Abusos de poder, corrupción y nueva Constitución

Señor Director:

Este verano 2015, la sociedad chilena ha sido fuertemente choqueada por los escándalos sucesivos de abusos de poder cometidos por ejecutivos y dueños de las empresas Penta, Soquimich y Caval, con fuertes sospechas de corrupción de diputados y senadores en los dos primeros casos. Es alentadora esta sana reacción del pueblo chileno, porque este tipo de actuaciones de los poderosos, el uso de información privilegiada, el cohecho, el financiamiento de las campañas políticas, los abusos de poder de todo tipo, han sido prácticas recurrentes, desde la fundación de la República y, particularmente, desde el Golpe de Estado de 1973. Aun si Chile se considera como unos de los países menos corruptos de América Latina. La historia no pasa en vano: el pueblo chileno toma cada vez más consciencia, que estos abusos de poder son inaceptables en una sociedad democrática.

¿Qué lección se puede aprender de estos escándalos? La primera es muy sencilla. Es conocida desde los inicios de la humanidad: ¡el poder corrompe! La simultaneidad de los casos, aún con grandes diferencias de nivel legal y ético, demuestra que los abusos y la corrupción no provienen tanto de la ideología política de las personas en el poder, sino que son prácticamente intrínsecos al hecho de acceder al poder. La Historia lo ha demostrado ampliamente desde siglos, en Atenas, en Roma, en París, en Berlín, en Moscú, como en todo el mundo. ¡Y ahora, nuevamente, en Santiago! Aun si siempre hay admirables excepciones de hombres extraordinarios que saben resistir las tentaciones del poder, como José Mujica…

Otra lección es que el nivel de los abusos, y de la tentación de abusar del poder, tiene directa relación con el nivel del poder. Las relaciones de poder existen en todas partes: el poder de los padres sobre sus hijos, el poder de los patrones sobre sus empleados, el poder de los jefes sobre sus subalternos, el poder del automovilista sobre el ciclista y el peatón, etc. Todos hemos sido testigos y víctimas de abusos de poder. Además todos hemos sido, seguramente, responsables o cómplices de abusos de poder, cada uno a nuestro nivel. Por eso, nos cuesta denunciar claramente estos abusos.

Los abusos del  poder del dinero son patentes para todos, pero pocos los denuncian, porque a todos nos agrada hacer uso de este poder, cada uno a su nivel, para comprarnos lo que queremos, dentro de lo que podemos. Nuestra sociedad de consumo, con la ayuda de la publicidad y del marketing, ha logrado que casi toda la gente, por muy pocos ingresos que tenga, respete y anhele el dinero, este becerro de oro de cual hablaba la Biblia. Tener más y más dinero parece ser ahora el gran objetivo de los seres humanos. Muy pocos se preocupan de los tremendos abusos del poder del dinero, como la ley de la oferta y demanda, que tiene como consecuencia directa que los ricos compran a precios más bajos que los pobres, que las grandes empresas se comen siempre a las más pequeñas y, finalmente, que los ricos son cada vez más ricos y los pobres no solo cada vez más endeudados, sino más empobrecidos.

Para evitar los abusos de poder, les seres humanos se han dado leyes para normar las conductas de todos. Se ha dividido el poder en instancias independientes, como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En las sociedades democráticas, la Constitución define estos grandes principios de convivencia social. En Chile, esta Carta Fundamental fue suspendida y reescrita por la dictadura, y sigue en vigencia después y a pesar de 25 años de democracia. Esta Constitución de la dictadura, implantada por un abuso de poder, permite los abusos de poder. Se produce entonces, en muchos casos, lo que se puede llamar una corrupción legal.

La crisis actual refuerza claramente la idea de una Nueva Constitución, ya planteaba por muchos y por Michelle Bachelet cuando era candidata. Antes de estos escándalos político-empresariales, algunos pensaban, como la Presidenta, que esta nueva Constitución podría ser redactada por una Comisión del Congreso.

Lo positivo de esta situación de escándalos es que puede ayudar al pueblo chileno –y a su Presidente– a tomar consciencia  que sólo una Asamblea Constituyente, legítimamente constituida, podrá permitir recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en sus representantes.

Sin embargo, para que una Asamblea Constituyente pueda redactar en buenas condiciones una nueva Constitución, es fundamental que los miembros de esta Asamblea hayan sido designados en forma legítima para representar al pueblo chileno. Lo que no es nada simple, considerando que los actuales diputados y senadores elegidos por votación popular no son realmente representantes del pueblo chileno, sino más bien de quienes financian sus campañas electorales.

Chile necesita una profunda reforma de todas las leyes que rigen las relaciones entre el dinero y la política y, en particular, unas reglas claras para el financiamiento transparente de las campañas electorales.

Actualmente, es en buena parte el dinero que controla la política. El gran problema que afronta la sociedad chilena, como la mayor parte de las sociedades occidentales, es por lo tanto inventar un nuevo sistema de gobierno, que permita al Estado regular y controlar las actividades de los ciudadanos, en particular las actividades económicas, respetando la libertad individual, pero dándole prioridad al bien común. Para lograr este sistema, es necesario recordar en todo momento que todos los representantes del pueblo y todos los funcionarios del Estado, serán siempre seres humanos, con sus fortalezas y debilidades, sus cualidades y sus defectos, sus hijos y sus nueras…

Es fundamental inventar un sistema novedoso que permita elegir o designar para estos cargos a personas que no sean fácilmente corruptibles. La primera medida a tomar, me parece, claramente, es que nadie pueda quedarse mucho tiempo en cualquier puesto de poder, ya que será siempre objeto de tentación de corrupción.

El ejercicio del poder debe ser también lo más rotativo posible, lo ideal siendo que todos los ciudadanos puedan ejercer, alguna vez en su vida, algún puesto de poder del Estado. Los sistemas de control del poder deben ser rediseñados para ser mucho más eficientes que los actualmente existentes, de manera de asegurar que los funcionarios del Estado y los representantes de los ciudadanos queden siempre al servicio de la sociedad y no de sus intereses personales.

François Richard
Economista