Y aquí viene la última distorsión que genera el dinero excesivo en las campañas, que me interesa destacar. Los grandes grupos económicos no quieren cambios, aunque sepan que Chile es uno de los diez países con peor distribución del ingreso del mundo. No les interesa evaluar el potencial de inestabilidad que esta realidad representa para el país. Allá ellos. Prefieren, a diferencia de empresarios más visionarios de otras latitudes, las ganancias de corto plazo que les depara este “modelo” heredado de la dictadura y sin cambios. Por eso financian con tanto privilegio a la derecha.
Hace algunas semanas, fue difundido por diversos medios de comunicación el listado de todos los diputados y senadores electos en diciembre pasado, con sus respectivos gastos de campaña y aportes reservados que en esa oportunidad habían recibido.
La información, que tenía como fuente el indesmentible respaldo del Servel, confirmaba lo que muchos intuíamos o habíamos observado en la práctica: la tremenda desproporción en los gastos electorales realizados y en los aportes reservados recibidos entre los candidatos y las candidatas en competencia.
En un extremo de la lista se encontraban quienes habían gastado cifras desorbitantes y habían recibido muy significativos aportes, mientras en el otro extremo nos encontrábamos quienes habíamos realizado mesurados gastos de campaña y NO habíamos recibido ni un solo peso de aporte reservado.
Esta información se hace pública en un momento particularmente pertinente: justo cuando el Gobierno se ha empeñado en la tarea de proponer al Congreso un conjunto de modificaciones constitucionales y legales que hagan más equilibrada y más justa la participación de los ciudadanos y de los partidos que aspiran a representarlos, en las contiendas electorales futuras.
He participado en siete campañas como candidato a diputado y nunca he recibido un peso de algún empresario para financiarlas. Ello no constituye un mérito en sí mismo, pero me da una cierta perspectiva para opinar sobre el tema. Tanto o más importante que cambiar el injusto sistema electoral binominal por otro de carácter proporcional, es realizar una transformación radical en la normativa que regula los gastos de las campañas electorales.
[cita]Y aquí viene la última distorsión que genera el dinero excesivo en las campañas, que me interesa destacar. Los grandes grupos económicos no quieren cambios, aunque sepan que Chile es uno de los diez países con peor distribución del ingreso del mundo. No les interesa evaluar el potencial de inestabilidad que esta realidad representa para el país. Allá ellos. Prefieren, a diferencia de empresarios más visionarios de otras latitudes, las ganancias de corto plazo que les depara este “modelo” heredado de la dictadura y sin cambios. Por eso financian con tanto privilegio a la derecha.[/cita]
No es necesario reiterar aquí los argumentos, tantas veces esgrimidos, acerca de las distorsiones e injusticias que genera el actual sistema electoral binominal, elaborado y elevado a rango constitucional por la dictadura.
Lo que es menos evidente en el debate público, solo por un cierto cinismo que campea en nuestra cultura dominante, es el efecto brutalmente distorsionador que tiene el dinero en las campañas políticas. En variados aspectos:
Desde luego, porque un candidato que cuente con el doble, triple, cuádruple, de recursos que sus competidores en un mismo distrito o circunscripción, tendrá obviamente mucho más posibilidades –sin considerar otros factores en juego– de salir electo.
El dinero excesivo que se gasta en las campañas tiene, además, otra connotación aún más dañina para la democracia, cual es la tentación que genera en ciertos candidatos para realizar prácticas de “cohecho moderno”, como regalos masivos y pagos de cuentas de sus electores. ¿Quién no ha presenciado la distribución masiva de lentes, canastas familiares o el pago de cuentas de luz, agua, etc.?
Sin embargo, la influencia distorsionadora del dinero excesivo y desequilibrado en las campañas no termina aquí. Ya nadie puede desconocer que los grandes grupos económicos e importantes empresarios han financiado muchas campañas con el evidente propósito de influir indebidamente en la marcha política del país. Y, aunque resulte muy difícil de probar, tampoco es osado suponer que muchos candidatos receptores de la generosidad empresarial, una vez electos, se han conducido de una forma muy agradecida con sus financistas.
