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Chile y Bolivia: la opción del pragmatismo constructivo

por 9 marzo, 2015

Autoridades bolivianas han notificado urbi et orbi, y en un tono no exento de dramatismo, que jamás abandonarán su reclamo por una salida soberana al Océano Pacifico. Y ese anuncio debe ser asimilado como lo que es: una declaración de voluntad definitiva y permanente que se coloca incluso más allá de cualquier hipótesis de lo que pueda ser el veredicto de la CIJ.
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La relación bilateral entre Chile y Bolivia enfrenta un momento muy complejo. La voluntad política y el pragmatismo que pusieron en juego en su momento los presidentes Lagos y Mesa, y que se plasmó en la “agenda sin exclusiones”, fue el antecedente necesario para que más tarde la presidenta Bachelet y el presidente Morales concibieran y plasmaran “La Agenda de los 13 puntos”, cuestión de la mediterraneidad boliviana incluida.

Esa agenda inclusiva constituyó el punto más alto de un ambiente de diálogo constructivo que se abrió paso en la relación bilateral. Por fin, el entendimiento entre chilenos y bolivianos parecía comenzar a ser la tónica luego de largas décadas de  frialdad y  distanciamiento.

El punto de quiebre de las confianzas mutuas lo constituyó la unilateral presentación de la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Aunque es preciso recordar que un conjunto de eventos previos, los cuales agredieron profunda y extensamente la relación mutua, todos acaecidos bajo la administración del presidente Sebastian Piñera, habían atizado desde antes la discordia recíproca.

Autoridades bolivianas han notificado urbi et orbi, y en un tono no exento de dramatismo, que jamás abandonarán su reclamo por una salida soberana al océano Pacífico. Y ese anuncio debe ser asimilado como lo que es: una declaración de voluntad definitiva y permanente que se coloca incluso más allá de cualquier hipótesis de lo que pueda ser el veredicto de la CIJ.

Una contienda legal de la especie que hoy confrontamos chilenos y bolivianos en la CIJ equivale a admitir la propia impotencia para examinar la cuestión de la demanda marítima boliviana como lo que efectivamente es: un asunto eminentemente político y para nada jurídico. El cual por lo mismo debiera ser abordado mediante los recursos de la política y la diplomacia, pues no será ahora ni nunca un tribunal el que provea una solución práctica, mutuamente beneficiosa y por lo mismo recíprocamente aceptable y satisfactoria para esta controversia más que centenaria.

Autoridades bolivianas han notificado urbi et orbi, y en un tono no exento de dramatismo, que jamás abandonarán su reclamo por una salida soberana al océano Pacífico. Y ese anuncio debe ser asimilado como lo que es: una declaración de voluntad definitiva y permanente que se coloca incluso más allá de cualquier hipótesis de lo que pueda ser el veredicto de la CIJ.

Es forzoso preguntarse, entonces, si acaso es lógico y conducente a alguna clase de fines, consentir que las relaciones entre Chile y Bolivia queden globalmente supeditadas a la cuestión del juicio en La Haya.

Es ilusorio y antojadizo imaginar que, demanda mediante, Chile y Bolivia se habrían quedado sin temas de diálogo y negociación constructiva. Cuestión que, como resulta obvia para dos países que comparten una extensa frontera, podrá estar muy cercana y atingente a los climas de la política y la diplomacia coyuntural, pero muy alejada de la realidad sobre el terreno y de los requerimientos estratégicos mutuos.

Lo aconsejable y lo imperioso consiste en actuar con frialdad y realismo, para rescatar lo rescatable de la agenda de los 13 puntos. Y aquello incluye todos y cada uno de los asuntos allí consignados, con la obvia excepción de la cuestión de la mediterraneidad, la cual Bolivia por propia voluntad ha resuelto colocar fuera de su propio alcance y por consiguiente también del nuestro.

Encapsular la cuestión de la mediterraneidad bajo una fórmula mutuamente convenida, reconocer que la densa agenda bilateral posee complejidades diversas y por lo mismo velocidades y ritmos distintos en sus posibilidades de acuerdo y concreción, constituyen asuntos sobre los cuales a chilenos y bolivianos nos convendría coincidir.

Para que los diplomáticos y negociadores puedan hacer su tarea en lo que les concierne, y los juristas puedan hacer lo suyo, separadamente, es preciso trabajar en la creación de una nueva y más positiva atmósfera. Y, por cierto, a este objetivo en nada contribuyen las declaraciones destempladas en que se prodigan las autoridades bolivianas y menos las operaciones comunicacionales del tipo del inserto de prensa que conocimos el pasado domingo.

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