El 2014 y comienzos del 2015 ha dejado tras de sí una serie de políticas que aceleran la construcción del “Chile de todos” enarbolado por la Presidenta Bachelet. Entre ellas, reformas que –de acuerdo a CEPAL y PNUD– fueron postergadas durante décadas, como la tributaria, educacional, electoral, laboral, despenalización de la interrupción del embarazo y mayores derechos para la comunidad LGBT. Pero, también, han salido a la luz pública hechos de corrupción, decisiones judiciales de dudosa probidad y tráfico de influencias que agudizan la percepción ciudadana de atropello sistemático, desigualdad y cooptación del poder político por parte de la alta élite empresarial-rentista.
[cita]La participación directa de la ciudadanía en las instituciones públicas resulta clave para desnudar la ingeniería institucional “guzmaniana”, que reniega de la soberanía popular al no garantizar derechos sociales fundamentales, establecer inauditos quórums para la aprobación de leyes y consagrar un rol meramente subsidiario del Estado, el cual facilita el lucro y corrupción con recursos públicos y la nula intervención cuando las actividades “privadas” socavan el interés general.[/cita]
En ese sentido, las políticas de transparencia y participación ciudadana resultan claves para afrontar el desafío estratégico de la construcción de instituciones más transparentes, modernas e inclusivas, e impulsar un nuevo marco constitucional legítimo que facilite el avance hacia un Estado social de derechos, una democracia de alta intensidad y un desarrollo económico sustentable.
Haciendo un breve recorrido histórico, bajo fuertes presiones de la sociedad civil, en el año 2011 el Presidente Sebastián Piñera dicta la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Dicha ley, que tuvo su impulso inicial durante el Gobierno del Presidente Lagos, consagra nuevos derechos y mecanismos de participación, tales como los consejos de la sociedad civil, cuentas públicas participativas y consultas ciudadanas. Si bien la ley constituye un avance, la carencia de recursos sustantivos para el fortalecimiento de la sociedad civil, la inexistencia de mecanismos de participación más incidentes y vinculantes y, por sobre todo, la inexistencia de instrumentos efectivos de seguimiento y fiscalización, dieron pie a la implementación discrecional de la norma de acuerdo a los preceptos neocorporativistas y tecnocráticos del Gobierno de derecha. Múltiples consejos de la sociedad civil fueron constituidos fuera de los parámetros democráticos, siendo convocados tan solo en un par de ocasiones para la “foto protocolar”. A las cuentas públicas solo acudieron las organizaciones sociales afines al Gobierno y las consultas ciudadanas fueron poco recurrentes y, por lo general, ligadas a temáticas irrelevantes o de alto calibre técnico.
Con la llegada de la Presidenta Bachelet, y en particular el 6 de agosto del 2014, se dicta un nuevo Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana, con el fin de implementar efectivamente la Ley 20.500 conforme a principios democráticos y promover nuevos mecanismos de participación más incidentes, tales como las audiencias públicas, cabildos y presupuestos participativos. Con el arribo de esta directriz, en lo que va del año se ha avanzado en la construcción de nuevas normas específicas de participación ciudadana en cada servicio público y Gobierno local; unidades de participación ciudadana empoderadas y con planificación estratégica; consejos de la sociedad civil democráticos, muchos de ellos con inclusión de sectores históricamente postergados como las mujeres, pueblos originarios y migrantes, y con respeto a la autonomía de las organizaciones; y, más allá de las complejas limitaciones institucionales y culturales, múltiples espacios de participación para el diseño de políticas públicas, como fue el caso de la Reforma Educacional, la creación del Ministerio de la Mujer, el impulso del Acuerdo de Unión Civil, el diseño de una nueva política migratoria y de una nueva política de Cooperación Internacional.
Ahora bien, durante este 2015 y lo que resta del periodo presidencial, se vislumbran dos grandes desafíos que podrían dar forma a una participación ciudadana cuantitativa y cualitativamente superior respecto a décadas anteriores:
Primero, que la ciudadanía, sin perder su autonomía e ímpetu movilizador, aproveche la ventana de oportunidades que abren estos nuevos espacios de participación logrando mayor articulación e influencia en la “política formal”. Si bien Chile aun no cuenta con mecanismos de participación más vinculantes al estilo de Brasil, Uruguay, Estados Unidos y Suiza, tales como las iniciativas populares de ley, referendos, plebiscitos, conferencias nacionales y consejos codecisionales, los mecanismos de la Ley 20.500 y el instructivo presidencial permiten controlar los actos administrativos de las autoridades y funcionarios, así como influir en el despliegue de procesos participativos para el diseño de políticas y programas. Esto resulta clave bajo la agenda política del presente año, que estará marcada principalmente por el debate acerca de la despenalización de la interrupción del embarazo, financiamiento de la política, descentralización, una nueva ley de Isapres, la reforma de la educación superior, el fortalecimiento de la educación pública, y la nueva Constitución de la República. Respecto a este último tema, la participación directa de la ciudadanía en las instituciones públicas resulta clave para desnudar la ingeniería institucional “guzmaniana”, que reniega de la soberanía popular al no garantizar derechos sociales fundamentales, establecer inauditos quórums para la aprobación de leyes y consagrar un rol meramente subsidiario del Estado, el cual facilita el lucro y corrupción con recursos públicos y la nula intervención cuando las actividades “privadas” socavan el interés general. Por otra parte, fortalecer la presencia popular en los espacios locales de participación resulta clave para frenar a los tradicionales “caudillos clientelares”, así como la especulación, uso irracional y segregación del territorio.
Y segundo, que el Gobierno aproveche este escenario participativo para establecer una administración pública más transparente, meritocrática, cercana y eficaz; impulsar reformas más legítimas y profundas, que permitan pasar a una etapa de mayor desarrollo social, democrático y de modernización del aparato productivo; así como la proyección de un bloque político y social de centroizquierda más amplio y fuerte con miras a las elecciones generales de 2017. Como indican algunos datos de encuestas tales como Adimark y CERC-Mori, la aprobación del Gobierno y sus fuerzas políticas aumentará en la medida que se impulsen y vean los frutos de las reformas comprometidas ante la ciudadanía en el programa gubernamental, se dé curso a una lucha creíble y efectiva en contra de la corrupción, y se disipe la incertidumbre y campaña del terror sobre la base del diálogo y participación con la ciudadanía.
