Finalmente, la transparencia es altamente deseable no solo en economía y en política, sino también en la investigación científica. En este sentido, los firmantes de ambas cartas pueden estar de acuerdo en el valor de la transparencia en distintos ámbitos de la existencia. Afortunadamente, en las últimas décadas la defensa de la justicia y la equidad ha penetrado con fuerza al interior de la comunidad (internacional) de investigadores. Lo preocupante es que haya economistas y políticos que la consideren como un asunto subsidiario.
El Mercurio acaba de publicar (el día 3 del presente) dos cartas sobre la divulgación de los resultados Simce por establecimiento, una a favor y la otra en contra. La primera la firma una connotada economista y política (actual Presidenta del Consejo para la Transparencia); la segunda, un grupo de más de 20 investigadores del área educacional, de distintas instituciones, incluyendo a la ganadora del último Premio Nacional de Ciencias de la Educación. (Yo también firmé).
Ambos argumentos son atractivos, en el sentido de que apelan a dos cosas o estados de cosas que son altamente deseables. El primero es bien sencillo o directo y apela a la transparencia: si los resultados Simce por establecimiento no se hacen públicos, usted atenta contra el derecho de los padres a acceder a información “de interés” para ellos (las comillas las explico en breve). El segundo plantea dos consideraciones un poco más complejas, en el sentido de que para masticarlas bien es preciso estar al tanto de la discusión académica sobre educación: el error metodológico de medir la calidad de la educación con un instrumento como el Simce y el error ético de una estrategia que, por lo que sabemos, favorece a los sectores más aventajados y perjudica a los más vulnerables.
No voy a detenerme aquí en los aspectos metodológicos (que, en todo caso, por sí solos son suficientes para desarticular cualquier defensa no sólo de la publicación de los resultados sino del uso mismo de la prueba Simce). Quisiera, en cambio, referirme a la supuesta tensión entre transparencia y equidad que le puede quedar a uno después de leer estas dos cartas, una defendiendo el libre acceso a la información y la otra advirtiendo de la injusticia social que la investigación científica ha encontrado asociada a la comparación de establecimientos en virtud de esa información.
[cita]Finalmente, la transparencia es altamente deseable no solo en economía y en política, sino también en la investigación científica. En este sentido, los firmantes de ambas cartas pueden estar de acuerdo en el valor de la transparencia en distintos ámbitos de la existencia. Afortunadamente, en las últimas décadas la defensa de la justicia y la equidad ha penetrado con fuerza al interior de la comunidad (internacional) de investigadores. Lo preocupante es que haya economistas y políticos que la consideren como un asunto subsidiario. [/cita]
Primero, la fuerza del argumento de transparencia descansa en buena medida en que exista interés público por acceder a la información. Como no hay interés público por saber, por ejemplo, si a la Presidenta de la República le gustan los espárragos, a nadie se le ocurre apelar al principio de transparencia para obligar a la Presidenta a que diga si le gustan los espárragos. De manera que cabe preguntarse por qué puede ser “de interés” para los padres el hecho de tener acceso a los resultados Simce del establecimiento de sus hijos. Y, cualquiera sea la respuesta, supongo que invocará la creencia de que esa prueba refleja de manera relativamente fidedigna la calidad educacional del establecimiento. Como esto es falso (dado el tema metodológico anteriormente mencionado), el interés de los padres se debe simplemente a una mala política educacional que continúa utilizando un instrumento que, a estas alturas, la mayoría de los expertos en el tema desaprueba. (Por eso es un interés entre comillas no más). El argumento de la transparencia pierde fuerza, entonces, ya que no habría interés público por saber los resultados Simce si, por ejemplo, el gobierno reconociera su inoperancia como medidor de calidad y dejara de exigir su utilización.
Segundo, la fuerza del argumento de transparencia también descansa en que el acceso a la información no implique violar otro principio más importante. Y, desde mi punto de vista, el principio de equidad, o de justicia, es más importante que el de transparencia. Por favor, no se me malentienda: creo en la transparencia y, en particular, creo que ninguna sociedad saludable puede vivir en el oscurantismo. En general, la transparencia en los asuntos de interés público es deseable. Pero si hay que restringir el acceso de un sector de la población a un conjunto limitado de datos para proteger que todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse como personas, una pequeña concesión vale la pena. Por lo demás, la transparencia está parcialmente subordinada a la justicia, en el sentido de que una (y solo una) de las razones por las que nos parece deseable es que es útil para lograr una sociedad más equitativa. Por consiguiente, si nos vemos en la necesidad de decidir entre transparencia y equidad, lo racional es optar por lo segundo.
Finalmente, la transparencia es altamente deseable no solo en economía y en política, sino también en la investigación científica. En este sentido, los firmantes de ambas cartas pueden estar de acuerdo en el valor de la transparencia en distintos ámbitos de la existencia. Afortunadamente, en las últimas décadas la defensa de la justicia y la equidad ha penetrado con fuerza al interior de la comunidad (internacional) de investigadores. Lo preocupante es que haya economistas y políticos que la consideren como un asunto subsidiario.
Seamos transparentes: ¿queremos o no queremos terminar con la injusticia social en Chile? ¿Queremos o no queremos que sea ese el norte de la economía y la política? ¿Queremos o no queremos escuchar a los investigadores en educación?