¿Cómo saber cuándo un parlamentario se está conduciendo de acuerdo a sus concepciones doctrinarias, a su conciencia, a sus compromisos con sus electores, o cuándo lo hace por directa influencia de quienes financiaron su campaña?
Cuánto daña a la democracia y a las instituciones republicanas que muchos compatriotas tengan esta duda desde hace mucho tiempo.
En el informe del Servel sobre los gastos de campaña de diciembre pasado se deduce que los candidatos de la derecha gastaron –en promedio– tres veces más por voto que los candidatos de centro-izquierda e izquierda. Y que los primeros tuvieron cinco veces más aportes reservados que los segundos. Que esto sea obvio, no significa que sea justo, ni que le haga bien a la democracia.
Y aquí viene la última distorsión que genera el dinero excesivo en las campañas, que me interesa destacar. Los grandes grupos económicos no quieren cambios, aunque sepan que Chile es uno de los diez países con peor distribución del ingreso del mundo. No les interesa evaluar el potencial de inestabilidad que esta realidad representa para el país. Allá ellos. Prefieren, a diferencia de empresarios más visionarios de otras latitudes, las ganancias de corto plazo que les depara este “modelo” heredado de la dictadura y sin cambios. Por eso financian con tanto privilegio a la derecha.
Pero, como todos sabemos, no financian solo a la derecha. He aquí un punto preocupante. El brutal desequilibrio en la disposición de recursos para las campañas, como, asimismo, la falta de límites efectivos para los gastos en las mismas, ha llevado a candidatos de “centro-izquierda” a solicitar también la ayuda “generosa” de estos empresarios. Sin embargo, aquellos candidatos, hoy parlamentarios en ejercicio, están solemnemente llamados a sacar adelante el programa de cambios que la Presidenta Bachelet comprometió con el país. Y viene la duda. ¿Por qué hoy surgen, con vigor inusitado, desde las propias filas de parlamentarios de la Nueva Mayoría, críticas duras que apuntan al corazón de las reformas que el Gobierno encabeza?
Si el programa que contiene estas reformas fue tantas veces discutido previamente, y finalmente consensuado muy formalmente, ¿no es legítimo preguntarse acerca del fundamento de estas críticas? ¿Cuánto de ellas puede ser explicado por el origen de los recursos que los parlamentarios obtuvieron para financiar sus campañas?
Pero todas estas distorsiones que genera el dinero excesivo y desequilibradamente gastado en las campañas, tienen solución. No constituyen ninguna novedad, pero aprobarlas requiere convicción y coraje.
Se debe terminar definitivamente con los gastos reservados. Todo aporte a una campaña debe tener perfectamente claro su origen. Nunca más se puede permitir que empresas u otras instituciones aporten dineros a las campañas; solo debieran poder hacerlo las personas naturales y por mesuradas cantidades (no más de un millón de pesos por persona).
Debe existir un límite efectivo al gasto de las campañas. Debe ser un límite fiscalizado y sancionado con la pérdida de su condición de candidato quien lo vulnere. Ninguna campaña de diputado debiera costar más de 20 millones (dinero de hoy) y ninguna campaña de senador debiera costar más de 50 millones. Quien crea que esto no es posible, le sugiero que revise experiencias internacionales.
Por último, el Servel debiera transformarse en una institución con las máximas atribuciones de fiscalización y con los máximos estándares de calidad institucional, de tal manera que el país entero confíe en su cometido y en sus resoluciones
El propósito de estas modificaciones propuestas, es uno solo: que el dinero deje de ser determinante en una contienda electoral democrática y, sobre todo, que deje de ser determinante para influir en la conducta de algunos parlamentarios.
Antes bien, lo que con urgencia necesitamos en nuestra imperfecta democracia, es que las ideas vuelvan por su fuero; que sean ellas el vehículo principal para ganar la conciencia y el corazón de los ciudadanos, y nunca más el dinero.
