El conjunto de reformas propuestas por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, junto a la creciente conciencia del país respecto a la importancia de respetar el medio ambiente y los derechos de los ciudadanos, han puesto una vez más de manifiesto la histórica vocación simplista de nuestro gran empresariado, y su inclinación por los negocios fáciles, sin riesgos y con tasas de ganancia seguras y exuberantes.
De esta forma, se han acumulado en los meses recientes, reacciones y declaraciones de cierto sector del empresariado que han transitado entre la histeria, la mala intención e, incluso, la amenaza. Con amplia cobertura de medios de comunicación, algunos han pretendido instalar la idea de que nos enfrentamos a un grupo de actores y movimientos sociales irresponsables, gobierno incluido, respaldados por un Poder Judicial cómplice, que inexorablemente nos conducen a perder, una vez más, la oportunidad de alcanzar el esquivo desarrollo económico.
[cita] Las reformas en materias laborales, tributarias, educacionales y constitucionales, así como la adecuación de la normativa ambiental chilena a mínimos estándares ambientales que ha propuesto la presidenta Bachelet, con el apoyo de más del 60 por ciento de la ciudadanía, resultan un imperativo, aunque no le gusten a los máximos dirigentes gremiales del gran empresariado, quienes demuestran con algunas de sus declaraciones un verdadero desprecio por la democracia y la voluntad mayoritaria. [/cita]
Sin ir más lejos, las infundadas declaraciones del presidente de la CPC, Juan Andrés Santa Cruz, respecto a los supuestos efectos catastróficos derivados de la aplicación de la Agenda Laboral impulsada por el gobierno, dan cuenta de su visión del trabajo como un factor productivo más, supeditado por completo al control y los intereses del gran capital. Asimismo, revelan su intención de mantener el absoluto manejo y conocimiento previo de los niveles de ganancia, eliminando por completo el riesgo consustancial a la actividad empresarial, a costa de negar a los trabajadores un derecho tan básico y de sentido común como la huelga y la negociación colectiva.
En cuanto a la supuesta judicialización de los grandes proyectos de inversión, lo cierto es que, tal como se los recordara en la última Enade el presidente de la Corte Suprema, solo una ínfima minoría ha llegado a tribunales. Y si esto ha sucedido es, simplemente, porque hacen las cosas mal. Tan negligentes resultan en algunos casos sus actos, que ni si quiera los repetidos sermones sobre lo necesario de este tipo de proyectos, ni la presión mediática, ni –en algunos casos- las amenazas, corrigen las aberraciones que algunos emprendedores cometen en nuestro medio ambiente.
En esta línea, resulta preocupante lo informado hace unas semanas por el diario El Mercurio, respecto a que la mayor fortuna del país (el Grupo Luksic), supeditaría la inversión de 10 mil millones de dólares para la expansión de Los Pelambres a un escenario de mayor certeza judicial. Esto es un ejemplo claro de esta situación.
¡Cuán distinta resulta, entonces, la clase empresarial chilena a sus contrapartes a nivel mundial! Costaría mucho calificarlos de genuinos emprendedores, como es la regla en otras latitudes. Y esto, lamentablemente, ha sido una constante histórica.
Alguien dijo alguna vez que ni siquiera un palo para amarrar los caballos en la Plaza de Armas legó la oligarquía chilena, algo que el terremoto de Chillán hizo dramáticamente evidente. Pedro Aguirre Cerda y los presidentes que lo siguieron, comprendieron que solo el Estado podría hacer las inversiones que el país requería con urgencia. Aun hoy, la columna vertebral de la infraestructura caminera, eléctrica, hídrica, portuaria, entre otros ámbitos, tienen su origen en la labor de la CORFO, Enap, Codelco y otras empresas del Estado durante la época que los historiadores han denominado como Estado de Compromiso. El desarrollo del país, en definitiva, lo ha impulsado históricamente la institución que esta misma clase tanto suele despreciar y cuya acción declara aborrecer como enemiga del progreso.
Aún más, los niveles de acumulación capitalista actual tienen su origen en el subsidio generoso del Estado a buena parte de las actuales mayores fortunas del país, a quienes les fueron prácticamente regaladas durante la dictadura de Pinochet buena parte de las empresas que el Estado había creado en el periodo histórico anterior y que tanto contribuyeron al desarrollo del país.
Hoy, con el Estado sometido a la camisa de fuerza del principio de subsidiariedad, obviamente elevado a rango constitucional, los chilenos estamos cautivos de la esperanza de que, algún día, aparezcan verdaderos emprendedores.
La clase empresarial chilena, además de su escasa vocación para asumir riesgos, contraria a la definición misma de emprendimiento, no puede seguir manteniendo su carácter rentista y depredador de recursos naturales y derechos sociales condicionando, amenazante, sus decisiones de inversión a una pretendida seguridad y certeza que los pondría incluso por sobre la ley.
Las reformas en materias laborales, tributarias, educacionales y constitucionales, así como la adecuación de la normativa ambiental chilena a mínimos estándares ambientales que ha propuesto la presidenta Bachelet, con el apoyo de más del 60 por ciento de la ciudadanía, resultan un imperativo, aunque no le gusten a los máximos dirigentes gremiales del gran empresariado, quienes demuestran con algunas de sus declaraciones un verdadero desprecio por la democracia y la voluntad mayoritaria.
Cabe destacar que todas las reformas que actualmente se impulsan, resultan ambiciosas y valiosas, dada la deplorable situación en que se encuentra nuestro país en materia de derechos sociales. Estas transformaciones no hacen más que poner a nuestro país dentro de los estándares básicos del resto de los países capitalistas avanzados, al contrario de lo que vociferan los fanáticos del libre mercado (fanáticos, por cierto, cuando les conviene). De ahí el respaldo que dichas reformas han obtenido de organismos internacionales como la OCDE, FMI, Banco Mundial, entre otros.
Así las cosas, estas transformaciones propuestas constituyen una oportunidad de oro para que nuestras élites económicas nos demuestren, de una vez por todas, que conceptos como responsabilidad social empresarial, diálogo, emprendimiento, innovación y tecnología, así como el respeto a la ley y a los fallos de los tribunales serán parte, al fin, de sus decisiones de inversión.
