No es aceptable que el dinero producto de los robos no sea objeto de preocupación principal por el sólo hecho de encontrarse asegurado.
Hace algunos días y con el objetivo de graficar la temeraria exposición al riesgo de los conductores de los camiones transportadores de valores me permití preguntar ¿y dónde está el piloto? Hoy mi reflexión apunta al producto de los robos. El dinero.
Durante 2014, se han producido 124 robos consumados a cajeros automáticos y 17 a camiones transportadores de valores. Entre unos y otros, las sumas recaudadas por los antisociales superan los $10.000 millones. Dentro de la compleja situación, la buena noticia es que este año las policías han frustrado el 68,7% de los intentos de robo a cajeros automáticos y la cantidad de detenidos por este tipo de delitos ha subido en 80% respecto de 2013. Es de esperar entonces que los persecutores sean capaces de indagar, a partir de los detenidos, mayor información sobre sus redes, objetivos y conexiones criminales, para luego ser condenados a sanciones proporcionales que les impidan seguir en esta actividad delictual.
Sin perjuicio de los resultados policiales y judiciales relativos a los autores, creo necesario preguntarse: ¿y dónde está el dinero? Quizás esa pregunta le parezca secundaria o la respuesta le resulte obvia: en manos de los delincuentes. Pero lejos de ser secundaria, debe ser objeto de principal preocupación del sistema de seguridad e inteligencia. A la fecha se desconoce si los autores son parte de bandas que están operando en ambos tipos de delitos o son inconexas. ¿Se trata entonces de delincuentes comunes o de bandas de crimen organizado que vieron las vulnerabilidades del sector y las aprovecharon en su beneficio. ¿Serán grupos criminales organizados que buscan financiamiento para actividades de mayor envergadura? Aún no lo sabemos y espero que el sistema de inteligencia policial y la persecución penal sean lo suficientemente sagaces como para darnos pronta respuesta y desbaratar a estas organizaciones y recuperar del dinero.
No es aceptable que el dinero producto de los robos no sea objeto de preocupación principal por el sólo hecho de encontrarse asegurado. Ya que más allá de la cobertura que se otorga a la institución afectada, la sola circulación de esos miles de millones en el mundo delictual constituye un factor de inseguridad social al facilitarles el acceso a bienes, servicios, armas, municiones y otros elementos que manifiestamente afectan la seguridad de la ciudadanía y que podrían perfectamente estar destinados a concretar acciones criminales de mayor envergadura que afecten la paz social.
