuevo servicio. No es posible que ante la carencia de los mismos, deben tener jornadas de trabajo de hasta veinte días corridos, como sucede en el Parque Nacional Laguna de San Rafael.

Por último, a pesar de las carencias en distintos tópicos que pueda presentar el proyecto de ley en cuestión, estamos a tiempo de perfeccionarlo, para lo cual paralelamente al trabajo parlamentario, existe una comisión de expertos apoyándonos, a fin de cumplir el objetivo final, que es contar con una institucionalidad que norme el monitoreo, protección y conservación de la biodiversidad del país mediante un sistema nacional de áreas protegidas públicas y privadas terrestres, marinas y acuáticas.

Compartir Noticia

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV