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Comenzando el camino para ser desarrollados

por 5 marzo, 2015

En Chile, Bachelet (que también vivió en la RDA, como Merkel) no cuenta con los medios ni la tradición científica de su par alemana, pero ha dado un decidido primer paso hacia la definición de un propósito de uso de la investigación financiada con fondos públicos en Chile y la incorporación de nuestra nación en el grupo de países que basan sus políticas públicas en datos contrastables.
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A fines de enero, la Presidenta Bachelet presentó la Comisión Presidencial “Ciencia para el desarrollo de Chile”, conformada por 35 expertos nacionales, quienes tendrán varias misiones dirigidas a la incorporación de la ciencia en los procesos de desarrollo del país.

Para algunos puede sonar como una más de las comisiones presidenciales destinadas a resolver o destrabar asuntos de políticas públicas. Sin embargo, para otros es la primera ocasión en décadas (cuatro a lo menos) en que se da un paso fundamental para contar con una herramienta esencial en el camino al desarrollo, integrando a la ciencia en un discurso político explícito desde el Poder Ejecutivo.

La iniciativa es sin duda heredera de las discusiones sobre institucionalidad generadas durante la administración anterior en el Congreso y el Gobierno, el que también realizó una comisión asesora presidencial sobre institucionalidad (conocida como “Comisión Philipi”) y que llegó a presentar, de forma tardía, un proyecto de ley sobre un Ministerio de Ciencias. Sin embargo, la diferencia entre ambas iniciativas es la reflexión que da inicio al trabajo de la nueva comisión: la propuesta explícita de buscar que Chile cuente con una idea propia de desarrollo, de la que el conocimiento científico sea parte integral.

También se podría replicar que esto ya pasó durante el encuentro “Chile: ciencia 2000”, pero este último no surgió como una actividad gubernamental, sino desde la comunidad académica, aun cuando contó con la presencia de autoridades gubernamentales, a diferencia del Congreso Nacional de Ciencia organizado desde el Gobierno en 1972.

Ojo: cuando hablo de integrar a la ciencia en discurso político no me refiero en ningún caso a una narrativa partidista, sino a la incorporación dentro de las prioridades de un Gobierno o de un Estado del conocimiento contrastable, es decir, científico, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La falta de este enlace, de este discurso, entre el mundo político y el mundo científico siempre ha sido el problema basal no sólo en Chile, sino en todas las naciones que se han enfrentado a la construcción del Desarrollo, partiendo siempre de una definición de lo que espera y entiende como desarrollo en cada sociedad. ¿Ejemplos? Estados Unidos construyó su exitosa política científica (exitosa en resolver problemas propios de ese país, reconvirtiendo las capacidades científicas militares alcanzadas) a partir del ya famoso documento “Ciencia, la frontera sin fin”, liderado por Vannevar Bush al final de la Segunda Guerra; Europa hizo algo similar a través de la OCDE; el País Vasco, durante los años ochenta, enfrentó el mismo problema. En todo caso, ha habido ejemplos menos célebres como los de la “Ciencia para el desarrollo” de la UNESCO, o los de la fallida e incomprendida “Alianza para el progreso”. Los dos últimos ejemplos sucedieron en nuestro continente, casi de forma simultánea, y con resultados que hoy conocemos: desconexión entre las políticas públicas y el conocimiento científico.

Pero a todo le llega su momento, y es posible que en el periodo del sesenta al noventa no fuera aun el tiempo para que la política nacional considerara como relevante discutir respecto del rol de la investigación en el desarrollo del país e incorporar mejor conocimiento para la toma de decisiones. Hoy la pugna setentera entre comunistas (que hablaban de la “ciencia contra el imperialismo”) y los derechistas (que defendían la compra de tecnología externa como parte del dogma económico de “El ladrillo”) se diluye; los científicos académicos tradicionales, esos que describe Robert Merton como KUDOS, comparten espacio con investigadores menos reacios al contacto del mundo tecnológico o del mundo social; los agentes externos tradicionales de influencia (desde Europa o Estados Unidos) tienen hoy que defenderse de Oriente, y las barreras proteccionistas de los años setenta en cuestiones tecnológicas también pierden peso con la globalización. Estos y otros muchos factores indican que hoy sería un buen momento para que la política (y la economía) comience a mirar con otros ojos el trabajo de los laboratorios, tanto universitarios como públicos y privados.

Además, al país le ha pasado mucho en estos cuarenta años, partiendo por el aumento de la riqueza que lleva incluido el incremento de las expectativas sociales; el ingreso a la OCDE, club de naciones que basan su actual desarrollo en políticas fundadas en evidencias científicas; una globalización que supera todas las expectativas de la sociología nacional, pero, por sobre todo, está la sensación, si no certeza, de que el modelo de desarrollo implementado en los setenta y ochenta está tocando techo.

Llama la atención que la solicitud de la Presidenta a la citada Comisión sea bastante similar a lo que Roosevelt les pide a sus científicos en 1945: cómo hacer que el conocimiento científico acumulado en las universidades llegue a convertirse en mejores empleos, mejor salud, mejor entorno, entre otros.

La respuesta de V. Bush fue la creación de una política científica integrada en el sistema de Gobierno estadounidense, y que una vez desarrollada con altos y bajos, supuso la organización de un sistema de producción de conocimiento que llevó a ese país a liderar el mundo contemporáneo en esta materia. Las soluciones europeas al mismo dilema fueron algo distintas, y en el caso de Asia casi incomparables. Sin embargo, el elemento basal era el mismo: ¿cómo un Gobierno cumple con las expectativas de los ciudadanos una vez que se ha generado un nivel de crecimiento que permite tener altas expectativas en el futuro?

Es posible, dado lo anterior, que la idea de construir una “Ciencia para el desarrollo” que generó en el pasado chileno grandes discusiones y disputas, pueda hoy retomarse con miradas distintas a las del pasado. Puede ser que el trabajo de Jacques Spaey desde la UNESCO, o de Raúl Sáez desde la “Alianza para el progreso” no estuvieran destinadas a crecer, debido a las precariedades del siglo veinte.

Pero hoy, cuando las respuestas tradicionales no han sido capaces de resolver los problemas a los que nos enfrentamos, y cuando las ideologías han sido relegadas por la contingencia, parece existir el sustrato propicio para que la reciente Comisión Presidencial “Ciencia para el desarrollo” pueda construir lo mandatado por la Presidenta: hacer que la ciencia forme parte del camino al desarrollo de forma similar al camino recorrido por todas las naciones desarrolladas, es decir, desde lo que cada nación ha definido como su Desarrollo, una tarea que tiene mucho de independencia cultural, entre otros aspectos.

Hay quienes comparan a la Presidenta Bachelet con la Presidenta Merkel, quien tiene como uno de sus lemas el no prometer nada que no pueda cumplir. Merkel basa gran parte de su éxito en la información contrastada que le entregan los institutos públicos de investigación alemanes (no en vano es doctora en Física). En Chile, Bachelet (que también vivió en la RDA, como Merkel) no cuenta con los medios ni la tradición científica de su par alemana, pero ha dado un decidido primer paso hacia la definición de un propósito de uso de la investigación financiada con fondos públicos en Chile y la incorporación de nuestra nación en el grupo de países que basan sus políticas públicas en datos contrastables.

Finalmente, hay que recordar que el trabajo de una comisión como esta no trata de imponer una tecnocracia o una dictadura de la ciencia, ni tampoco se busca que los científicos reemplacen a los políticos: se trata en definitiva de definir una visión de largo plazo para la investigación científica con enfoque de desarrollo para el país y, además, de dotar a nuestros representantes en el Gobierno, en el Estado y en el Parlamento, de las mejores herramientas para que puedan tomar decisiones, ya sean de izquierda o de derecha. Esto último, siempre depende de nosotros los ciudadanos.

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